El Congreso suprimió las conocidas como pensiones parlamentarias en 2011, en plena fase de ajustes por la crisis económica, pero en la actualidad todavía hay más de un centenar de exdiputados y exsenadores que, como aquel año ya habían generado el derecho a cobrar estas cantidades para complementar sus propias prestaciones, continúan recibiendo un pago mensual de las Cortes Generales; en el 45% de los casos, esa cifra supera incluso los mil euros al mes.

En concreto, el derecho a mantener estas pensiones se conservó para los que ya podían hacerlo el 13 de diciembre de 2011. Se trata de exparlamentarios que estuvieron un mínimo de siete años en el escaño y que al jubilarse no habían alcanzado el límite máximo de percepción de pensiones. El Congreso, con cargo a su presupuesto, les hace un ingreso mensual para que lleguen a la pensión máxima.

Según los datos de la Cámara Baja recogidos por Europa Press, hay 111 exparlamentarios que siguen percibiendo este complemento de pensión. Dos de ellos cobran más de 3.000 euros. Se trata del navarro Jaime Ignacio del Burgo, que ocupó durante 27 años escaño en el Congreso o el Senado por UPN y por el PP, y de Pablo Castellano, que tuvo asiento en la Carrera de San Jerónimo durante 16 años, primero con PSOE y luego con IU. Ambos se embolsan 3.010,15 euros al mes.

Del Burgo, Castellano y Almeida, los que más cobran

La siguiente que más cobra es la abogada Cristina Almeida, quien fue diputada de Izquierda Unida durante once años, y percibe 2.709,14 euros mensuales. Además, hay once exparlamentarios que cobran un complemento de entre 2.000 y 2.500 euros y 17 a los que el Congreso abona entre 1.500 o 2.000 euros todos los meses.

Uno de ellos es Guillermo Galeote, diputado socialista entre 1977 y 1993, que tuvo que dimitir como responsable de finanzas del partido en 1991 por el 'caso Filesa', vinculado a la financiación irregular del PSOE. Cobra 1.839,33 euros mensuales.

Hay otros 19 exparlamentarios cuyo complemento está en una horquilla que va de los 1.000 a los 1.500 euros. Es el caso, por ejemplo, del que fuera líder de los 'guerristas' en Madrid, José Acosta, que percibe 1.098,74 euros mensuales. Acosta tuvo escaño en el Congreso durante 29 años (1979-2008) y fue condenado a un año de cárcel por las tarjetas 'black' de Caja Madrid.

El listado se completa con 21 exdiputados o exsenadores que reciben entre 1.000 y 500 euros mensuales, otros 32 cuya cuantía oscila entre los 100 y los 500 euros y ocho que cobran menos de cien euros al mes del Congreso.

Condenado por CCM y pensionista del Congreso 

Entre los beneficiarios también aparece el expresidente de Caja Castilla-Mancha Juan Pedro Hernández Moltó, que fue diputado del PSOE entre 1989 y 1999 y que fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por un delito societario de falsedad contable por manipular las cuentas de la entidad. El Congreso le abona 247,99 euros al mes.

En 2011 también se decidió que los exparlamentarios a los que la duración de su mandato no les permitiera cobrar la pensión parlamentaria, así como, en su caso, sus cónyuges viudos o sus hijos menores de 25 años, pudieran solicitar a las Cámaras la concesión de una ayuda económica, de carácter graciable, y por la cuantía y con las condiciones que éstas decidan.

Este complemento de ingresos, que se cobra en doce mensualidades y cuya cuantía se revisa cada mes de septiembre, aún lo perciben 46 exdiputados o senadores. La mayoría de ellos (15) perciben entre 500 y 1.000 euros, 13 reciben entre 1.000 y 1.500, cinco entre 1.500 y 2.000 y sólo tres superan esa cifra. Además, hay ocho que perciben un complemento de entre 100 y 500 euros y dos otro inferior a los cien euros.

2.000 euros al mes para un condenado del GAL

Entre los que aún lo cobran figura Ricardo García Damborenea, que fue secretario general de los socialistas vizcaínos, diputado entre 1982 y 1989 y que acabó siendo condenado por colaborar con los GAL. En concreto, se le castigó con siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey. Cobra al mes 2.050 euros.

Además, en la actualidad hay 72 viudas que se benefician de esta ayuda. De ellas, la mayoría (28) reciben entre 500 y 1.000 euros al mes. Con una prestación de entre 1.000 y 1.500 euros hay 17, otras ocho perciben entre 1.500 y 2.000 y tres superan esa cifra. Por debajo de los 500 euros hay 16, una de las cuales no llega a los cien euros mensuales.

Tampoco está ya vigente el sistema por el que el Congreso mantenía dado de alta en la Seguridad Social a los exparlamentarios que, en el momento de su cese, hubieran cumplido 55 años y carecieran de una actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena. El alta en la Seguridad Social duraba hasta que completara el periodo de cotización necesario poder cobrar pensión de jubilación. Ya sólo queda uno en esta situación, Manuel J. Cabezas Enríquez, exparlamentario del PP y exalcalde de Ourense.