La Iglesia devuelve a un pueblo una ermita inmatriculada y su cementerio sin pasar por los tribunales

El Ayuntamiento de Pastores, una pequeña localidad de Salamanca, acaba de recuperar su cementerio y su ermita. En 2015, la Iglesia católica inscribió la ermita a su nombre en el registro de la propiedad con la mera autocertificación diocesana del obispo en un polémico proceso que afectó a decenas de miles de bienes de toda España. El cementerio figura en el registro de la propiedad desde 1930, aunque fue cedido por el municipio al Obispado de Ciudad Rodrigo en los años cuarenta del siglo pasado. Ahora, sin embargo, el camposanto y el pequeño templo asociado han sido devueltos al pueblo en un hecho sin precedentes en el controvertido conflicto de las inmatriculaciones eclesiásticas. 

La Iglesia nunca renuncia a los edificios y fincas que inmatricula. Al menos, de buena fe. Por lo general, pleitea por su propiedad hasta sus últimas consecuencias aunque los ayuntamientos dispongan de pruebas documentales que acrediten la titularidad municipal de cementerios, fincas y templos, que han sido construidos, custodiados y sostenidos económicamente por los vecinos o por fondos públicos. Las inmatriculaciones diocesanas crean una apariencia de propiedad que los jueces difícilmente se atreven a revertir.

En este caso, contra todo pronóstico, la Diócesis de Ciudad Rodrigo ha accedido a devolver al Ayuntamiento de Pastores su necrópolis y una ermita adosada a la parcela. Según el relato del alcalde, Jorge Lázaro (PSOE), el Obispado no puso ni un solo reparo a la cesión de ambos bienes cuando fueron reclamados por el Ayuntamiento hace escasas fechas.

En conjunto, el Obispado de Ciudad Rodrigo inmatriculó en Pastores en el año 2015 la ermita y una iglesia, mientras que el cementerio fue registrado hace un siglo, aunque no hay constancia formal a nombre de quien. Según el alcalde, el camposanto es municipal, aunque fue cedido por un anterior regidor al Obispado a través de una confusa transmisión patrimonial.

Jorge Lázaro tuvo conocimiento de la inscripción de la ermita y la iglesia tras la publicación del listado de inmatriculaciones por el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2021. Hasta esa fecha, las inscripciones eclesiásticas constituían información de difícil acceso debido al procedimiento reservado utilizado por los obispos. Y fueron las organizaciones ciudadanas patrimonialistas quienes exigieron la difusión completa del inventario de monumentos y fincas anotadas a su nombre por los prelados. Tras una larga batalla, el Congreso de los Diputados dio su respaldo a la divulgación de los casi 35.000 registros efectuados entre 1998 y 2015, cuando fue derogado el controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

“Nos enteramos cuando consultamos la lista de inmatriculaciones”, admite Lázaro en conversación telefónica. Y, en efecto, en el catálogo de bienes figuran la ermita y una iglesia. “Mi idea era intentar recuperar, al menos, el cementerio y la ermita. La Iglesia lo veía más difícil”, asegura.

El regidor se presentó en el Obispado de Ciudad Rodrigo, junto al teniente de alcalde, y se sentó con el vicario de la Diócesis para plantearle las reclamaciones municipales. “El vicario no puso ningún problema. Nos mandó un escrito sellado por la Diócesis, donde nos ofrecía la propiedad de la ermita y el cementerio”. El pleno votó favorablemente al acuerdo y posteriormente fue sometido a un notario para que certificara el traspaso de la titularidad.

“Nuestra estrategia es ir de buenas y a través del diálogo”, argumenta Jorge Lázaro. “Ellos están en una situación dominante y nosotros no tenemos margen ninguno”, señala en relación a la fuerza registral de la inmatriculación diocesana. Con respecto a la iglesia, el alcalde es consciente de que su devolución entraña más dificultad, razón por la cual ni siquiera lo han sugerido. “La lucha por la propiedad del templo está perdida”, señala. Lo que sí le van a solicitar al obispo es una cesión del templo por 50 años. El pueblo necesita un salón de usos múltiples y la iglesia está cerrada a cal y canto la mitad del año.

La ermita y el cementerio se encontraban en situación de abandono. El Ayuntamiento no tenía documentación que acreditara su propiedad, pero los dos bienes han sido mantenidos y reformados por los vecinos desde donde les alcanza la memoria, según atestigua el alcalde. “Todos los arreglos los ha hecho la gente”, reafirma. “El cementerio estaba sin pintar, con las cruces tiradas y lleno de escombros”, describe Lázaro. Ahora, desde que lo han recuperado, ha sido rehabilitado y puesto en valor.

Pronto inaugurarán la ermita y el alcalde quiere invitar al obispo. “Si viene, le plantearé la cesión de la iglesia a largo plazo”, explica. Jorge Lázaro desconoce de qué época es la ermita. El archivo municipal fue quemado con la invasión napoleónica y conservan pocos documentos antiguos. Lo que sí parece claro es que ni la iglesia ni la ermita figuran en el inventario de bienes municipales.

Al parecer, el camposanto fue cedido al Obispado en los años cuarenta del siglo pasado y empezó a vender los derechos de sepultura. Fuentes de la Diócesis de Ciudad Rodrigo han confirmado a Público que el cementerio de Pastores “consta inscrito en el registro de la propiedad en 1930”, aunque no aclara a nombre de quién. “La ermita se inscribió posteriormente, en 2015, porque es obra posterior, pero está edificada dentro del cementerio”, indica en un correo electrónico. Y añade: “De manera reciente, se ha cedido todo al Ayuntamiento”.

El alcalde indica que las de Pastores no son las únicas devoluciones efectuadas por la Iglesia en esta comarca de Salamanca y asegura tener constancia de varias más en otros pueblos del entorno. Jorge Lázaro es regidor por el PSOE. Está convencido de que todos estos edificios pertenecen al pueblo, que los ha cuidado y rehabilitado durante décadas. “Aquí nunca ha venido el obispo a arreglar nada ni a poner dinero. Todo lo ha pagado la gente. Estos bienes son de dominio público”, declara.

Para las organizaciones patrimonialistas, la devolución de un bien inmatriculado indica que fue inscrito de forma irregular. “Nadie devuelve un edificio después de haberlo inmatriculado. Si se devuelve a su dueño es la confirmación de que accedió al registro sin demostrar su titularidad”, argumenta Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de Recuperando, la coordinadora estatal que agrupa a una treintena de colectivos que trabajan por la nulidad de las inscripciones episcopales.

De hecho, añade el profesor de Derecho Civil, la Iglesia nunca devuelve un bien inmatriculado, incluso cuando existen “evidencias documentales flagrantes”, como el caso del centro social de Topares o las plazas públicas de Canarias. Antonio Manuel Rodríguez apunta que la devolución de bienes por parte de la jerarquía eclesiástica también puede obedecer a que se han convertido en una carga económica. “Es más lo que le cuesta que lo que le reporta”, subraya.

Solo entre 1998 y 2015, la Iglesia católica inmatriculó casi 2.500 cementerios en toda España, que consideraba parroquiales por el simple hecho de haber sido consagrados al rito católico. Muchos pequeños ayuntamientos han pleiteado por su propiedad, pero los jueces, por regla general, suelen dar la razón a los obispos y a su simple autocertificación diocesana. “Ojalá la conducta del obispo de Ciudad Rodrigo se extendiera a otras diócesis. Es el reconocimiento de que se obró de forma ilegítima e ilegal”, concluye el portavoz de Recuperando.

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