Esta semana han comenzado a desfilar algunos de los comparecientes de comisión de investigación de la Operación Cataluña por el Congreso de los Diputados. Por el momento, nada que echarse a la boca. Ni Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, ni Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, han dicho nada nuevo sobre la eventual conspiración policial, judicial y política para desbaratar el procés que quieren esclarecer Junts y ERC. Durante su comparecencia se vio, por tanto, la principal limitación de esta y de cualquier comisión de investigación: el silencio. 

De todas formas, la de Operación Cataluña, junto con la de Pegasus ―ambas se han fusionado― e incluso la de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017 cumplen algunas características que podrían convertirlas en útiles y darles importancia en la legislatura. 

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras comisiones parecidas, cuyo objeto de investigación ya estaba siendo juzgado en procesos penales, en el caso de Operación Cataluña no es así. Eso le otorga cierta relevancia. Es uno de los argumentos que esgrimen los de Carles Puigdemont para justificar la imposición de esta comisión a Pedro Sánchez cuando posconvergentes y socialistas negociaron en agosto de 2023 la presidencia del Congreso para Francina Armengol. Junts puso como condición para entregar sus votos que el PSOE avalara investigar en la Cámara Baja tanto la Operación Cataluña, como los atentados de 2017 en Catalunya.

El argumento es sencillo: si no se investiga en el Congreso la actuación presuntamente reprobable de los poderes del Estado para diezmar el independentismo, no se investigará en ningún sitio. Lo cierto es que ya se hizo en el Parlament de Catalunya y las conclusiones fueron claras: existió guerra sucia contra el procés. Sin embargo, la actividad de la comisión no tuvo efecto más allá de las paredes de la cámara catalana.

Esa es, de hecho, otra de las limitaciones de cualquier comisión. Lo que ha ocurrido hasta la fecha es que las conclusiones de cualquier proceso similar no han tenido consecuencias judiciales. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Según el artículo 52.4 del Reglamento del Congreso ―que tiene rango de ley orgánica― las conclusiones de una comisión de investigación no tienen efectos en las resoluciones judiciales, pero la Mesa del Congreso sí tiene la facultad de dar "traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas".

¿Por qué es importante eso en la tesitura en la que navega la actual legislatura? Todavía es muy pronto ―solo se han sometido a las preguntas de los diputados dos comparecientes―, pero en el caso de que alguno de los siguientes arrojara algún tipo de información comprometedora sobre el caso, Junts ha demostrado sobradamente que tiene capacidad para condicionar las decisiones políticas de la legislatura y podría apretar para sacar algo en claro de la comisión. En la Mesa, PSOE y Sumar, cuyo Gobierno sostiene, entre otros grupos, Junts, tienen mayoría sobre el PP.

De todas formas, por mucho que, en concreto, la Operación Cataluña no esté judicializada, muchos de los comparecientes pueden acogerse al secreto profesional para no responder preguntas. Ese es, en realidad, el eterno talón de Aquiles de este tipo de procesos.

De Junqueras a Sáenz de Santamaría

Una veintena de figuras políticas, policiales y de los medios de comunicación participarán en la comisión. La lista se podría incluso alargar, de acuerdo con lo que deslizan desde Junts. Pero esa colección de nombres presenta varios perfiles, que, a su vez, responden a distintos tramos de la estrategia de Junts. Además, ahora que esta comisión se ha fusionado con la de Pegasus, que Esquerra Republicana impuso al PSOE también a cambio de los votos para Armengol, aparecerá una nueva lista paralela para arrojar luz sobre el caso de presunto espionaje sobre líderes independentistas.

En la de Operación Cataluña, por un lado están los que los posconvergentes consideran culpables políticos (cuando menos, sospechosos) de esa guerra sucia contra el procés: los exministros populares Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz o el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Por otro, las víctimas: Oriol Junqueras, Artur Mas o Xavier Trias. Por otro, los eventuales ejecutores: Francisco Martínez o Eugenio Pino, que ya han comparecido, Marcelino Martín Blas o Ignacio Cosidó, director general de la Policía en el primer tramo del Gobierno de Rajoy. Muchos de ellos ya han sido interrogados en otras comisiones de investigación del Congreso como parte de la denominada policía patriótica. Por otra parte, también pasarán por el Congreso periodistas como Quico Sallés o Mayka Navarro.

Serán una serie de citas en la Cámara Baja que volverán a poner la actuación del Ejecutivo de Rajoy sobre la mesa y que puede funcionar como balón de oxígeno a Sánchez en un momento en el que el Partido Popular le torpedea con el caso Koldo, con el que intenta vincular al presidente del Gobierno aunque, por el momento, no hay pruebas sobre ello. 

En los próximos tiempos también jugará un papel importante la desclasificación de documentos. No tanto en la comisión de la Operación Cataluña, pero sí en la de los atentados de Barcelona y Cambrils, en cuyo marco los de Puigdemont han persuadido al Gobierno para que saque a la luz informaciones sobre las relaciones de la Policía con los implicados en el atentado y en Moncloa se han abierto a ello. En cualquier caso, ambas comisiones son vasos comunicantes: las dos cuestionan la actuación de las profundidades del Estado, especialmente durante los mandatos de Mariano Rajoy.