Al Gobierno le interesa más liquidar Correos que gestionarlo. La empresa pública, uno de los servicios estatales más antiguos, que cumplió su tercer siglo hace dos años, está sufriendo un proceso de desmantelamiento cuyos síntomas más evidentes son, además de la externalización de servicios, la mengua de la plantilla, que ha perdido 9.182 miembros (el 15,5%) en cinco años, y el cierre de casi una de cada cuatro oficinas auxiliares (311 de 1.340).

El ejecutivo está aprovechando para hacer caja con ese proceso de desmantelamiento, en el que la venta de 57 edificios en seis años le ha generado ingresos por 21.792.148 euros. 

Los datos figuran en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, quien califica de “nefasta” la gestión de la empresa pública y de “brutal” el recorte de la plantilla. “La derecha sigue con su apuesta por cargarse los servicios públicos”, sostiene, mientras insiste en que quiere saber en qué se ha empleado ese dinero, y “por qué no se ha reinvertido en mejorar e impulsar el servicio”. 

Sello de urgencia para la venta de edificios

Correos le puso el año pasado el sello de urgente a la venta de edificios y la intensificó hasta el punto de obtener en ese ejercicio casi la mitad de los recursos de los seis años en los que el Ministerio de Fomento, del que depende, ha estado dirigido por Ana Pastor y por Íñigo de la Serna. 

Correos obtuvo en 2017 con la venta de nueve edificios, que según el Gobierno “ya no son necesarios para la actividad postal”, un total de 10,6 millones de euros, muy por encima de los 800.000 euros de 2012, el millón del año siguiente, los 2,2 de 2014, los 5,5 de 2015 y os casi dos del ejercicio posterior. 

Las principales operaciones cerradas en 2016 fueron las enajenaciones de un edificio de la céntrica calle sevillana Fernando Tirado (cuatro millones), otro de la plaza del Ensanche de Irún (2,17) y uno más de la plaza San Agustín de Logroño (dos), a los que se suma un solar en el número 13 de la avenida Regimiento Galicia de Jaca enajenado por 1,13 millones. 

Correos había ingresado más de un millón de euros por una operación inmobiliaria en otra ocasión con el Gobierno del Rajoy. Fue en 2015, con un edificio de la calle Pablo Vallesca de Melilla, aunque se había acercado en otras dos ocasiones: cuando colocó por 990.000 euros un local en el número 10 de la calle Estella de Pamplona y cuando transfirió por 800.000 un inmueble en la avenida Ausias March de Valencia. 

Desmantelamiento en el mundo rural

Los recortes de personal y las prácticas laborales en Correos, que en algunas comunidades llegaba a despedir los viernes a empleados que contrataba de nuevo los lunes y cuya bolsa de trabajo va camino de dejar fuera a empleados tras más de una década encadenando contratos eventuales, llevan tiempo provocando la movilización de la plantilla: en divisiones concretas como la de paquetería por los efectos de las externalizaciones y las subcontrataciones hace unos meses y en el conjunto de la plantilla hace unas semanas.

El desmantelamiento de Correos está siendo especialmente intenso en las zonas rurales. De hecho, las 311 estafetas cerradas entre 2012 y 2016 corresponden a “oficinas auxiliares”, que son las que predominan en los pueblos, con horarios más reducidos que en las capitales. “Dado que en el ámbito postal no existe la tipología de oficina rural, se recoge la información disponible sobre oficinas auxiliares” en la respuesta, señala el Gobierno. 

Las cifras revelan cómo los cierres se concentran en las provincias y comunidades de carácter más rural: 14 de 57 en Aragón, que suponen una de cada cuatro; siete de 28 en Granada, que asume casi la mitad de las 16 clausuradas en Andalucía, once de 27 en Castilla y León (el 40%) y 25 de 121 en Castilla-La Mancha, 28 de 67 en Tarragona y Lleida y trece de 22, casi dos de cada tres, en Galicia. 

“Esto supone que en las comarcas con menos población los vecinos se ven obligados a desplazarse a municipios más grandes para poder hacer uso de este servicio”, señala Heredia, que sostiene que “para luchar contra la despoblación de la España rural, no puede eliminarse servicios públicos como éste”. 

Los mayores recortes de personal se han producido en Catalunya, Madrid y Andalucía, con mermas, respectivamente, de 1.676, 1.416 y 1.294 carteros. Esos tajos de entre el 13% y el 17% de la plantilla se ven superadas, no obstante, por el 19% de Murcia, Aragón y Castilla y León y el 18% de Navarra, La Rioja, comunidades, varias de ellas, localizadas en esa despoblada España interior cuyos pueblos llevan décadas sufriendo una constante pérdida de servicios, tanto públicos como privados. 

Heredia tiene previsto registrar una batería de iniciativas parlamentarias para, además de conocer el destino de los ingresos por la venta de edificios, aclarar si el Gobierno prevé recuperar esos 9.000 puestos de trabajo e indagar qué futuro les espera a las oficinas que siguen abiertas en las áreas rurales.