“¿Hay algún diputado que piense que no se va a aplicar la Ley de Memoria Histórica y Democrática?”, se preguntó de forma retórica, con un punto de hartazgo, Patricia del Pozo (PP), consejera andaluza de Cultura y Patrimonio Histórico, este jueves en el Parlamento. Del Pozo es la primera responsable de las políticas de memoria en Andalucía que milita en un partido de derechas. En Andalucía hay 708 fosas comunes de la represión franquista, en las que se estima que hay 45.566 personas, según los datos que la propia Junta de Andalucía recopila en su mapa de fosas.

La consejera está bajo la lupa en este asunto. Existe mucha inquietud en las asociaciones que agrupan a las familias de las víctimas sobre el modo en que este Gobierno va a trabajar en estos temas, de pura dignidad democrática, de piel, que están tan vivos como lo están los allegados de los represaliados.

Además, el Ejecutivo, en el que Del Pozo tiene la cartera que se ocupa de estos asuntos, llegó de la mano de Vox, un partido de ultraderecha que, con estas palabras -de enero de este año- de su presidente, Santiago Abascal, se ha autoproclamado "la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional y se resisten a tener que hacer una condena de lo que hicieron sus familias” y “de aquellos que no quieren que se cambie el nombre de su calle por el fanatismo político de quienes quieren una España de memoria hemipléjica”.

¿Quién no iba a tener dudas teniendo en cuenta además que el PP, para lograr los votos de Vox que necesitaba para gobernar, pactó con ellos “promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica”?

Lo cierto es que la consejera del Pozo se ha esforzado desde que llegó en despejar las incertidumbres al respecto. Su discurso en este asunto no ha cambiado y se ha movido desde el minuto uno en torno a tres ejes.

Por un lado, la ley, que se aprobó la pasada legislatura con los votos de PSOE y Adelante Andalucía y la abstención de PP y Ciudadanos, se va a aplicar al completo y de manera disciplinada: “Todo el mundo tiene derecho a saber donde están sus seres queridos. Las familias tienen que estar muy tranquila. Contarán con este gobierno para ello. Esto es una cuestión de humanidad”, dijo este jueves una vez más, con meridiana claridad la consejera.

Incertidumbre

Por otro, aunque dispuesto a ejecutarla “a rajatabla”, el Ejecutivo no asume el contenido de la ley al 100%: “Tienen que aceptar [PSOE y Adelante Andalucía] que haya personas que no se sientan cómodas. Tienen que aprender a respetar las distintas sensibilidades. Compartimos buena parte de esta ley, [pero esta norma] responde exclusivamente a una mayoría que jamas aceptó ni una sola enmienda. A pesar de ello, para evitar más dolor y división, salió adelante con nuestra abstención. Obviaron [en su elaboración] la Constitución, el Estatuto y la Ley de Amnistía".

"Me da igual -prosiguió Del Pozo- que se pasen toda la legislatura preguntándome por la memoria histórica. La pena que me da es que tratándose de un tema tan delicado lo hayan cogido como un mantra electoral. La diferencia es que nosotros este tema siempre vamos a tratarlo para unir y ustedes siempre lo van a usar como reclamo electoral bajo una falsa apariencia de superioridad moral que ni tienen ni van a tener jamás. Todas las familias hemos sufrido horrores de los dos bandos. […] “Nosotros, mucho respeto y cariño a la memoria histórica de todos”.

El diputado del PSOE, Javier Fernández, le recordó a la consejera Del Pozo sobre este particular lo obvio: que durante las cuatro décadas que el franquismo dominó con mano recia el país, se produjo una verdadera política de recuperación de la memoria histórica, la causa general, pero solo de una parte de los muertos, aquellos que el dictador consideraba los suyos. Los otros, siguieron en las cunetas, en las vallas de los cementerios. Y ahí siguen hoy. “Existió reparación de una parte de las víctimas, víctimas que llegaron hasta la beatificación. Y ahora esperamos que las otras víctimas tengan reparación: Esa es la Ley de Memoria Histórica”, dijo Fernández.

“Incertidumbre. Esa coletilla que utiliza de se aplicará la ley 'mientras esté en vigor, mientras sea esta la ley, esta es vuestra ley', crea incertidumbre. Esta ley es la que más tiempo estuvo en el Parlamento precisamente para buscar el acuerdo. Esta ley garantiza reparación, la búsqueda de la verdad. Es una ley que tiene que cerrar las heridas”, agregó Fernández.

Concordia

Y, por último, el concepto que define para el PP -y para Del Pozo- el marco de estas políticas no es ya Memoria Histórica y Democrática, sino Concordia. Esa es la palabra con la que los conservadores e, incluso Vox, se sienten cómodos. Dijo la consejera: “Tienen que aceptar que haya personas y grupos, que tienen toda la legitimidad, que quieran promover una ley de consenso. Unánime, donde todo el mundo se sienta representado. No quiero una ley de la actual mayoría de esta cámara [Vox, PP y Ciudadanos] para sustituir una nueva ley de la mayoría anterior. La concordia es el camino que nos marcaron nuestros mayores, durante la Transición. Un camino de generosidad y consenso. Eso es lo que hemos vivido en nuestras casas. Por más debates que me metan en este tema, jamás me van a encontrar”.

La diputada Ana Naranjo, de Adelante Andalucía, le dijo a Del Pozo: “Hablamos de democracia, de derechos humanos. La unanimidad no se puede conseguir sobre postulados revisionistas y negacionistas. Verdad, justicia y reparación”.

El término concordia no es, en efecto, marciano en el contexto de las políticas de memoria, pero sí está estrechamente vinculado a los conceptos de verdad, justicia y reparación, la tríada que los expertos consideran de imprescindible manejo en los procesos traumáticos, y que si se aplicase en su integridad contribuiría a sanar heridas abiertas que hoy, 82 años después del golpe franquista que acabó con la II República, aún no están cerradas en España.

Así, dice la norma: “[Esta] ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia y reparación y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres”. Es decir, no puede existir concordia sin que se reconozcan los crímenes cometidos y se repare el dolor causado. 

El ejemplo de Málaga

En su intervención en el Pleno, y a preguntas del diputado socialista Fernández y de la diputada Naranjo (Adelante Andalucía), la consejera del Pozo avanzó en numerosos asuntos concretos y dio la sensación de que su intención es, verdaderamente, aplicar la ley. Aún no se ha convertido su discurso en hechos, pero sí está en el camino. Anunció Del Pozo que la Junta de Andalucía va “a corto plazo, este mismo mes, a convocar el Consejo andaluz de Memoria Histórica” con la idea de “presentarles el nuevo equipo y transmitirles la tranquilidad de que continúa el mismo servicio de memoria democrática”.

“Queremos -prosiguió Del Pozo- también llevar al Consejo de Gobierno el plan de las actuaciones, las prioridades para 2019. Hay además cuestiones tramitándose, que [los socialistas] dejaron comprometidas. Rematar los estudios previos del cementerio de Córdoba, firmar el convenio para Pico Reja [fosa común de Sevilla en la que se cree que hay más de 1.100 represaliados] y seguir avanzando en el banco de ADN”. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), así se lo había reclamado al Ejecutivo andaluz.

Estas palabras de Del Pozo son muy importantes, porque implican, si finalmente se cumplen, más allá de los discursos, hechos en la dirección correcta. Los procesos, como por ejemplo el de Grazalema (Cádiz), que se llegan a culminar, en los que se dignifica el entierro de los restos y, por tanto, en consecuencia, del recuerdo, son sanadores. Cualquiera que haya asistido a uno de estos actos, lo comprende.

Lo cierto es que en España, la mayor fosa de la represión franquista exhumada hasta ahora se hizo en Málaga con un alcalde del PP en la oficina, Francisco de la Torre. De la Torre prefirió colaborar con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, entonces en manos socialistas -Manuel Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero-, para, antes de hacer un parque dignificar la memoria de los represaliados. Esta manera de actuar de De la Torre, discreta, sin ofender a la izquierda ni humillar sus causas justas, es una de las claves de la longevidad del regidor en la alcaldía de Málaga, para la que ahora opta a la reelección. Lleva desde el año 2000: 18 años.

Preocupación e hipocresía

La preocupación de las familias de las víctimas tiene fundamento real y concreto. Este, el de la memoria histórica y democrática es un asunto que Vox, quien tiene la llave de la legislatura en Andalucía, ha utilizado para presionar al PP. En algún momento, incluso, el partido de ultraderecha ha llegado a vincularlo a la aprobación del presupuesto. Así, su jefe de filas, Santiago Abascal, publicó este tuit el 16 de febrero pasado: “Y otro incumplimiento de lo pactado por el PP con Vox en Andalucía. Suma y sigue. Ni su palabra ni su letra valen nada. Luego querrán aprobar los presupuestos...y no podrán”.

“Usted abre la puerta, vamos a ver si no hay otra ley, -le dijo el diputado socialista Fernández a Del Pozo-. Tienen que pagar un peaje a Vox. Si no se deroga, vamos a ver qué pasa con los presupuestos. Estaremos ahí, vigilantes. Seguiremos estando vigilantes por la recuperación de la memoria”.

Del Pozo reprochó cierta hipocresía a los socialistas, a quienes acusó de no haber trabajado este tema con rigor: “Produce bochorno. Tardaron un año y medio en aprobar el plan general que dice la ley. Lo pasaron por el consejo de Gobierno en noviembre y lo registraron en este Parlamento el mismo día que tomaba posesión como consejera. Yo podía haberlo retirado porque es para cuatro años y no lo ha aprobado este gobierno, pero por responsabilidad no lo he retirado. Se debatirá en comisión”

Remachó la consejera del Pozo su argumentación: “Presupuestos: Sobre un total de 1,6 millones, han cerrado con un 49% de ejecución presupuestaria. Hay partidas al 9,5%, al 28% y las que van a las familias, al 46%. Incumplieron el plan de actuación para 2018, que no hicieron. Ni lo hicieron ni lo aprobó el consejo de Gobierno. Ahora, hay que ver lo que han corrido en estos días de enero [antes de que el Ejecutivo del PP y Ciudadanos tomara posesión] para gastarse el presupuesto de 2019. Han comprometido en 20 días más de la mitad del presupuesto. 600.000 euros, Me interpelan a mí cuando soy yo la que debería interpelarles a ustedes por lo que han hecho. La mayoría de las licitaciones que han sacado para exhumaciones se han quedado desiertas. Eso no es problema de este gobierno. Han puesto ustedes en la memoria histórica el mismo interés que pusieron en otras políticas de las que también presumieron. Y por eso están ustedes hoy en la oposición”.