Hace casi dos años que la anunciada reforma de la Ley de Igualdad de Género de Andalucía se encuentra en paradero desconocido. En la legislatura pasada, el Gobierno de coalición PSOE-IU impulsó un grupo de trabajo en el Parlamento con objeto de actualizar la legislación contra el machismo, la discriminación a la mujer y la violencia doméstica, vigente desde 2007. De ahí salió un dictamen que fue aprobado por la Cámara en diciembre de 2014, y entre sus conclusiones estaba la modificación “urgente” de la Ley de Igualdad. En septiembre de 2015, ya con un nuevo Ejecutivo del PSOE apoyado en el grupo de Ciudadanos, el Consejo de Gobierno aprobó modificar dicha ley. Pero los avances desde entonces se desconocen.

Han pasado casi dos años de aquello, y la presidenta Susana Díaz ha empezado a demandar públicamente que se “acelere” el pacto de Estado contra la violencia machista, sin que en el ámbito andaluz haya quedado resuelta la prometida reforma de la Ley de Igualdad de Género. En este tiempo, IU ha apremiado varias veces a la presidenta andaluza en el Parlamento para que “desatasque” la nueva legislación, proponiéndole incluso que opte por la vía urgente del decreto ley, en vez del anunciado proyecto de ley, que precisa de una tramitación más compleja, y que no termina de llegar.

Hartos de esperar, la formación que dirige Antonio Maíllo ideó una estrategia muy peculiar: registró en el Parlamento autonómico una proposición de ley con el mismo texto que dos años antes había aprobado el Consejo de Gobierno para modificar la Ley de Igualdad de Género, obligando así al Ejecutivo de Susana Díaz a volver a pronunciarse sobre su propia normativa, pero esta vez a iniciativa de la oposición. IU ha logrado así devolver al centro del debate político una reforma prevista y anunciada como “urgente y necesaria” a final de la legislatura pasada.

La coalición de izquierdas no ha podido soportar que la presidenta andaluza abandere ahora el pacto de Estado contra la violencia machista -cuya articulación ya se ha debatido en una subcomisión del Congreso de los Diputados- mientras “ella está haciendo dejación” de sus propias funciones y competencias. La Junta ha rechazado la modificación de la ley propuesta por IU -que en realidad es la suya propia- asegurando que ahora trabajan en un nuevo borrador que supera aquel primer proyecto, y que ha incorporado las aportaciones de 93 colectivos de mujeres. “El nuevo borrador de reforma de la ley es mejor tanto desde el punto de vista técnico como por su contenido”, afirman desde la Consejería de Bienestar Social, sin que por ahora haya trascendido borrador alguno.

El departamento que dirige María José Sánchez Rubio reconoce que IU ha colocado al Gobierno andaluz en una situación “paradójica” y “algo incómoda”, al tener que fundamentar su rechazo a la reforma de la ley “en la coincidencia literal entre la propuesta y el anteproyecto presentado por nosotros mismos ante el Consejo de Gobierno en septiembre de 2015”. La explicación a esto es que, en este tiempo, se ha estado trabajando sobre aquel borrador inicial, y ahora cuentan con un proyecto de ley “más ambicioso” que el de entonces.

Aunque nada de esto se había explicado en la comisión parlamentaria de Igualdad hasta que la proposición de IU, copia del anteproyecto de la Junta, entró en el registro de la Cámara autonómica. El borrador inicial que fue aprobado en Consejo de Gobierno en septiembre de 2015 ha recibido más de 400 alegaciones, todas ellas han sido respondidas, según fuentes del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y algunas se han incorporado a la reforma de la ley.

La lentitud en la tramitación de este proyecto se debe, en parte, a que aún faltan los informes presupuestarios de todas las consejerías implicadas. Aunque los mismos colectivos de mujeres que han colaborado en el rediseño de la norma advierten de que “vayan a pasar más de dos años desde que empezamos a trabajar en el borrador nuevo hasta ahora”. El Gobierno andaluz prevé llevar al Parlamento el nuevo proyecto de Ley de Igualdad en el segundo periodo de sesiones, después del verano.

Entre las aportaciones incorporadas a la nueva Ley de Igualdad de Género están aquellas realizadas por el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y de 93 asociaciones que han aportado propuestas sobre igualdad de oportunidades en el empleo, conciliación de la vida laboral y familiar y participación política. La nueva normativa también prevé la elaboración de un plan para eliminar la brecha salarial e incluye un régimen de infracciones y sanciones, que en la ley actual no se recoge.

La propuesta anterior esbozaba alguno de estos puntos. Se planteaba también la integración de los contenidos curriculares, poniendo énfasis al enfoque de género, fomentando la eliminación de prejuicios y estereotipos de sexo. Otro de los puntos de la reforma permitía a cada universidad pública dotarse de una unidad de igualdad de género y que todas las universidades elaborarán un Plan de Igualdad y prevención de la discriminación y violencia de género.