Un informe con efectos suspensivos de la Intervención de la Junta de Andalucía ha llevado a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández (Ciudadanos), a dejar sin financiación 241 proyectos feministas, programas de erradicación de la violencia de género, promoción de la igualdad y atención a mujeres en situación de exclusión social que en algunos casos llevaban años en desarrollo, según se extrae de la lectura de las resoluciones aprobadas.

Ello ha causado una gran preocupación en todo el tejido feminista de Andalucía, que ya prepara movilizaciones, según indicaron a Público portavoces de asociaciones. El Gobierno andaluz –formado por una coalición de PP y Ciudadanos–, una vez que conoció el informe de la Intervención, prorrogó el periodo de gasto que terminaba el 31 de diciembre hasta la primavera de este año, y busca ahora fórmulas legales que les permitan otorgar las ayudas en la próxima convocatoria, según indicaron a este medio fuentes de la Consejería de Igualdad, que dirige Rocío Ruiz (Ciudadanos), de la que depende el Instituto de la Mujer.

¿Cómo se ha llegado a esta situación que supone, según diversas asociaciones, un ataque en toda regla al tejido asociativo feminista en Andalucía, el que se ocupa de dar un servicio que debería de dar la Administración directamente?

El IAM tramitó como cargo a los presupuestos de 2019 –que se aprobaron poco antes del verano pasado, lo que estrechó el margen de tiempo en varios meses para su ejecución efectiva– tres convocatorias en concurrencia competitiva avaladas por una orden del año 2016 –creada por el Ejecutivo anterior, el de Susana Díaz (PSOE)– por importe de cuatro millones de euros: dos para Asociaciones y Federaciones de mujeres y una para entidades sin animo de lucro para atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social.

En octubre pasado, Igualdad aprobó de manera provisional 317 proyectos en toda Andalucía con la idea de darles carta de naturaleza definitiva a final de año, según las fuentes consultadas por Público en el Gobierno andaluz. Sin embargo, la Intervención emitió un primer informe el 11 de diciembre y, después, otro posterior, el 19 de diciembre, en el que decía lo mismo: que las subvenciones no podían darse como se querían dar y que había que darlas de otra manera.

Al aplicar los criterios de la Intervención, de esos 317 proyectos subvencionables se pasó a solo 76, según el relato que hacen a Público desde Igualdad. Como consecuencia, lamentan las asociaciones, proyectos implantados, de inmenso valor social y de trayectoria reconocida se han quedado sin financiación, sobre todo en los pueblos a lo largo y ancho de Andalucía.

Es el caso, por ejemplo, de un programa de Cáritas en Jaén, de otro de Fakali en Sevilla, por citar algunos. La asociación Famdisa, que representa a 3.000 mujeres con discapacidad, se queja de que las subvenciones para estas mujeres se han quedado a cero.

Además, la aplicación del criterio de la Intervención ha dejado a la provincia de Córdoba sin programas de promoción de la igualdad de género y a las provincias de Almería y Huelva sin proyectos contra la erradicación de la violencia machista.

Sin opciones

El Gobierno andaluz aseguró a Público que, después del informe de la Intervención, si la directora del IAM y la propia consejera no querían incurrir en una prevaricación, solo les quedaban dos opciones: o no dar las ayudas o acomodarlas a los criterios del órgano de fiscalización de los fondos públicos.

La propia directora del IAM dejó constancia en las tres resoluciones en las que aprobaba las ayudas definitivas. En ellas, Laura Fernández escribe que no termina de entender bien el criterio seguido. Fuentes del Gobierno indicaron que la interventora que hizo el informe es nueva en el IAM y que antes de su llegada no  se habían producido reparos de ninguna clase sobre estas ayudas y su forma de reparto. 

Fernández explica en la resolución sobre las subvenciones contra la exclusión social de las mujeres que en la selección original, la de los 317 proyectos, los y las técnicas de Igualdad habían tenido en cuenta “la mayor incidencia social posible e implicación de la sociedad civil haciendo llegar [las ayudas] al mayor número de entidades”.

“De esta forma –añadió la directora del IAM– [… la Junta puede] ofrecer a recursos a las mujeres en riesgo de exclusión social para de esta forma prevenirla, llegando a colectivos de gran riesgo como son mujeres reclusas y exreclusas, mujeres migrantes, mujeres jóvenes en situación de riesgo social, mujeres prostituidas y víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual, mujeres en otra situación de riesgo social y a mujeres víctimas de violencia”. El reparto de fondos, agrega Fernández, está orientado “siempre a garantizar, junto a otros principios, los de objetividad, equidad y eficiencia en la distribución del presupuesto público”.

La distribución final de las ayudas no implica que se pierda la partida presupuestaria, los cuatro millones, sino que los 76 proyectos declarados subvencionables recibirán bastante más dinero del que se les había concedido en primera instancia, en unas cantidades que oscilan entre los 167.997,34 euros y los 4.145 euros.

Varias entidades y asociaciones feministas se quejaron también del modo en que el Gobierno ha gestionado este asunto. Igualdad publicó las resoluciones definitivas, en las que se caían los 241 proyectos, el 27 de diciembre, en medio de las navidades, y, en algunos casos, las asociaciones se enteraron esta misma semana, ya después del día de Reyes, por la web de la Junta de Andalucía, sin que nadie en las delegaciones les hubiera alertado de que este escenario se iba a producir.