Ley de Secretos OficialesPP y PSOE se unen para preservar los secretos de sus respectivas etapas de Gobierno

El Congreso, a iniciativa del PNV, quiere reformar la Ley de Secretos Oficiales que data de 1968 que de aprobarse cambiaría en profundidad la norma. 

La Mesa del Congreso acordó ayer martes no volver a prorrogar el plazo de enmiendas al articulado de la proposición de reforma planteada por el PNV que defiende desclasificar en veinticinco años los documentos calificados como secretos y en diez los reservados. El PP y el PSOE han presentado más de cuarenta enmiendas a la propuesta de reforma.

La iniciativa de los nacionalistas vascos también aboga por desclasificar automáticamente toda la documentación secreta o reservada que, al entrar en vigor la reforma, ya haya cumplido esos plazos.

El PNV defiende además que con esta reforma sea sólo competencia del Consejo de Ministros clasificar información —en la ley vigente desde el franquismo pueden hacerlo también los jefes del Estado mayor, los gobernadores civiles o capitanes generales de las regiones militares, entre otros—. En sus enmiendas, los demás grupos parlamentarios coinciden también en dar esa facultad exclusiva al Consejo de Ministros.

El PP ha presentado veinticinco enmiendas a la propuesta en las que eleva a quince años —frente a los diez que propone el PNV— los años a los que se puede desclasificar la información reservada.

El PP, no obstante, quieren que se creen dos clasificaciones más además de la de información secreta y reservada, que serían la información confidencial y la limitada.

El grado de clasificación iría así, según el PP, de mayor a menor según la gravedad de la amenaza o del perjuicio que pudiera suponer revelar este tipo de información.

En el caso de la información confidencial y la limitada, el partido de Mariano Rajoy quiere facultar a los ministros y al jefe de gabinete de Moncloa para que puedan clasificarla.

Sobre los plazos para desclasificar, la propuesta del PP sería de veinticinco años para la información secreta, quince para la reservada, y diez tanto para la confidencial como para la limitada.

También recogen la posibilidad de clasificar determinada información procedente de otros países u organizaciones internacionales.

El PSOE ha presentado por su parte dieciséis enmiendas a la propuesta de reforma, con la intención, según fuentes socialistas, de mantener el "espíritu" de la propuesta del PNV pero profundizar en la reforma para actualizar en la medida de lo posible esta ley de 1968.

Los socialistas no distinguen en sus enmiendas entre información secreta y reservada, y defienden que la calificación caduque en todo caso a los veinticinco años. Y si se acuerda una prórroga que no pase de diez.

Defiende también un periodo transitorio cuando entre en vigor la ley y reclama que si hay información que ya cumplió veinticinco años clasificada se mantenga así otros diez más.

El PSOE propone en otra de sus enmiendas un cambio en la ley de transparencia que obliga la conservación durante veinte años de los correos electrónicos de los altos cargos desde cuentas oficiales.

Ciudadanos ha presentado tres enmiendas, y en ellas acepta que las materias secretas se desclasifiquen a los veinticinco años como pide el PNV, pero para las materias reservadas defiende esperar el doble de tiempo de lo que quiere el grupo vasco: veinte años y no los diez de la proposición de ley.

Ciudadanos, por el contrario, defiende, para los documentos que ya hayan cumplido los plazos cuando entre en vigor la ley, otra espera de veinte años en las materias secretas y de dieciséis para las reservadas.

En sus cinco enmiendas, Unidos Podemos reclama entre otras cosas que no se puedan considerar materias clasificadas aquellas que resulten "esenciales" para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos.

También defiende que la clasificación de materias como secretas o reservadas se pueda impugnar ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo.

Unidos Podemos pide por otra parte que el Gobierno rinda cuentas al Congreso sobre la aplicación de esta ley, y lo haga con un informe anual que recoja todos los actos, documentos, datos y objetos que han sido declarados como clasificados.