El PP es el único partido que está a favor del 'fracking', del almacén nuclear y del 'impuesto al sol'

Todos los partidos salvo el PP se muestran en sus programas electorales contrarios al fracking y al real decreto de autoconsumo de electricidad (impuesto al sol), mientras que están a favor de una nueva política energética. PSOE, Podemos y Unidad Popular-IU proponen el cierre de las centrales nucleares, así como una auditoría del sistema eléctrico, ausente en los programas de Ciudadanos y el PP. Podemos es el único que plantea un cierre progresivo de las minas de carbón y, junto a Unidad Popular, propone un impulso a las renovables. 

1.- Creación de un Plan Nacional de Transición Energética que movilice la inversión público-privada en eficiencia energética y energías verdes en un 1,5% anual del Producto Interior Bruto (PIB) durante un periodo de veinte años. Costará 16.000 millones, 4.000 de ellos procedentes de las arcas públicas, y servirá para crear 300.000 empleos, en su mayoría en la rehabilitación de edificios.

2.-Impulso de un Plan Nacional de Ahorro Energético y de un Plan Nacional de Energías Renovables.

Todos excepto el PP plantean una nueva política energética

3.- Adopción progresiva de una energía 100% renovable en todas las dependencias de la Administración Pública.

4.- Modificación del marco regulatorio para que todas las fuentes de energía reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción. Las fuentes de menor impacto ambiental tendrán ventajas competitivas, y perderán ventajas las centrales nucleares e hidroeléctricas.

5.- Diseño de una propuesta comunitaria alternativa a la actual Estrategia Energética de la Comisión Europea, que evite la promoción del gas natural, la construcción de infraestructuras gasísticas como eje energético de la Unión Europea

6.- Incorporación a la Constitución del derecho humano al agua como un derecho subjetivo y el derecho de acceso a los recursos energéticos como parte de los derechos habitacionales básicos.

7.- Garantía por ley del acceso a un suministro mínimo en el domicilio habitual mediante ley orgánica.

7.- Derogación del Real Decreto 900 / 2015, de 9 de octubre, y aprobación de una normativa que permita el desarrollo del autoconsumo eléctrico, para establecer una normativa que no establezca imposiciones para la energía autogenerada.

8.- Impulso de las infraestructuras verdes (redes de transporte colectivo, transporte ferroviario, eficiencia en el uso del agua, reforestación, etcétera) y los planes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) específicamente diseñados para el desarrollo de tecnologías verdes.

9.- Recuperación por parte del Estado de la gestión de centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen. De su gestión se encargarán las confederaciones hidrográficas, el Ministerio de Medio Ambiente y el operador del sistema.

10.- Cierre paulatino de las centrales de carbón y nucleares. No se prorrogará el permiso de funcionamiento de las últimas, por lo que España se declararía libre de energía nuclear en 2024, tras el cierre de Garoña. Se garantizará la progresiva recolocación de los trabajadores afectados por estos cambios.

1.- Recuperar las políticas de cambio climático, aprobar una ley que establezca objetivos y su actualización, impulse la seguridad y la prosperidad, impulsar el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, aplicar estrategias de adaptación que favorezcan soluciones basadas en ecosistemas e infraestructuras verdes.

2.- Se encomendará al Banco de España la elaboración de un informe sobre la exposición de la economía y el sector financiero a riesgos climáticos y de carbono y realizaremos una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2 del país, que remitiremos anualmente al Parlamento para impulsar la transparencia e incorporar a todos los planes de inversión e infraestructuras informes preceptivos sobre intensidad de carbono y resiliencia a los efectos del cambio climático.

3.- Impulsar la educación ambiental apostando por la formación y la investigación que permita el avance de las enormes posibilidades de desarrollo que ofrece la llamada economía verde.

4.- Los ejes principales serán la eficiencia energética, la electrificación equilibrada en todo el territorio nacional, y las energías renovables, reduciendo la presencia de combustibles fósiles, restringiendo las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas y petróleo y prohibiendo el empleo de las técnicas de fractura hidráulica.

5.- Revisaremos la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas e implantaremos un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña, que culminará en la fecha límite del 2028, de tal manera que podrá abordarse el gran salto hacia el nuevo modelo a lo largo de la próxima década. En este mismo contexto, adoptaremos las decisiones sobre las instalaciones nucleares, incluidas las relativas al almacenamiento de residuos, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y la seguridad.

1.- Factura, impuestos e interconexiones. Se congelará la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y se garantizará que no se volverán a generar déficits en el sector energético. Reducción de los impuestos sobre la generación eléctrica. Impulso de las interconexiones eléctricas con los territorios no peninsulares y entre islas, así como con el resto del continente europeo, de forma que se cumpla el objetivo europeo del 10% de interconexión para 2020. Impulso de las interconexiones gasistas a fin de reforzar el mercado interior europeo de gas.

2.- Minería. Se establecerá un marco adecuado para que la minería energética competitiva sea un sector de futuro, cumpliendo con la normativa comunitaria, garantizando el marco de protección social de los trabajadores del sector y la financiación de las partidas destinadas a la reactivación de las comarcas mineras y su restauración medioambiental.

3.- Nucleares, sí. Se mantendrán las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad y se culminará la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares.

4.- Se cumplirán los compromisos de España en materia de cambio climático, y se seguirán potenciando la penetración de las energías renovables en el mix energético, especialmente en las islas, donde su coste es menor que las tecnologías convencionales. Se establecerá la exención del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica a las nuevas instalaciones de energías renovables que se introduzcan en el sistema sin subvención y se reducirán las cargas administrativas y los plazos en la tramitación de procedimientos administrativos.

5. Coste energético. Inversión a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y otros mecanismos de más de 1.800 millones de euros en los próximos cuatro años para cumplir con los objetivos de ahorro energético en 2020. Ampliación de subvenciones disponibles que permitan la disminución de costes energéticos para las familias y adopción de un plan de eficiencia en todos los edificios públicos de la Administración General del Estado. Impulso al vehículo impulsado con energías alternativas, la mejora de los consumos en el transporte por carretera, el aumento del peso del transporte ferroviario eficiente y un plan de actuación específico para mejorar la eficiencia en las infraestructuras ferroviarias.

6. Consumidores vulnerables. Se culminará el despliegue de contadores inteligentes para el 2018 y se impulsarán medidas para facilitar que el consumidor disponga de la información de sus consumos en tiempo real por medios electrónicos y de herramientas para que pueda gestionar mejor su energía. Se reforzará la protección del bono social garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. En concurso con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y abierto a la participación de empresas y la sociedad en su conjunto, se impulsará la creación de fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión.

7. Lucha contra el cambio climático. Hoja de Ruta horizonte 2030 que establezca la estrategia para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de desarrollo de políticas de energías renovables y eficiencia energética. En coordinación con esta Hoja de Ruta, participación activa y constructivamente en las políticas de energía y cambio climático que aplicará la UE en 2021-2030, así como en los procesos de negociaciones en Naciones Unidas.

8. Gestión consensuada, sostenible, estable y solidaria de los recursos hídricos. Pacto Nacional del Agua y Sistema Integral de Gestión del Agua por una gestión integrada de los recursos hídricos, que incorpore los recursos no convencionales, como el agua desalada. Culminación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.

9. Protección de nuestro patrimonio natural y de la biodiversidad. Estrategias para la conservación de flora y fauna y aplicación de la nueva Ley de Costas. Aplicación de la Estrategia de Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Climático. Puesta en marcha de un sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica con un plan específico para reducir la contaminación derivada del ozono. Revisión de la normativa de residuos de envases y del sistema de recogida y gestión de los residuos municipales, para mejorar su eficacia (economía circular)

1.- Cambio del modelo energético: apostar por una transición gradual hacia un nuevo modelo basado en las energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia, así como en un modelo de producción descentralizado. Transformar el modelo energético actual en un modelo basado en las energías renovables en el horizonte de 2050, implantando una economía no dependiente de los combustibles fósiles.

2.- Impulsar la producción de biogás a partir de residuos del sector primario. Impulsar el desarrollo y producción de biocombustibles.

3.- Mejorar la eficiencia energética de los edificios existentes. Fomentar la rehabilitación con criterios medioambientales.

4.- Fomentar la renovación del parque móvil y el impulso del vehículo eléctrico.

5.- Garantizar el suministro eléctrico: política energética que resuelva el déficit de tarifa y contribuya a la creación de un mix energético sostenible y equilibrado que garantice el suministro energético y que suponga un ahorro en empresas y consumidores.

C's y PP abogan por el impulso del vehículo eléctrico

6.- Modificar el sistema de formación de precios para disminuir los altos costes eléctricos para pymes y familias y acabar con el déficit de tarifa.

7.- Fomentar la investigación para favorecer la eficiencia y la creación de actividades empresariales (I+D+i relacionada con las tecnologías energéticas sostenibles).

8.- Liberalización y competencia: impedir que las empresas provenientes de los antiguos monopolios continúen formando parte de un mismo grupo empresarial. Objetivos: reducción de precios, mejora de la calidad, aumento de la eficiencia.

9.- Eliminar cualquier traba al autoconsumo.

10.- No al fracking, por diversos motivos: los impactos y riesgos medioambientales, la escasez de yacimientos disponibles en nuestro territorio y la baja rentabilidad económica de las posibles explotaciones con las técnicas actuales.

11.- Fortalecer la dimensión energética en la acción exterior europea a través del diálogo de la Alta Representante fortaleciendo la Carta Europea de la Energía, en favor de la seguridad energética, la competitividad y nuestra estrategia contra el cambio climático.

12.- Potenciación del Medio Rural: fomento del empleo agrario, del turismo rural, potenciación de agricultura ecológica y desarrollo de programas de recuperación de razas autóctonas desarrolladas y adaptadas a su ambiente natural. Revisión del plan forestal y evaluación del impacto de la ley de costas. Nuevo plan hidrológico.

13.- Frente al cambio climático, incentivar la rehabilitación de edificios en el sector residencial, comercial e institucional mediante una política de desgravaciones fiscales. Fomento del uso de energías renovables. Reducir las emisiones del transporte. 

1.- IU contempla la aprobación de un plan estratégico energético a 20 años para cambiar de modelo energético y convertir al sector en un eje principal del nuevo modelo productivo que propone la formación. El objetivo es crear un polo energético público basado en ahorro y eficiencia, fuentes limpias y distribuidas y democratización del control.

2.- Nacionalización (revertir la privatización) de empresas energéticas estratégicas como Endesa o Repsol.

3.- Crear una empresa pública de energías renovables con capital 100% público y gestión pública. Las renovables deben ser la potencia más firme mediante la hibridación de la energía solar de concentración y la eólica con las centrales de biomasa y con centrales hidráulicas reversibles. Sólo la instalación descentralizada de placas solares generaría a corto plazo, según sus cálculos, sin tener que realizar inversiones muy importantes, al menos 300.000 puestos de trabajo directos de cualificación media y media alta.

4.- Crear un organismo democrático de Planificación energética que controle, desarrolle y regule la aplicación del Plan.

5.- Creación de una Compañía de Ahorro Energético (CAE) de titularidad pública. Oposición a las centrales nucleares.

6.- Explotación unificada bajo control público de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos.

7.- Promoción de la investigación orientada a las necesidades sociales: protección del medio ambiente, energías renovables y limpias, salud laboral y ambiental.

8.- Hacer que los edificios y viviendas pasen de ser consumidores a generadores, mientras los vehículos de transporte deberán desarrollarse desde el consumo de energías fósiles al uso de energías alternativas almacenadas.

9.- En cuanto al medio ambiente, además de la producción de energías limpias, la organización apuesta por garantizar la Soberanía Alimentaria respetando el medio ambiente. Ello significa: prioridad a las producciones locales agrarias y a la calidad en la alimentación; debe regular el acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos; fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica; prohibir el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción de alimentos; y apoyar la minería sostenible.