El PSOE aboga por aplazar la reducción de la jornada laboral a 2026 y Yolanda Díaz se planta

La definición del proyecto de ley que recogerá la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas no sólo depende del diálogo social y de las negociaciones parlamentarias que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han abierto con los diferentes grupos. En el seno del Gobierno también existen discrepancias en torno a algunas cuestiones relacionadas con la medida.

Según ha podido saber Público, desde el Ejecutivo se apunta a que un sector del ala socialista (en el que se incluye al Ministerio de Economía, aunque no sólo a este departamento) estaría defendiendo dos cuestiones que chocan abiertamente con los planes y con la concepción de la medida que tienen los de Yolanda Díaz.

La primera de estas cuestiones tiene que ver con la entrada en vigor de la reducción de la jornada y con el denominado periodo de transitoriedad de las empresas. Desde una parte del PSOE se estaría defendiendo la necesidad de retrasar la entrada en vigor del futuro proyecto de ley al 2026, en vez de desplegarlo en 2025 como persiguen Trabajo y las organizaciones sindicales.

Cuando la patronal estaba todavía sentada en la mesa de diálogo social que abordaba la reducción de la jornada laboral, los empresarios ya esgrimieron la necesidad de aplazar esta modificación y de abrir un periodo de transitoriedad para que las empresas se pudieran adaptar a la nueva realidad.

Cabe recordar que la primera propuesta que Trabajo puso encima de la mesa contemplaba una reducción de la jornada en dos tiempos: a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025. Dado que la negociación se alargó más allá de lo previsto (por la ausencia de propuestas por parte de la patronal), finalmente los de Díaz optaron por renunciar al objetivo de empezar a reducir las horas de trabajo en 2024 y aplazarlo todo a 2025.

Trabajo considera que ya hay periodo de transitoriedad

Para Trabajo el 2024 ya se puede contabilizar como un periodo de transitoriedad para que las empresas preparen su adaptación a la nueva realidad; un periodo que se extenderá durante parte del 2025, mientras dure la negociación y el trámite parlamentario de la norma (si finalmente logra aglutinar los apoyos para salir adelante, algo que no está garantizado a día de hoy).

"Quiero ser clara, dentro del Gobierno se va a cumplir el acuerdo. El 31 de diciembre de 2025 toda la población asalariada va a ver reducida su jornada. Llevamos un retraso de un año", aseguró este martes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Con "el acuerdo", la vicepresidenta segunda se refería al pacto de Gobierno rubricado entre el PSOE y Sumar antes de comenzar la legislatura, que recoge la reducción paulatina de la jornada a 38,5 horas en 2024 (un objetivo ya descartado por falta de tiempo) y que se compromete con "culminar" con las 37,5 horas en 2025.

El acuerdo de Gobierno recoge el compromiso para culminar la reducción de la jornada en 2025

Desde Trabajo, por lo tanto, tienen claro que la medida se aprobará (si tiene los apoyos necesarios) y entrará en vigor durante el próximo año y no contemplan en ningún caso un aplazamiento a 2026. Además, desde este departamento siempre han destacado el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con esta norma y con los plazos previstos para aprobarla.

Desde el Ministerio de Economía defienden que siempre han mantenido y mantienen "una posición constructiva" y que reman "a favor de la reducción de la jornada", y se remiten a las declaraciones públicas realizadas por el ministro del ramo, Carlos Cuerpo. Este departamento recibió la propuesta de Trabajo el lunes, pero precisan que no entran en "aspectos de detalle" sobre el texto. Cerca de una hora después de la publicación de esta información, las mismas fuentes precisaron que en Economía quieren que la reducción de la jornada laboral "entre en vigor en 2025", tal y como señala el acuerdo de Gobierno, informa Miguel Muñoz.

Esta no es la única discrepancia que existe a día de hoy entre el Ministerio dirigido por Díaz y una parte del ala socialista del Gobierno. También hay diferencias en torno a los efectos retributivos que tendría la reducción de la jornada en la parcialidad.

La reducción de la jornada supone de manera indirecta un aumento salarial, ya que se mantiene el mismo salario por trabajar menos horas, un efecto que es más notable en el caso de las personas contratadas a tiempo parcial. 

Los salarios de las personas contratadas a tiempo parcial

Desde el PSOE se estaría poniendo encima de la mesa la posibilidad de rebajar los salarios de los contratados a tiempo parcial bajo la premisa de aminorar el impacto del gasto que supondría para las empresas este efecto provocado por la reducción de la jornada.

Trabajo siempre ha planteado que, con los avances tecnológicos alcanzados en las últimas décadas y el aumento de la productividad conseguido como consecuencia de ello, las empresas tienen margen suficiente para hacer frente a esta subida salarial indirecta que supone rebajar la jornada.

Por lo tanto, los de Díaz también rechazan de manera rotunda cualquier posibilidad de rebajar salarios. En este sentido, la propia Díaz y su equipo siempre se han referido a esta medida como "reducción de jornada laboral a 37,5 horas en 2025 sin reducción salarial".

Es probable que en las próximas semanas estas palabras se repitan con mayor intensidad por parte del Ministerio de Trabajo y de Sumar, y que a sus destinatarios no haya que buscarlos sólo en la patronal o en los grupos de la derecha parlamentaria, sino también dentro del Gobierno de coalición.