PSOE y PP compiten con medidas en vivienda entre críticas de la izquierda por no intervenir el mercado
Feijóo reconoce que uno de los problemas de la vivienda en Madrid son los latinoamericanos con "rentas altas" que acaparan el mercado inmobiliario, pero el PP no se plantea hacer nada.
Sumar presiona al PSOE para que fuerce a las comunidades del PP a aplicar la Ley de Vivienda.
Madrid-
"Esta fue la política del PP, dejar que los especuladores hicieran negocio, permitir que se abrieran una heridas que aún supuran. No se arrepienten, quieren volver a esa política nefasta". Este ha sido uno de los mensajes que ha lanzado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el modelo de vivienda de los populares al tiempo que presentaba su plan. El líder socialista ha comenzado 2025 con una nueva batería de medidas sobre este asunto, que se ha convertido ya en un campo de batalla entre el Ejecutivo y el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.
Y es que apenas 24 horas antes, el presidente nacional del PP había anunciado un acuerdo con los líderes territoriales de su partido para aplicar el plan de vivienda de Génova. Estuvieron todo el fin de semana reunidos en Oviedo con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre ellos alternativo al del Gobierno. Los anuncios de Feijóo provocaron una reacción en Moncloa, que transmitió a los medios de comunicación que había "improvisado un ramillete de ocurrencias vacías y medidas que ya existen" para presentarlas "como su gran plan de vivienda". A su vez, en el PP cargan contra las "políticas fallidas" o "inexistentes" de la coalición.
Lo cierto es que, pese a los mensajes cruzados entre ambos partido, hay coincidencias en la filosofía de algunas medidas. También algunas diferencias.
En efecto, algunas de las medidas impulsadas por Feijóo coinciden con lo desarrollado hasta ahora por el Gobierno de Sánchez. Y así lo reconocen desde Moncloa, pero en su caso para criticar que los populares se "toman el problema de la vivienda a broma" y se muestran "incapaces de apoyar las medidas del Gobierno por cálculo político".
Las comunidades del PP han acordado "facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años para la compra de la primera vivienda, mediante avales u otras fórmulas que faciliten el acceso al crédito". Esto, recuerdan fuentes gubernamentales, está en vigor a nivel nacional desde el año 2024, con una dotación de 2.500 millones de euros. También están disponibles desde hace tiempo en varias comunidades gobernadas por el PP. "Feijóo promete implementar algo que ya existe", indican.
"Fomentar y facilitar la rehabilitación y reparación de viviendas para que se pongan a disposición del mercado de alquiler", destaca también el documento con el plan del PP. Algo que ya está en vigor desde el año 2021, con una dotación de 4.000 millones.
El PP cree que es necesaria una "simplificación administrativa" y en el Gobierno alegan que esto ya se ha propuesto en la reforma de la Ley del Suelo. Una norma que preveían sacar adelante la pasada primavera pero que retiraron al constatar que no tenían los apoyos suficientes de sus aliados parlamentarios. Ni siquiera contaba con el apoyo de Sumar y los socialistas apelaron sin éxito a los populares.
Esa misma ley incluía la "liberalización del suelo", algo que defienden en el PP. En el Gobierno destacan que su propuesta lo limita para que se haga "solo para construir vivienda asequible". "La liberalización masiva y descontrolada ya fue aplicada por el PP en el pasado y condujo a una burbuja urbanística que dejó a 600.000 personas en la calle, 1,5 millones de empleos destruidos y la contribución al PIB de la construcción reducida a la mitad", inciden los socialistas tratando de marcar diferencias en su modelo.
El PP presentará su proyecto alternativo de Ley del Suelo en las próximas semanas.
Medidas fiscales y ley de vivienda
La gran apuesta del Gobierno en materia de vivienda hasta ahora ha sido la Ley de Vivienda, pero ha sido un quebradero de cabeza. La mayoría de comunidades autónomas está en manos del PP, que ha boicoteado la norma desde el primer momento y ha evitado declarar zonas tensionadas en sus territorios, lo que permitiría aliviar en parte los precios del alquiler. Los efectos se están viendo ya en Catalunya, que sí aplica la ley. Sobre la mesa se ha puesto en alguna ocasión condicionar los fondos autonómicos a la aplicación de la ley, algo propuesto por Sumar, pero la ministra Isabel Rodríguez finalmente no lo ha llevado adelante.
Así, Sánchez anunció este lunes una medida que pretende, por otras vías, hacer efectivo el índice de precios de referencia del alquiler en las comunidades gobernadas por el PP. El mecanismo para ello es una exención fiscal del 100% del IRPF a los propietarios que usen esos precios limitados en sus alquileres aunque se encuentren en un lugar donde no se aplica la ley.
Aunque con detalles diferentes, el PP también apuesta por una serie de deducciones fiscales, muchas más que el Gobierno. Por ejemplo defiende deducciones para particulares que alquilen sus viviendas para vivienda habitual del inquilino o para particulares que movilicen sus viviendas que estuvieran vacías desde hace dos años para alquiler de vivienda habitual.
Para el PP, tras la crisis de precios de la vivienda no está ni la especulación ni los salarios, sino el desequilibro entre la oferta y la demanda. Por ello su primera medida es liberalizar suelo público para construir vivienda asequible. Sus comunidades autónomas se han comprometido a ello.
Las diferencias
Entre las medidas anunciadas este lunes y que sí suponen una diferenciación más marcada se encuentra principalmente el papel de la nueva Empresa Pública de Vivienda. El Gobierno ya ha transferido más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible. También se incorporarán 13.000 viviendas de la SAREB de forma inmediata. Y se "blindará" la titularidad pública de manera indefinida de todas las viviendas construidas por el Estado. Durante los Gobierno del PP se vendieron viviendas públicas a fondos buitre.
Otra diferenciación relevante es la medida "sin precedentes", según destacó Sánchez, para la "limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes". Para ello, se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España. Los populares, por norma general, no comparten las subidas fiscales.
Sin embargo, apenas una hora antes de este anuncio de Sánchez, Feijóo reconoció que uno de los problemas que afronta el mercado de la vivienda en Madrid son los latinoamericanos con "rentas altas" que acaparan el mercado inmobiliario. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, preguntado por si apoyaban entonces la propuesta del Gobierno, ha dicho que no y que lo que Feijóo había hecho era, simplemente, "medir el impacto que tiene un fenómeno" como el de la llegada de hispanoamericanos a la capital.
Críticas y resistencias de los socios del PSOE
Mientras tanto, los partidos de izquierdas como Sumar, socios de Sánchez, o Podemos, han recibido los anuncios del Gobierno con ciertas cautelas. De hecho, la fuerza morada ha señalado que "las soluciones que da el PSOE son exactamente las mismas que las del PP".
La posición de Sumar es la más relevante en tanto que forma parte del Consejo de Ministros. Aunque celebran un "cambio de discurso en el PSOE", creen que "a partir de aquí lo que tenemos que discutir es cómo hacemos efectiva la intervención", dijo este lunes el portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Fuentes del Gobierno, y así lo señaló también el propio Sánchez, defienden también que es necesario "intervenir el mercado", tal y como hicieron con la reforma eléctrica. En cómo hacerlo se encuentran las diferencias.
Sumar presiona al PSOE para que fuerce a las comunidades del PP a aplicar la Ley de Vivienda y exigen que el Estado condicione los fondos públicos en materia de vivienda a que las comunidades autónomas apliquen el sistema de control de precios y de declaración de las denominadas zonas tensionadas.
El más duro ha sido Podemos, que acusa al Gobierno de "regalarles dinero" a los caseros. "Hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todos y todas para que bajen los precios. Este Gobierno va de mal en peor y está jugando con fuego", escribió Ione Belarra en sus redes sociales.
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