Medidas segregadoras y ataque a los servicios públicos: las claves del pacto de Ayuso con Vox para los Presupuestos

El consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, y la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, han firmado este martes un acuerdo para que la extrema derecha vote a favor de los Presupuestos de 2022 para Madrid, que serán los primeros de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Vox ha conseguido que se plasmen en el documento varias de sus exigencias que arremeten contra los derechos de los menores migrantes no acompañados así como servicios públicos como Telemadrid o incluso favorecen al sector privado.

Fuera del acuerdo se ha quedado la exigencia de los ultraderechistas de derogar las leyes LGTBI vigentes en la región. Sin embargo, Lasquetty ha anunciado en rueda de prensa que seguirán negociando esta cuestión con la ultraderecha al margen de la aprobación de los Presupuestos.

Además, destaca que las dos formaciones ya han acordado que no aceptarán ni siquiera una enmienda parcial de los partidos de izquierdas de la Asamblea de Madrid, un hecho que supone una limitación previa para las formaciones políticas.

Auditorías de subvenciones y centros de menores migrantes

Habrá auditorías —cuya contratación deberá realizarse en los tres meses siguientes a la aprobación de Presupuestos, es decir, en marzo de 2022— para todas las subvenciones de la Comunidad de Madrid concedidas en los últimos cuatro años con el fin de analizar los resultados conseguidos de la actividad subvencionada correspondiente. Esto costará en torno a 200.000 euros.

Y, más en concreto, se realizará una auditoría completa de los costes de los servicios y de las subvenciones asociados a los centros de menores extranjeros no acompañados a partir del 1 de marzo. Según el documento, "abarcará todos los aspectos relacionados con los servicios y subvenciones asociados a los menores". El coste previsto de la medida es de 50.000 euros.

Ataques a los servicios públicos: Telemadrid y educación

Por un lado, el pacto recoge una reducción de los gastos de estructura y funcionamiento de la Comunidad de Madrid en 10 millones de euros y se queda en el aire que se supriman órganos o entes. Pero, además, se plasma en el documento una reducción del 10% del presupuesto de Telemadrid, que será por 7,4 millones de euros.

62 millones irán destinados a cheques educativos que beneficiarán a los centros privados y no para impulsar lo público

Mientras que la medida estrella de Vox es "avanzar" en la gratuidad de las etapas educativas no obligatorias, con un compromiso de cara a los próximos tres o cuatro ejercicios presupuestarios. El acuerdo consiste en incrementar el importe de los cheques educativos y el número de beneficiarios de las mismas en todas las etapas no obligatorias en Infantil de 0 a 3 años, FP Grado Medio y de Grado Superior y Bachillerato. El coste previsto de la medida es de 62 millones por curso completo. Pero, ¿qué supone esto? Básicamente es beneficiar a los centros privados y concertados de la educación y no impulsar lo público.

Por otro lado, aunque sin concretar, se ha acordado estudiar todas las posibilidades existentes "basadas en la colaboración público-privada" para incrementar la oferta de viviendas de alquiler accesible, en vez de pedir que se fomente el parque público de viviendas.

Ayudas para la compra de vivienda para "jóvenes solventes"

También se acuerda incrementar en nueve millones de euros la financiación para el programa Primera Vivienda, que está destinado a "personas menores de 35 años solventes" que quieran comprar una vivienda en la región. Esto deja atrás a muchos jóvenes ya que, según explicó Ayuso cuando anunció el plan, los beneficiarios deben tener solvencia económica y capacidad de pago de la hipoteca.

La tasa de paro de esta franja de edad en Madrid está en un 27,6% mientras que los jóvenes tendrían que destinar el 105% de su sueldo para poder pagar el alquiler medio de la comunidad, en los 1.176 euros, según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Esto provoca que solo un 20,5% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid haya podido emanciparse, por lo que resulta difícil que muchos jóvenes de la región puedan ser solventes y tener capacidad de pago de la hipoteca y, aunque los fuera, se olvidarían de la mayoría de jóvenes que tienen dificultades para emanciparse y llegar a fin de mes.

Personarse judicialmente contra "okupas o bandas latinas"

Por último, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha comprometido a estudiar la "posibilidad de personarse en las acciones judiciales que se desarrollen en aquellos asuntos que pongan en grave riesgo la seguridad personal de los ciudadanos o sus propiedades, ante infracciones administrativas o penales provocadas por grupos organizados o individuos". Aunque en el documento no se concreta, fuentes de la región han confirmado a Público que esto está centrado en personarse contra "okupas o bandas latinas", entre "otros movimientos peligrosos para los madrileños".