El PP ha registrado este martes en el Parlamento de Andalucía dos proposiciones de ley idénticas, una con Vox y otra con Ciudadanos –lo cual permitirá que se aprueben si no se disuelve antes la Cámara– para garantizar que los empresarios de la fresa y la frambuesa, que desde hace años presionan a la Junta de Andalucía, dispongan de manera legal de espacio y agua suficiente para sus cultivos: la extraerán del acuífero de Doñana a pesar de su sobreexplotación y a los riesgos de sequía. "No existe mejor forma de proteger la zona que legislando para facilitar el cumplimiento de la normativa y el acceso al agua de los profesionales", se lee en el texto presentado por los tres partidos.

La proposición, que modifica el llamado Plan de la Corona Forestal, no se ha trabajado con el Consejo de Participación de Doñana y cuenta con el rechazo de las organizaciones ecologistas, como WWF que ha acudido a la Unesco para frenar al presidente Juanma Moreno, porque la idea, afirman, supone la regularización de 1.460 hectáreas de regadío irregulares, "más del 85% de la superficie manifiestamente ilegal que amenaza Doñana", lo que "afectará gravemente al estado de conservación de este espacio Patrimonio de la Humanidad". La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también está en contra y considera que Vox, PP y Ciudadanos están actuando con "temeridad".

Los regantes del entorno de Doñana son un poder fáctico en una provincia en que la fresa y la frambuesa dan miles de empleos y mueven cientos de millones de euros y llevan años de presiones y de movilizaciones –de "asedio", según los ecologistas– para conseguir lo que hoy parece que pueden conseguir de la mano de PP, Ciudadanos y Vox.

Las proposiciones de ley expresan la problemática de esta manera: "[La regulación hoy en vigor] vino a regularizar una parte concreta de la actividad agrícola, pero no dio respuesta a todos los problemas, sino que […] provocó que […] muchas hectáreas que tradicionalmente eran objeto de cultivos en regadío, pasaron a considerarse por la administración no aptas para el mismo, por lo que a muchos profesionales se les provocó un desamparo que los hizo caer a veces en un limbo jurídico y en otras ocasiones directamente a una situación no contemplada por la normativa".

Para el presidente de la CHG, Joaquín Páez, estas iniciativas de PP, Vox y Ciudadanos carecen "de armazón jurídico" y suponen una "falta de lealtad institucional". "Sería bueno que se explicara al sector agrícola cómo van a resolverse los escollos administrativos y legales que una modificación de este calado va a generar en Andalucía, España y en Europa", afirmó Páez en un comunicado.

"Poner en el disparadero internacional, europeo y nacional a Doñana y su industria agrícola, con mercados tan sensibles en cuanto a la sostenibilidad y su trazabilidad ambiental, es una temeridad que podría echar a perder el buen trabajo y esfuerzo por dotar de credibilidad a los productos de la marca Doñana", remachó Páez.

Para la organización conservacionista WWF aprobar la proposición sería "una burla a la sociedad española y a los organismos internacionales" y también "uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de este espacio protegido".

Presiones

Los tres partidos, según se lee en la proposición de ley, niegan que los cambios de clasificación de los suelos que pasarán, de aprobarse los cambios normativos, a ser agrícolas regables suponga "per se una mayor presión sobre los recursos naturales del entorno y, en especial, sobre los recursos hídricos" ni "rompen en modo alguno el equilibrio existente, toda vez que [la nueva clasificación de suelos] no confiere de forma automática el derecho al uso del agua, sea superficial o subterránea".

El argumento que se aporta en la exposición de motivos es un tanto peregrino y contradictorio con la problemática existente en el entorno de Doñana y que los tres partidos admiten cuando afirman que "una de las mayores presiones [sobre el Espacio Natural] lo constituye la disponibilidad del recurso agua, teniendo siempre en consideración la zona climática en que se ubica, donde son frecuentes la ocurrencia de periodos secos por la fuerte estacionalidad de las precipitaciones".

Así, PP, Ciudadanos y Vox aseguran que las proposiciones "solo califica el suelo como agrícola, [lo que implica que se] puede tener o no acceso a agua, pero el titular del mismo podrá hacer uso para cultivos de secano o cualquier otro conforme a la normativa vigente".