La guerra interna en ERC está acaparando gran parte de los titulares del decisivo congreso nacional que la formación celebrará el 30 de noviembre. Lejos de apaciguarse, los reproches cruzados suben de intensidad día tras día, especialmente entre las dos precandidaturas favoritas: Militància Decidim, que lidera Oriol Junqueras, y Nova Esquerra Nacional, con Xavier Godàs y Alba Camps al frente. El último ejemplo se vivió con la conferencia que el lunes pronunció la todavía secretaria general, Marta Rovira, con dardos constantes a Junqueras, con quien hizo tándem durante 13 años. A buen seguro que no será el último capítulo del peculiar serial republicano.

Ahora bien, más allá de la pugna cainita que vive la formación, el congreso de Esquerra tiene un impacto en la política catalana que va mucho más allá del propio partido. A pesar de que las diferencias estratégicas no sean especialmente significativas entre Militància Decidim y Nova Esquerra Nacional –en ambos casos hay partidarios y detractores de los pactos con el PSC y el PSOE–, lo que suceda en el cónclave puede marcar cuestiones trascendentes a corto plazo. Son ejemplos de ello los presupuestos de la Generalitat, los del Ayuntamiento de Barcelona, la posible entrada de los republicanos en el gobierno de la capital o, incluso, los próximos pasos para la resolución del conflicto político con el Estado.

De hecho, la propia fecha del congreso, el 30 de noviembre, condiciona carpetas como los presupuestos y, en la práctica, imposibilita que el ejecutivo de la Generalitat presidido por Salvador Illa pueda tener las cuentas en marcha el 1 de enero del 2025, tal como pretendía. Siempre y cuando, claro, no modifique su intención de aprobarlos con el apoyo de los socios de la investidura, es decir, Comuns y ERC.

Esta misma semana PSC y ERC han confirmado que se atrasa la creación de la Convención Nacional para la resolución del conflicto político. Según el acuerdo de investidura entre las dos formaciones, el organismo tendrá como objetivo "promover un debate a nivel político, social y ciudadano sobre como abordar la resolución del conflicto político existente" y se tenía que impulsar en el primer pleno del Parlament posterior a la constitución del Govern.

La realidad es que no será así. Según los republicanos la voluntad del aplazamiento es tener un calendario más amplio que permita sumar a más fuerzas –fundamentalmente Junts y la CUP, además de a los Comuns– para que se convierta en un "acuerdo de país", pero la número dos del PSC y portavoz del partido, Lluïsa Moret, ha manifestado que la decisión responde a la "situación en la que está" ERC, pendiente del congreso para elegir la nueva dirección.

El camino de los presupuestos

Más que la Convención Nacional, en el Palau de la Generalitat –y en el Departamento de Economía– preocupa bastante más lo que suceda con las cuentas del Govern del próximo año, que de tirar adelante serían los primeros bajo la presidencia de Salvador Illa. No poder aprobar las cuentas, en cambio, sería un duro golpe para el ejecutivo, que lo debilitaría, evidenciaría que con los 42 diputados del PSC no tiene bastante fuerza para gobernar con calma y dificultaría cumplir su plan de actuación.

A pesar de que ya se ha hecho algún encuentro entre republicanos y socialistas para abordar las cuentas, la realidad es que apenas se ha fijado el marco de una negociación que ambas partes asumen que no irá a fondo hasta que ERC tenga una nueva dirección. En este sentido, tanto Militància Decidim como Nova Esquerra Nacional coinciden que tiene que ser la cúpula surgida del congreso del 30 de noviembre la que tiene que pilotar las conversaciones para los presupuestos de la Generalitat y, en último término, tomar la decisión de validarlos o tumbarlos.

En cualquier caso, los republicanos sí que aprovecharon el debate de política general (DPG) celebrado la semana pasada en el Parlament para exigir a Illa "concreciones" en la "financiación singular" si quiere aspirar a tener su "sí" a las cuentas. El presidente del Govern reiteró su compromiso de conseguir la reforma de la financiación en los "términos" y los "plazos" pactados con ERC, pero las próximas semanas se tendrá que comprobar si realmente hay avances significativos en una carpeta que marcará el inicio de la legislatura.

Y este mismo miércoles, en la sesión de control en el Parlament, Illa ha manifestado que multiplicará por cuatro los recursos de la Agencia Tributaria de Catalunya, que si se cumple el acuerdo los próximos años se tendría que encargar de recaudar todos los impuestos.

Teniendo en cuenta el punto muerto que vive ERC, el Govern ha optado por avanzar en la negociación presupuestaria con los Comuns, muy centrada en el despliegue de las políticas de vivienda. Además de la construcción de pisos sociales –el gran anuncio de Illa en el DPG, pero que ya figuraba en los acuerdos de investidura con ERC y Comuns–, la formación de izquierdas quiere que se materialice la regulación del alquiler de temporada. A pesar de que el PSC quería tener las cuentas en vigor el 1 de enero, hay que recordar que los últimos aprobados, los del 2023, se pusieron en marcha en marzo de aquel año, tras una larga negociación entre socialistas y ERC, entonces en el Govern.

La posible entrada en el gobierno de Barcelona

Una situación similar se da en Barcelona, donde PSC y Barcelona en Comú han cerrado un preacuerdo sobre las ordenanzas fiscales para el próximo año que, entre otras cosas, tiene que incrementar la fiscalidad al sector turístico. El aval, que se ha dado en la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles, no implica un "sí" definitivo a las ordenanzas que se votarán en el próximo pleno municipal y, obviamente, todavía menos a las cuentas del año próximo del gobierno de Jaume Collboni.

Con ERC las negociaciones progresan mucho más lentamente, aunque el partido ha facilitado esta aprobación inicial de las ordenanzas, que no se votarán definitivamente hasta diciembre. También ese mes habrá la votación de los presupuestos, prevista para el pleno de unos días antes de Navidad, por lo que los republicanos ya contarán con la nueva dirección y, seguro, esto tendrá algún impacto en las negociaciones con Collboni.

Más allá de las cuentas, la gran cuestión que afecta los republicanos en la capital es su posible entrada en el gobierno municipal de Collboni. En junio, ERC cerró un acuerdo con el PSC para entrar en el gobierno y asumir dos tenencias de alcaldía y la gestión de áreas tan trascendentes como el turismo, la promoción económica, los derechos sociales o la lengua catalana. El pacto lo tenían que ratificar las bases de la formación, pero el exceso de aforo en el Orfeó Martinenc provocó el aplazamiento del congreso extraordinario donde se tenía que tomar la decisión.

Ya en septiembre, la líder municipal de ERC, Elisenda Alamany, confirmó que la decisión sobre la entrada o no en el gobierno de Collboni se tomará una vez se haya superado el congreso del 30 de noviembre. En este ámbito se puede intuir que si se impone Militància Decidim la entrada, a priori, parecería la opción más probable, dado que Alamany fue quién negoció el acuerdo de junio con el PSC y que es la candidata a la secretaria general de los republicanos en la lista liderada por Oriol Junqueras.

El papel en el Congreso de los Diputados de ERC o las relaciones del partido con Junts y la CUP o con las principales entidades independentistas, como Òmnium Cultural o la ANC, son otras carpetas que se verán afectadas por la que suceda en el cónclave del mes próximo, si bien en estos casos los hipotéticos cambios no tienen un impacto tan inminente en la política catalana.