Este jueves 14 de octubre se han cumplido dos años de la notificación de la sentencia contra los dirigentes independentistas catalanes que organizaron el referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017. De resultas de la macrocausa, que se prolongó casi seis meses, la sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, impuso a los nueve procesados -parte del anterior Govern de Carles Puigdemont, los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural y a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell- un siglo de prisión como responsables de los delitos de sedición, desobediencia y malversación de fondos.

La sentencia, que fue recibida por el conjunto del catalanismo soberanista como una venganza por hechos que no constituían delito, sacudió buena parte de la sociedad catalana. Tanto es así que, mientras algunos observadores acusaron la alta instancia de haber aplicado el "derecho penal del enemigo" o, como apuntaba el letrado de la defensa, Benet Salellas, "el derecho de guerra ejercido por un tribunal en guerra con Catalunya", miles de personas llenaron las calles en protesta por la persecución de que era víctima el independentismo.
Como es conocido, la reacción a la sentencia desembocó en la ocupación del Aeropuerto del Prat, cortes en la autovía AP-7 a la altura de la Jonquera -convocados por la plataforma Tsunami Democràtic-, así como en la denominada Batalla de Urquinaona, conocida por los enfrentamientos que protagonizó una multitud de jóvenes con las fuerzas policiales y que dejó Barcelona rodeada de numerosas columnas de humo.

Fin de ciclo, espiral represiva

Han pasado dos años de la sentencia, y más allá de la indignación inicial, la condena a los líderes del procés abrió una nueva etapa en la que el soberanismo no ha sabido consensuar una estrategia para mantener el pulso con el Estado. "La sentencia decapitó los líderes del movimiento, que quedó sin referentes, al tiempo que desvaneció la convicción de que, a través del principio democrático del derecho a decidir, los catalanes podíamos conseguir un Estado propio pasando de la ley a la ley". Así se expresa el politólogo Jaume López, para quien "el juicio nos mostró que esto no era posible y que la única respuesta del Estado se basaba en la represión".

Muestra de ello fue la deriva represiva que se inició desde entonces. A pesar del indulto que recibieron los nueve condenados de la mano del Ejecutivo de Pedro Sánchez el 22 de junio pasado, el número de personas afectadas por alguna causa judicial vinculada al Procés no ha parado de crecer y ya se eleva a las 3.500.

A esta dinámica ha contribuido la actual cúpula judicial, tal como señala Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política. "Utiliza los diferentes tribunales para restringir los derechos de expresión y manifestación con el objetivo de defender la unidad territorial del Estado". Según Requejo, el posicionamiento político del estamento judicial sobrepasa su función y esto explica las actuaciones que continúan realizando el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, el cual ha impuesto severas fianzas a los responsables de la Acció Exterior desplegada por la Generalitat durante la etapa de Puigdemont i Artur Mas como presidentes.

Diálogo o unilateralidad

La represión sobre el soberanismo también ha contribuido a debilitar la capacidad de respuesta de las entidades soberanistas, incapaces de agregar a nuevos sectores al procés, mientras que ha acentuado las divergencias entre las tres fuerzas parlamentarias respecto al significado de los indultos, la mesa de diálogo y la estrategia a desplegar en el terreno político e institucional.

Así, mientras ERC atribuye los indultos y la mesa de diálogo a la movilización social y a la denuncia ante las instituciones comunitarias, tanto JxCAT como la CUP consideran que se trata de maniobras del Gobierno Sánchez para aplacar la lucha antirrepresiva y, a ojos de la comunidad internacional, aparentar la voluntad de encauzar el contencioso.

Esta disparidad de lecturas es la que impiden, por ahora, una apuesta unitaria en la actual tesitura. Y es que, así como la portavoz de ERC, Marta Vilalta, considera que el espacio de diálogo abierto con el Estado es una oportunidad para visibilizar el conflicto y negociar una solución que la sociedad catalana deberá validar mediante un referéndum, Miriam Nogueras, de JxCat, se muestra rotunda en la idea de que "es una simple cortina de humo para tener callados a los catalanes" y que, una vez el PSOE ha reiterado que no piensa abordar la autodeterminación, ni una eventual amnistía para los miles de encausados por los diferentes tribunales, no queda otra que respetar la voluntad expresada el 1 de octubre y rubricada en los últimos comicios al Parlament, donde el independentismo superó por primera vez el 50% de sufragios y obtuvo 74 de los 135 parlamentarios. Según la portavoz de Junts en el Congreso, la solución pasa por que "formalizamos el divorcio y después, si es necesario, iniciamos una etapa de relaciones de igual a igual".

También, en términos similares, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, entiende que el gobierno del Estado sólo busca enterrar la lucha antirrepresiva y descalificar la demanda de amnistía, que para la dirigente anticapitalista "es la herramienta que debe poner nuevamente sobre la mesa que el conflicto político sólo se resolverá a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación". Según Reguant, llegado a este extremo y viendo que la mesa de diálogo se ha convertido en "una mesa de monólogos sin recorrido", la única alternativa es fijar un horizonte común y recuperar de nuevo la movilización social, aprovechando que pronto Escocia podría volver a celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia.