El Gobierno investiga el acto de Falange en Madrid por posible vulneración de la Ley de Memoria Democrática

La última fiesta de exaltación fascista de Falange ha llegado a los despachos del Gobierno. Tras las imágenes registradas el pasado sábado en el Teatro Goya de Madrid, el Ejecutivo ha iniciado los procedimientos para tratar de determinar si el mitin celebrado en ese recinto por los ultraderechistas implicó alguna vulneración de la Ley de Memoria Democrática, que castiga con sanciones económicas todas aquellas demostraciones de exaltación franquista.

"Nueve décadas después los falangistas seguimos levantando la bandera de la dignidad, la unidad nacional y la justicia social a pesar leyes basura como la de 'memoria democrática' que quiere cambiar la historia y esconder la gestión criminal frente popular", escribió este lunes en X (antes Twitter) el jefe nacional de La Falange, Manuel Andrino. Un mensaje acompañado por varias fotos del acto del pasado sábado en el Teatro Goya.

Los falangistas organizaron ese mitin para conmemorar el 90 aniversario de la fusión entre Falange y las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, lo que dio lugar al nacimiento de Falange Española de las JONS. Los ultraderechistas encabezados por Andrino y Norberto Pico alquilaron el Teatro Goya a nombre de un particular bajo el argumento de que se trataría de una "entrega de medallas". Tras conocer el verdadero objetivo del evento, la dirección del teatro decidió mantener la reserva.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática han señalado a Público que el acto será investigado para determinar si ha habido algún tipo de vulneración de la nueva ley memorialista. "Se ha recabado ya información y material, por si fuera objeto de sanción", señalaron. El caso se encuentra ahora mismo "en análisis".

Durante el mitin que ahora examina el Gobierno, Andrino -quien fue condenado por su participación en el asalto a la librería Blanquerna en 2013- reivindicó el pasado de esta organización. "Aquí estamos los falangistas recordando aquel cuatro de marzo de 1934 para decir bien alto que la bandera sigue alzada, y que si en aquella nefasta y guerracivilista segunda república fue necesaria la aparición de la Falange, decimos y seguiremos diciendo cuantas veces haga falta que los falangistas seguiremos levantando la bandera de la dignidad", afirmó.

El ultraderechista llamó "malnacidos" a los miembros del Gobierno por impulsar la retirada de "cruces, placas y monumentos". "Nadie puede dudar de que el PSOE y el PCE son los partidos más criminales de la historia de España", soltó en otro momento del acto.

"Ni queremos ni podemos olvidar nuestro pasado, del que nos sentimos además profundamente orgullosos", añadió Andrino, quien aseguró que los falangistas están "más dispuestos que nunca a dar la cara por todos aquellos que murieron por una España grande y libre, a pesar de leyes aprobadas en esa cueva de traidores llamado Parlamento español que pretende humillar e insultar a todos aquellos héroes que dieron la vida por España, mientras premian a genocidas y criminales".

Advirtió además que la organización ultraderechista seguirá mostrando su "reconocimiento a la primera línea de la Falange, a la de antes y a la de ahora, a quienes lucharon contra criminales del maquis y terrorismo separatista de ultraizquierda allá donde estuviesen y bajo las siglas que cada uno quiera poner". "Merece la pena la lucha, por nuestros muertos, por nuestros antecesores, por los fundadores de la Falange. Adelante por la España una, grande y libre", afirmó por su parte Pico.

Una multa en la cartera

Falange ya sabe cómo funciona la Ley de Memoria. No en vano, se trata de la primera formación política multada por vulnerar la citada normativa. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática abrió un expediente a Falange por el mitin que celebró el 19 de noviembre de 2023, que incluyó muestras de exaltación franquista. El caso se cerró con una sanción de 10.001 euros para los organizadores.

La Ley de Memoria Democrática establece que "se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".

"A tal efecto, si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal", subraya la ley.