El principal imputado de los ERE retira la declaración en la que acusó a sus jefes

El juicio por la pieza política del caso ERE se ha reanudado este lunes con la declaración de los acusados, empezando por el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, principal imputado y pieza clave en el supuesto fraude de ayudas sociolaborales. Guerrero ha sido y es la espina clavada en el Gobierno andaluz desde que se destapó el escándalo de los ERE, hace siete años. Su declaración volcánica ante la Policía, en marzo de 2011 elevó el caso a la categoría de “mayor fraude político vinculado a la Junta de Andalucía y al PSOE andaluz”.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al tribunal que se reproduzca esa declaración ante la negativa del acusado a responder a las preguntas de la acusación. Y el aludido se ha desdicho de lo que dijo entonces, porque “en aquel momento tenía una presión tremenda mediática y por parte de la Policía. Y además no se recoge exactamente lo que yo dije textualmente”. En esta sala, Guerrero sólo responde a las preguntas de su abogado, fuera de ella -y con el juicio ya en marcha- sigue concediendo entrevistas sin el peso de esa “presión mediática”.

El que fuera alto cargo de Empleo durante nueve años (1999-2008) ha declarado seis veces en calidad de imputado por su relación con el fraude de los ERE: ante la Policía, la Guardia Civil y la jueza Mercedes Alaya, primera instructora de la causa. Su primera declaración en este asunto data de 2011 y la última es octubre de 2015, ya con la jueza María Núñez Bolaños al frente de la investigación. En cada declaración, Guerrero siempre ratificó su testimonio anterior, sin embargo, este lunes se ha retractado de todas ellas, en especial, de la declaración que hizo en marzo de 2012 ante Alaya (tuvo que responder 145 preguntas), después de la cual fue enviado a prisión.

Guerrero es el personaje más aislado del banquillo en el que se sientan 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluido los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Su defensa va a contracorriente de la de sus superiores, porque ellos circunscriben el fraude exclusivamente a su departamento, sin que ellos tuvieran conocimiento del mismo. Él, en cambio, defiende que sólo era una pieza del sistema para la concesión de ayudas y que sólo hacía lo que le mandaban. Según el sumario del caso ERE, Guerrero manejaba de forma arbitraria y a su antojo un fondo público de 647 millones de euros para empresas en crisis. Lo hizo durante una década, entre 1999 y 2008, y con tres consejeros de Empleo diferentes que siempre aprobaron su gestión (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández), los dos últimos están hoy están sentados junto a él en el banquillo.

En su primera declaración ante la Policía, él mismo bautizó aquella partida presupuestaria como “fondo de reptiles”, un concepto que ha perseguido al Gobierno andaluz y al PSOE, sospechosos de haber usado subvenciones públicas y comisiones ilegales para tejer redes clientelares y comprar la paz social en una época convulsa de despidos, cierres de empresas y expedientes de regulación de empleo. Este proceso juzga el procedimiento específico que diseñó la Junta para otorgar las subvenciones y los ERE, y al margen de esta sala hay otros 200 juicios abiertos sobre las ayudas bajo sospecha. En todas ellas está presente Guerrero. Sin embargo, no será juzgado en ninguna de esas causas paralelas, porque se beneficiará del criterio de la Audiencia de Sevilla que ha decidido juzgar una sola vez a todos los implicados en el caso ERE. Toda la responsabilidad penal de los 22 ex altos cargos de la Junta que se sientan en el banquillo se dirimirá en este juicio, de modo que Guerrero no tendrá que responder por las decisiones que adoptó en cada ayuda particular.

El ex director general de Trabajo otorgó subvenciones (por valor de 1,3 millones de euros en un solo día) a empresas que acababa de crear su chófer, Juan Francisco Trujillo, que más tarde contaría a la Policía que había recibido dinero público de su jefe para gastarlo en “cocaína, fiestas y copas”. También adjudicó ayudas a su suegra y a la madre de su chófer, que aparecen como beneficiarias de los ERE (“falsas prejubiladas”) de dos empresas donde jamás trabajaron. Es lo que el sumario ha llamado “intrusos”, de los que se han contabilizado más de un centenar en otras tantas firmas. Otro de los focos de posibles irregularidades es la concentración de muchas ayudas en municipios gobernados por el PSOE en la Sierra Norte de Sevilla, en especial en El Pedroso, de donde proviene Guerrero y al que están ligados otros destacados dirigentes socialistas, como el propio Viera. “Yo atendía a todo el que llegó a solicitar estas ayudas”, dijo en la declaración policial en 2011 de la que hoy se ha desmarcado.

Hay ejemplos similares a éste en unas 200 causas abiertas, de ahí que una de las claves del juicio de la pieza política será determinar si Guerrero actuó en solitario (como aparece ahora en el banquillo) o con la connivencia de sus jefes (viceconsejeros, consejeros, letrados de la Junta, interventores, presidentes), a quienes se les reprocha el “absoluto descontrol y la nula supervisión que ejercieron sobre su trabajo”.

La Consejería de Empleo -el departamento que dirigía Guerrero- autorizaba las ayudas directas a empresas y concedía los ERE, pero quien pagaba era un ente público -el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)- a través de un sistema presupuestario que algunas acusaciones consideran ilegal: las transferencias de financiación. Se trata de un vehículo para agilizar los pagos de ayudas públicas habitual en las administraciones -el propio Gobierno central admite usarlas- sometido a menos control y fiscalización que cualquier orden o decreto que regulase la concesión de ayudas.

“Le pegas una patada en los cojones”

Guerrero es el único acusado al que no se le ha torcido el gesto en el banquillo. De hecho, se mantiene relajado y se ha echado a reír varias veces mientras escuchaba sus propias palabras leídas por los fiscales de su declaración ante la Policía. “Si hace falta vas y le pegas una patada en los cojones al gerente”, dijo en su día, en relación al gerente del IFA (agencia pública que libraba el dinero de los ERE).

En total, el ex director general de Trabajo hizo seis declaraciones ante la Policía Judicial y la Guardia Civil. La primera, del 21 de diciembre de 2010, es la que hizo temblar los cimientos del Gobierno andaluz, porque fue en la que contó por primera vez que las ayudas no se tramitaban de forma excepcional sino que había “un fondo de reptiles para crisis que tenían que afrontar con empresas que necesitaban respirar”. Esa declaración, sin embargo, no se ha reproducido en este juicio porque pertenece al sumario del caso Mercasevilla, embrión de la macrocausa de los ERE.

Guerrero no ha ratificado hoy la segunda declaración que hizo en atestado policial en calidad de imputado por delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. En aquella declaración se autoexculpó asegurando que él se limitó a “aplicar el sistema que sus superiores le impusieron”, en alusión al convenio de colaboración suscrito en 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) por el que se libraban estas ayudas sociolaborales. Entonces alegó que se “había enterado por la prensa” de la aparición de los primeros intrusos y aseguró que nunca había llevado a cabo “ninguna acción con la conciencia de ilegalidad o discrecionalidad”.

El ex alto cargo de Empleo ha estado en la cárcel en dos ocasiones, siete meses entre marzo y octubre de 2012, y cuatro meses entre marzo y junio de 2013. La Fiscalía le pide ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación de fondos y diez años de inhabilitación por prevaricación (los mismos delitos que se le imputan a Griñán y a otros 15 imputados del banquillo).

La séptima sesión del juicio se ha dilatado en la lectura de las declaraciones previas de Guerrero. No ha dado tiempo a que responda a su propio letrado ni tampoco a que comparezcan los exconsejeros Fernández y Viera, previstos para hoy. El abogado de Fernández, el único consejero que ha pasado por prisión, ha pedido declarar en último lugar alegando que sufre una “disfonía incapacitante”.