MADRID.- El caso del exteniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura ha llegado al Tribunal Central militar. El exoficial fue expulsado por hacer "manifestaciones contrarias a la disciplina" de las Fuerzas Armadas al detallar en los medios de comunicación los casos de corrupción de los que había sido testigo como miembro de la unidad SUBOPER (Subdirección de Operaciones de Red) de la JCISAT (Jefatura CIS y de Asistencia Técnica) del Ejército, además de denunciar la connivencia de una cúpula militar "seudofascista".

Segura se convirtió en una figura mediática. Antes de su aparición, ningún militar había denunciado con tanta claridad las irregularidades que se producen tras los muros de los cuarteles, con el amparo de una Justicia militar cuya falta de independencia ha llegado incluso al Parlamento Europeo. Su vehemente batalla contra la decisión de los jueces castrenses de tumbar su caso, con una huelga de hambre, tres arrestos administrativos y una expulsión que el ministro de Defensa Pedro Morenés calificó de "ejemplarizante" le llevó a todos los medios de comunicación.

Ahora, el exteniente ha solicitado la reapertura de su caso ante el Tribunal Central militar. En el primer proceso, los jueces castrenses desestimaron su demanda explicando que "para solventar este tipo de problemas existía un comité de seguimiento" que incluía a tres altos mandos y "dos brigadas auxiliares" de uno de ellos, "formando parte además como encargadas de la calidad del servicio dos ingenieras de la Encomienda y el Departamento de quejas". El tribunal no llamó a los miembros de este comité, y ante la incredulidad de Segura, tampoco admitió como prueba las grabaciones en las que los dos brigadas mencionados, así como una de las ingenieras —es decir, tres de las cuatro personas encargas de la vigilancia, excluyendo a los altos mandos—, admitían que conocían los desfalcos y que aquel comité era "el salvaje oeste, un territorio sin ley". 

El 'caso Segura'

La principal denuncia del exoficial gira alrededor de un inventario del material informático del Ejército de Tierra (ET). Un registro que "reveló desfases de hasta el 40% en todas las unidades del ET evaluadas (el 85%)", declara Segura, y que supone "la primera prueba documental de la existencia de cajas B, fondillos o como se quiera llamar, en el ET". 

Segura acusa a un teniente coronel (Ayerra) de parar deliberadamente el inventario cuando aún quedaba un 15% de los equipos por clasificar, y de utilizar parte del material que quedó en un limbo administrativo para montar un Simulador Básico de Adiestramiento (SIMBAD) en Ceuta, creando así una vacante en la ciudad autónoma que el mismo teniente coronel ocuparía. "La trampa", explica Segura, es que "el SIMBAD no es competencia de la SUBOPER, encargada de comprar el material informático para uso general. La sala SIMBAD es competencia del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE): el favor es dotar con equipos y gastar dinero en transporte que no te compete para crear una vacante en Ceuta, donde los tenientes coroneles ganan casi 2.000 euros más".
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En la grabación, Segura habla con los dos brigadas auxiliares del comité de seguimiento citado por el tribunal. Uno de ellos afirma: "Yo lo tengo muy claro, Ayerra compró la vacante" poco antes de antes de explicar como este alto mando consiguió hacerse con un puesto bien remunerado en Ceuta "a dedo". La unidad GISMI que mencionan es la encargada del mantenimiento integral de los equipos, sistemas informáticos y (hardware y software) y redes de propósito general en el ámbito del E.T. 

La tercera persona a la que hacen referencia, "Belén", es una de las ingenieros presentes en el mencionado comité de seguimiento. Belén emitió un informe al observar un extraño movimiento de material informático a Ceuta que costó 5.000 euros. Cuando sus superiores directos hicieron caso omiso de su reporte, y ante la sospecha de que pudieran estar implicados en la trama, acudió también a su general. Cuando sus mandos se enteraron de este movimiento, la despidieron de forma fulminante excusándose en la "pérdida de confianza", a la que se hace referencia al final de la grabación.  
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En esta segunda grabación, los mismos participantes en la conversación hablan de los 700.000 euros que se perdieron al detener el inventario y convertirlo en "basura", y del pozo sin fondo en el que han convertido los recursos de GISMI. Otro de los brigadas del comité de seguimiento afirma: "Yo también lo sabía, pero me voy a callar la boca". 
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En la última grabación del diálogo entre Segura y los brigadas, hablan del coronel Crespo, que al ver "el percal" organizado, decidió "cortarlo", lo que le valió ser "cesado": "No me has pagado mi sobre de todos los meses, ¿Y qué me estás contando? ¿y quién ha sido? ¡Hijo de puta!". "Yo estoy pendiente de renovación ahora y me callo como una puta, cuando ascienda luego igual remuevo pero ahora calladito como una puta..." confiesa otro de los brigadas auxiliares, dando idea de la efectividad de este órgano de control que el tribunal usó para desestimar la primera denuncia de Segura. 

"Si dan conmigo no soy solo yo, también es mi familia"

Otra de las pruebas aportadas por el exteniente Segura es la confesión de Belén, una de las dos ingenieras miembros del comité de seguimiento. Es la trabajadora despedida por dar parte al general de los desfalcos que mencionan los brigadas en la primera grabación, que además obliga a otras unidades del cuerpo a "canibalizar equipos".

En sus conversaciones con Segura reconoce que teme por su familia tras haber intentado destapar la malversación de fondos ("era cerrar la puerta a cal y canto y derrumbarme") y que piensa apoyar la declaración del exteniente ("yo voy a corroborar tu historia"). Al drama que vive por su despido une el estridente sonido del despertador al darse cuenta del alcance que este tipo de prácticas tienen en el Ejército: "Yo salí de allí pensando que aquello era un caso puntual, no que esto era..."