Los nazis de Pánzer exigen al juez que les absolvió que les devuelva todas sus armas incautadas

José Antonio Andrés Orts, militar y dirigente de la banda nazi FAS, desarticulada en Valencia en 2005 durante la Operación Pánzer, ha reclamado la devolución de todo el arsenal de armas incautados en sus domicilios por la Guardia Civil, amparándose en la sentencia absolutoria dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

La sentencia absolutoria se produce tras ser declaradas ilegales las escuchas telefónicas, a pesar de haber contado con autorización judicial en instrucción. Según esto la “toda prueba conseguida como consecuencia de una actuación ilegal queda invalidada” y de ahí la absolución, a pesar de los hechos presuntamente delictivos identificados posteriormente.

Este dirigente ultra tiene antecedentes penales y fue detenido junto a otros 26 integrantes de la banda criminal FAS (Frente Antisistema), de ideología nacionalsocialista, en septiembre de 2005, tras una larga investigación de la Guardia Civil.

En los escritos presentados por el abogado del militar, adscrito a servicio de Inteligencia del Ejército de Tierra, fechados los días 4 y 14 del presente mes de septiembre, se reclama a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia “la devolución de los objetos que fueron incautados... como consecuencia de la entrada y registro realizada en el presente procedimiento, habida cuenta de… la sentencia absolutoria”, dictada el 30 de julio del 2014 y ratificada por el Tribunal Supremo en julio de este año.

La sentencia absolutoria se produce tras ser declaradas ilegales las escuchas telefónicas

José Antonio Andrés reclama que le sean devueltas una veintena de armas, accesorios y objetos militares de simbología nazi u ultra. Entre las armas relacionadas se pide expresamente la devolución del Lanzagranadas C-90 –cuya imagen tomada por la Guardia Civil causó un gran impacto mediático- cuatro revólveres de los calibres 38 y 22, una pistola Walter modelo P-99, varias escopetas, rifles, carabinas y armas cortas diversas, entre otras cosas.

Asimismo el dirigente de la banda ultra desarticulada, y que con la sentencia absolutoria de la Audiencia de Valencia podría volver a reorganizarse, reclama la devolución de un casco militar nazi, un chaleco antibalas, una hebilla de soldado alemán, botellas de vino con etiqueta nazi, un escudo de caucho con la cruz de hierro y diversas fotografías.

Pero la lista de objetos no termina ahí.

También el jefe militar de los nazis de Pánzer reclama que le sea devuelta una navaja de mariposa plateada, un hacha de doble filo de hierro con mango de madera, varios puñales, entre ellos uno de las Waffen SS con la inscripción “Meine Ehre Heisst Treue” (Mi honor es la lealtad) y diversos complementos como miras telescópicas y documentación.

Esta petición cursada por el líder del FAS, a juicio de la Acció Popular Contra l’Impunitat (APCI), que ejerce la acusación popular contra los nazis, tiene una doble intencionalidad. “No descartamos que la intención última sea que los ultras planeen acceder a una indemnización por parte de la Administración de Justicia. La razón no es otra que según el Tribunal las armas fueron destruidas por la Guardia Civil con la autorización del TSJ valenciano fechas antes de la celebración del juicio, y esa fue la justificación o la razón del Tribunal juzgador para que este arsenal no pudiera ser expuesto como piezas de convicción durante la celebración de la vista y que por tanto los medios de comunicación no pudieran difundir la imagen de los acusados y sus armas”.

La acusación popular entiende que “si se les devuelven las armas habrá un problema, y si no se les devuelve y reclaman una indemnización tendremos otro.

Por lo tanto en este sentido la acusación popular entiende que “si se les devuelven las armas habrá un problema, y si no se les devuelve y reclaman una indemnización tendremos otro. El primero porque si se les devuelven las armas alguien habrá mentido en documento oficial acerca de la destrucción del arsenal, y si ahora les pagan por la destrucción de las armas la Administración de Justicia tendrá un problema para explicarlo”.

La investigación realizada por la Guardia Civil sobre los nazis valencianos, iniciada a principios de 2004, acreditó las vinculaciones directas del FAS con otras bandas criminales de la misma ideología desarticuladas meses atrás.

Así, en febrero de 2014, en la denominada “Operación Puñal” la Guardia Civil detuvo a 16 miembros de la banda “Hammerskin” en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara. Lo integrantes de esta banda con vínculos internacionales estaban directamente vinculados a los grupos ultras del futbol “Ultrassur” del Real Madrid y “Brigadas Blanquiazules” del RCD Español. Los detenidos sumaban 48 antecedentes anteriores por su presunta implicación en diversos delitos, siéndoles intervenidas ocho armas de fuego, varias armas blancas, puños americanos y numerosa documentación de apología neonazi.

En abril de 2005, se llevó a cabo la segunda actuación contra otra banda nazi. En esta ocasión la actuación policial se desarrolló contra la sección española de “Blood & Honour” (Sangre y Honor) denominada “Operación Espada”, donde serían detenidos 21 miembros de esta banda jerarquizada, localizados en Madrid, Sevilla, Jaén, Burgos y Zaragoza, que al mismo tiempo militaban en la organización nazi Movimiento Social Republicano (MSR).

En poder de los detenidos fueron halladas diversas armas, entre ellas pistolas, puños americanos, porras extensibles, sprays, además de propaganda nazi conde incitación a la violencia

En poder de los detenidos fueron halladas diversas armas, entre ellas pistolas, puños americanos, porras extensibles, sprays, además de propaganda nazi conde incitación a la violencia, el odio racial, y contaba con claras vinculaciones internacionales con seis países de la Unión Europea (Francia, Italia, Alemania, Portugal, Hungría y Reino Unido) y con grupos análogos de los Estados Unidos. Los puños americanos incautados a los miembros de Blood & Honour en Zaragoza habían sido comprados a través de la web montada por los nazis de FAS desarticulada en la Operación Pánzer, como acreditaron las conversaciones telefónicas realizadas.

Tanto los miembros de Hammerskin y Blood & Honour fueron investigados por la Guardia Civil que realizó escuchas telefónicas con autorización judicial que ayudaron a consolidar las acusaciones. En ambos casos la Audiencia Provincial de Madrid rechazó la petición de las defensas de anular estas escuchas y terminó condenado a los miembros de estas bandas, sendas sentencias que fueron ratificadas por el Supremo. En Valencia en cambio ninguna causa abierta contra bandas nazis por delitos de odio o tenencia armas ha terminado con la condena de los acusados.

En todas estas causas el Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), que preside Esteban Ibarra, ha ejercido la acusación popular, y en el caso Pánzer el MCI ha participado dentro de la plataforma Acció Popular Contra l'Impunitat, que reúne a partidos y entidades antirracistas, contrarias al antisemitismo y antifascistas.

En ejercicio del derecho de rectificación, José Antonio Andrés Orts, ha dirigido a Público un escrito afirmando lo siguiente:

Que José Antonio Andrés Orts, militar de profesión, no está adscrito en la actualidad, como se hace ver en la noticia, al servicio de Inteligencia del Ejército de Tierra. Pese a lo que se manifestó en la noticia, José Antonio carece de antecedentes penales, no pertenece ni ha pertenecido ni ha tenido tratos o relaciones comerciales con ninguna organización criminal ni banda nazi (ya sean las llamadas Hammerskin y Blood & Honour o cualquier otra), ni ha formado parte del presunto grupúsculo nazi denominado Frente Antisistema (FAS) o Panzer ni, en consecuencia, ha dirigido o ha sido miembro de la cúpula de dicha organización, de la que ni siquiera hay prueba de su existencia.

José Antonio Andrés ha pedido la devolución de la gran mayoría de armas y objetos que le fueron intervenidos y que son de su propiedad. Todas las armas reclamadas con legales, con la documentación en regla, debiendo hacerse especial hincapié en que el "famoso" lanza-granadas C-90 está ya utilizado y es absolutamente inservible, siendo conservado exclusivamente como recuerdo tras usarlo en unas maniobras militares. En cuanto a los objetos cuya devolución se interesa, obedecen a su condición de coleccionista de la II Guerra Mundial. En este sentido, en el registro realizado en su día en sus domicilios, y tal y como se comprobó en el juicio, había muchos más libros y objetos de ideología contraria (comunistas) que no fueron intervenidos. Varios de estos objetos y armas provenían de herencias familiares. En definitiva, la devolución de las armas y objetos que fueron intervenidos y que ahora se reclaman es una obligación legal que vincula al Órgano Judicial, dado que son todos legales.