Lasa y ZabalaEl Gobierno utiliza el palacio donde torturaron a Lasa y Zabala como alojamiento de ministros y otras autoridades

Fueron días insoportables, en los que posiblemente habrán deseado morir ya, ahora, rápido. Sin esperar ni un golpe ni una salvajada más. Durante un número de horas tan terribles como incalculables, Joxean Lasa y Joxi Zabala fueron sometidos a torturas de todo tipo. Sus secuestradores, los incansablemente sádicos del GAL verde (en honor a la Guardia Civil, cuerpo al que pertenecían los verdugos) podrían haberlos matado allí mismo, en el sótano del palacio de La Cumbre, un edificio señorial de Donostia que por entonces pertenecía al Ministerio de Interior. Sin embargo, los guardias civiles que se hicieron dueños de sus vidas prefirieron asesinarlos de a poco, lentamente, para que sufrieran más.

Casi 35 años después de aquellas interminables sesiones de tortura, el sótano de los horrores sigue escuchando pasos. Provienen de zapatos caros y bien lustrados, que antes de pisar esta casa habrán andado por moquetas de ministerios. Todo, o casi todo, tiene una explicación: la siniestra y misteriosa Villa La Cumbre, el palacio donostiarra al que fueron llevados los dos jóvenes vascos en octubre de 1983, es hoy utilizado por el gobierno del PP como “residencia oficial de autoridades”.

Fuentes oficiales señalaron a Público que entre los huéspedes habituales de esa residencia se encuentran los integrantes del gabinete de Rajoy. “Si viene un ministro a San Sebastián, en lugar de irse a un hotel, se hospeda allí”, explicaron. Al menos en una ocasión, en febrero de 1981, allí durmieron también los reyes de España. Del mismo modo, el edificio es utilizado como residencia oficial del subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, cargo que ahora ocupa el palentino José Luis Herrador Gutiérrez.

El edificio en cuestión está actualmente bajo la titularidad del Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales, a cargo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que se niega a abrir las puertas del palacio a quienes buscan relatar su pasado más terrible. He aquí un ejemplo: en enero de 2014, el cineasta Pablo Malo intentó acceder a esta casa para rodar parte del film Lasa y Zabala. Sin embargo, el gobierno lo rechazó tajantemente.

Desmemoria oficial

El silencio oficial sobre la relación de esta casa con el secuestro, torturas y asesinato de ambos jóvenes ya quedó patente en 2003, durante el gobierno de José María Aznar. En julio de aquel año, el Ejecutivo del PP daba los primeros pasos para declarar la antigua finca como “bien de interés cultural”. En aquel informe de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales –dependiente del ministerio de Cultura- se hacía un repaso a la historia de este edificio, tanto antes como durante y después del franquismo. Sin embargo, los responsables gubernamentales omitieron un detalle relevante: no hay ni la más mínima mención a lo ocurrido en 1983, cuando allí fueron torturados Lasa y Zabala.

La desmemoria del PP hace saltar mágicamente desde el 4 de febrero de 1981, cuando se “condicionó la finca para que pernoctaran los reyes de España” –destaca además que entonces “se acondicionaron las habitaciones con los mismos muebles que el Rey utilizaba cuando siendo estudiante de bachillerato vivió en San Sebastián”-, hasta seis años más tarde. “Durante los años siguientes (a 1981) la finca quedó abandonada hasta que en 1987 el Ministerio del Interior encargó su rehabilitación para destinarla a residencia temporal de altas personalidades y domicilio particular del Gobernador Civil de Guipúzcoa. En este proyecto aparece por primera vez la palabra ‘Palacio’ al lado del nombre de la finca ‘La Cumbre’”, se explica.

También se indica que “durante la primera presidencia española de la Unión Europea se celebraron los Consejos de Ministros de Industria y Justicia en San Sebastián”, remarcando que “Villa Cumbre se utilizó para reuniones preparatorias y residencia de ministros y altas personalidades españolas”. “En mayo de 1999 la finca se desafectó del Ministerio del Interior y pasó al Ministerio de Administraciones Públicas. En la actualidad, el Subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa se he hecho cargo de la recuperación de bienes muebles del Palacio de Miramar que el Estado compró a la Familia Real en 1974”, apuntaba la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio de 2003.

Un año antes, el BOE había publicado otro documento en el que aparecían hasta 65 alusiones a La Cumbre. En ese caso, se trataba de una resolución del Tribunal Constitucional sobre los recursos de amparo que habían presentado por los guardias civiles Ángel Vaquero, Felipe Bayo Leal, Enrique Dorado y Enrique Rodríguez Galindo, así como por el ex gobernador civil Julián Elgorriaga Goyeneche, “frente a las Sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que les condenaron por dos delitos de asesinato y de detención ilegal en el caso Lasa y Zabala”.

En aquella resolución, el Constitucional recordaba que la detención de ambos “se llevó a cabo en una villa llamada La Cumbre, propiedad del Estado, de la que disponía el Gobernador Civil de Guipúzcoa, que era entonces el recurrente Sr. Elgorriaga Goyeneche. En dicho lugar fueron interrogados y visitados por los recurrentes que, finalmente, decidieron su asesinato, que se llevó a cabo en un paraje de la provincia de Alicante, en el municipio de Busot, efectuando dos disparos en la cabeza a José Ignacio Zabala y uno a José Antonio Lasa. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa y descubiertos meses después, en enero de 1985, aunque no fueron identificados sino diez años más tarde, en 1995”. Para entonces, el siniestro palacio donostiarra ya era utilizado como residencia de ministros. Exactamente igual que hoy.