El acuerdo presupuestario alcanzado por el Gobierno y Podemos para presentar las cuentas públicas de 2019 incluye también compromisos que se escapan de lo estrictamente económico: además, la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona, el texto del acuerdo incluye también importantes modificaciones en la ley de Seguridad Ciudadana, la denominada ley mordaza, cuya reforma se empieza a abordar en el Congreso a partir de manaña, jueves.

Hay cierto consenso en que la ley mordaza debe ser reformada, pero parece el impulso reformador del PSOE ha perdido fuerza. El diario El País informa de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere excluir de esa reforma su compromiso de derogar la devolución en caliente de migrantes, así como otros aspectos polémicos que cuando estaba en la oposición se comprometió a suprimir o reformar.

Ahora el PSOE pretende dar marcha atrás en las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla —el propio presidente Sánchez firmó el recurso ante el Tribunal Constitucional que calificaba de "arbitraria" esa medida— y esperar al menos hasta el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el recurso presentado por España tras la condena por la expulsión de dos subsaharianos en 2014.

El PSOE, recuerda El País, también se comprometió en la oposición a eliminar el artículo de la ley mordaza que prohíbe grabar a policías y luego difundir las imágenes. De hecho, en su recurso de la ley ante el Constitucional catalogaban este punto como "censura previa"; sin embargo, ahora aboga por "suavizar" este artículo, no por suprimirlo.

En cualquier caso, a partir de este jueves arranca la ponencia que trabajará para reformar la ley de Seguridad Ciudadana. Los grupos han acordado que los trabajos, que se realizarán a puerta cerrada, tengan como referencia el texto del PNV que proponía retocar fundamentalmente 44 apartados.