Caso PúnicaLa Fiscalía pide dos años de cárcel para el expresidente de Murcia por fraude en el caso Púnica

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez afronta una petición fiscal de dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por fraude al intentar contratar con empresas de la trama Púnica trabajos para mejorar su reputación en Internet por 32.200 euros y que hubieran sido pagados con dinero público de la consejería de Educación de la Región que entonces dirigía.

Así consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción que tiene fecha del pasado 25 de septiembre, pero sello de salida a las 11:03 horas del 27 de septiembre, día en que Pedro Antonio Sánchez anunció su dimisión por motivos personales como diputado autonómico y presidente del PP, para ayudar a su partido y sin explicar que había recibido esta acusación.

El caso Púnica se investiga en la Audiencia Nacional, pero el escrito de acusación fue remitido al TSJ de Murcia donde está aforado el político el 27 de septiembre.

Pedro Antonio Sánchez ya había dimitido el 3 de abril de 2017 como presidente de Murcia, acosado por el caso Auditorio, ocurrido cuando era alcalde del municipio de Puerto Lumbreras y en el que está acusado de cuatro delitos de corrupción (fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental) por recepcionar un edificio sin haber estado terminado y en que se gastaron 6 millones de euros públicos.

El juez instructor del caso en el TSJ de Murcia, Enrique Quiñonero, acordó la imputación de Pedro Antonio Sánchez, decisión que no fue recurrida por la Fiscalía a pesar de que su máximo responsable, José Manuel Maza, había dado instrucciones de no acusarlo amparándose en unos informes de los fiscales del Supremo porque no hubo daño a las arcas públicas.

Las fiscales del caso Púnica, Carmen García y María Teresa Gálvez, siguieron adelante con la acusación a Pedro Antonio Sánchez y, ahora, han presentado este escrito en el que piden sentarlo en el banquillo.

La acusación de la Fiscalía explica cómo Sánchez, entonces consejero de Educación, quiso contratar con una empresa de la trama Púnica para mejorar su imagen porque quería promocionarse como candidato a la presidencia de Murcia.

Costes de 32.200 euros

La empresa tenía decena de periódicos zombies (inactivos) y contrataba a periodistas para replicar en dichos periódicos noticias favorables a los políticos que les contrataban y después promocionaban en buscadores de Internet.

"En ningún caso, las tareas descritas se orientaron a prestar un servicio público de información o divulgación para los ciudadanos o en beneficio de las instituciones de gobierno. Las citadas campañas personales no eran pagadas no por los representantes políticos, ni por su partido, sino que eran sufragadas con fondos públicos", añaden las fiscales del caso en su acusación de acusación divulgado por La Verdad.

El coste de los trabajos era de 32.200 euros, que iban a ser pagados por la consejería de Educación que dependía de él. También incluyó en estos trabajos la mejora de la imagen de Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena quien había contratado a la compañía de manera personal ante el escándalo urbanístico de Novo Cartago.

El escrito de acusación describe cuatro reuniones, ocurridas entre el 11 de junio y el 24 de octubre de 2014, donde se urdieron los mecanismos de contratación para encubrir estos servicios, de tal manera que se iban a enmascarar en forma de facturas fraccionadas como si fueran un contrato menor para así eludir la legislación y poder realizar contratos directos. La cobertura eran servicios de "Formación" y "Portal de Educación".

El 24 de octubre, los acusados redactan un "informe de preventa", en el que se identifica a la Consejería de Educación como cliente con el subterfugio del concepto "Formación" como servicio a facturar y la cobertura ficticia de crear un Portal de Educación destinado a Ampas, Asociación de Estudiantes y cooperativas religiosas y laicas concertadas.

El gasto ilícito que se iba a generar mensualmente durante siete meses por los dos trabajos a los dos políticos era de 4.600 euros (más IVA) con un total de 32.200 euros (más IVA).

Estos servicios no se llevaron a cabo porque estalló el caso Púnica el 27 de octubre, con las detenciones de los empresarios contratados -Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa-, por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6.

La acusación popular de ADADE reclama para Pedro Antonio Sánchez 9 años de cárcel por delitos de fraude y cohecho en grado de tentativa.