El juez del Juzgado de Instrucción número 18 de València que instruye el caso Taula, ha procesado a medio centenar de personas entre concejales y asesores del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital en la época de Rita Barberá como alcaldesa, por un delito de blanqueo. El caso, conocido como pitufeo, consistió en hacer un donativo de 1.000 euros que, supuestamente, les devolvieron en forma de dos billetes de 500, en las elecciones municipales de 2015.

El magistrado, según dicta la resolución, acuerda procesar a 49 personas y al PP por un delito de blanqueo. Además, reabre las actuaciones contra el exedil Miquel Domínguez —que, en su día, se siguieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por su etapa de diputado—. También decide el sobreseimiento libre en relación con los concejales fallecidos María José Alcón y Emilio del Toro; sobresee provisionalmente la causa por malversación a la exedil Beatriz Simón y da veinte días a Fiscalía y las acusaciones para que soliciten el archivo o apertura de juicio y presenten escrito de acusación. 

La resolución, sin embargo, no es firme y contra ella cabe recurso de reforma en el plazo de tres días. 

El magistrado concluye que, de la investigación realizada, se desprende "de un modo diáfano" en el periodo analizado, el PP de la ciudad de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos "muy superior a la establecida legalmente". Especialmente, en la de 2007, y lo hizo mediante procedimientos "clandestinos" de financiación que vulneraban los límites de la LOREG así como la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LFPP). 

Apunta al círculo "más estrecho" de confianza de Barberá

El instructor afirma que fue una sobrefinanciación articulada "exclusivamente" en el "ámbito local" del partido, que "se confundía plenamente" en su actividad política con la actividad política y económica del grupo municipal en el Ayuntamiento. 

Además, considera que se trata de una actividad "opaca, aparentemente, a la estructura nacional del Partido Popular", que fue llevada a cabo por "pocas personas" en el círculo "más estrecho" de confianza de la entonces alcaldesa, Rita Barberá. Cita, en concreto, al que fuera su mano derecha, Alfonso Grau, que actuaba de "recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable", y a la que fuera secretaria del grupo, María del Carmen García Fuster, que administraba esos recursos. 

Para el magistrado, los hechos relativos a las elecciones municipales de 2007 revisten indiciariamente los caracteres de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal y de un delito de cohecho impropio, de los que sería autor Alfonso Grau.

En el caso de la campaña de 2011, señala que los hechos analizados suponen un delito de cohecho pasivo impropio en la persona Alfonso Grau, y de blanqueo de capitales en el que habrían tanto este como García Fuster. 

Por último, señala que los relativos a la campaña electoral de 2015 presentan caracteres indiciarios de blanqueo de capitales, del que serían presuntos autores todos los concejales, asesores del grupo municipal y miembros del PP de esa época que efectuaron el ingreso de 1.000 euros a requerimiento de García Fuster, a excepción de una de las asesoras, que devolvió el dinero recibido. 

'Caso Taula' y el 'pitufeo' del PP valenciano

El conocido como pitufeo fue una donación que el Partido Popular de Rita Barberá solicitó, en marzo de 2015, a los distintos miembros de la formación a modo de donativo para la campaña. Sin embargo, este dinero, supuestamente, fue reembolsado a todos los que lo ingresaron  en forma de dos billetes de 500 euros. 

En enero de 2016, García Fuester —que, presuntamente, fue la encargada de las devoluciones— fue detenida pues, después de un registro en los despachos de la formación municipal del Partido Popular, los agentes encontraron varias libretas contables en las que quedaron registradas las entradas y las salidas de dinero. 

Asimismo, la mano derecha de Grau declaró a la Guardia Civil, de acuerdo a La Razón, que "Alfonso Grau le entregó la cantidad de 350.000 euros en efectivo en billetes de 500". Este, además, le explicó que debía tomar distintas cantidades de dinero de "de distintas empresas de las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el Partido".

Por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) registró una grabación en la que la exconcejala del Ayuntamiento valenciano, María José Alarcón, le explicaba a su hijo la operación en una conversación telefónica.