El Gobierno no tendrá en cuenta el informe del Consejo de Estado que aconseja no presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por la moción de censura aprobada por el Parlament reprobando al Rey, y abrirá esta vía judicial.

Asi lo anunció este viernes en Sevilla la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, al término del Consejo de Ministros, donde informó que el Gobierno presentará el recurso por "sentido de Estado", al entender que la moción aprobada por el Parlament, vulnera claramente la Constitución.

En la explicación del recurso, el Gobierno indica que la moción "supone un nuevo intento, como otros anteriores, para iniciar un proceso  unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República", por lo que el Gobierno  entiende que debe frenarlo por la vía jurídica.

La opinión del Ejecutivo contrasta con la del organismo consultivo del Ejecutivo, quien señaló en un informe que la resolución aprobada en la cámara catalana contra el jefe de Estado "es una declaración política que no tiene ningún efecto jurídico" y que, en consecuencia, no hay base para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Celáa manifestó que el Gobierno respeta las consideraciones del Consejo de Estado, pero discrepa de ellas, y recordó que sus informes tiene sólo carácter consultivo, y no vinculante.

La ministra Portavoz indicó que, para el Gobierno, "no es objeto de debate lo que concierne a la Corona y la modificación de la forma de Estado en una Cámara autonómica. La figura del Rey es inviolable", afirmó Celáa.

Enfrentamiento con el Poder Judicial

Por otra parte, la ministra Portavoz también se pronunció sobre las críticas llegadas desde el Poder Judicial por las supuestas presiones que esta recibiendo del Ejecutivo sobre el "proces", negando que estas se estén produciendo.

Celáa indició que estas son "cuestiones subjetivas," porque, según dijo, hay personas que se sienten más ofendidas que otras. Explicó que el Gobierno nunca ha hablado del Poder Judiclal, ni "ha pretendido orientar para ninguna parte.". Para la ministra, sólo se han hecho "consideraciones políticas", dijo.

También negó que el Gobierno se esté planteando una modificación del delito de rebelión y no vio contradicciones entre lo dicho por el presidente del Gobierno y la vicepresidenta sobre este tema. "El presidente citó la postura que defendía Trillo", explicó.:

En cuanto a la posibilidad de que la Abogacía del Estado retire el delito de rebelión de los imputados en el "proces", Celáa indicó que hay que esperar a las calificaciones políticas, pero reiteró que la Fiscalía no recibe instrucción alguna del Gobierno y que la Abogacía del Estado se regirá por principios meramente jurídicos.