La Fiscalía Europea solicita al juez Peinado toda la investigación sobre Begoña Gómez en relación con Red.es

La Fiscalía Europea ha requerido al magistrado Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, la parte central de la investigación que implica a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informaron fuentes del ámbito legal.

La solicitud de investigación se centra específicamente en las asignaciones que la empresa pública Red.es otorgó al empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, no se incluiría el asunto vinculado a la empresa Globalia, sobre el cual la Audiencia Provincial de Madrid ya se ha pronunciado, descartando la implicación de Begoña Gómez.

Actualmente, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid está a cargo de la investigación del caso, pero podría pasar a manos de la Fiscalía Europea si lo solicita. Esta acción podría afectar la citación de Begoña Gómez para el 5 de julio, dejándola en suspenso.

La Fiscalía Europea ha solicitado información al juez para verificar si los contratos estaban respaldados por fondos europeos. Además, ha optado por asumir la investigación que estaba bajo la dirección del juez Peinado, tal como hizo previamente con el caso Koldo, que estaba en manos de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Europea asume la investigación 

Según la Fiscalía Europea, el pasado 12 de abril se presentó una denuncia por parte de un particular en relación con un delito de fraude que involucraba los intereses financieros de la Unión Europea. Tras iniciar la investigación y recopilar información, incluyendo datos de Peinado recibidos el 3 de junio, tres días después, "la Fiscalía Europea ha determinado asumir la competencia de la investigación sobre los hechos denunciados".

El reglamento de la Fiscalía Europea establece que cuando ésta ejerza su derecho de avocación sobre una causa, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito". Con esta solicitud, el juez se apartaría de la investigación, a menos que presente una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que será el encargado de decidir quién continuará con el caso, siguiendo lo establecido por la normativa que regula la Fiscalía Europea en España.

En otras palabras, si la Fiscalía Europea asume finalmente la investigación, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que hasta ahora estaba a cargo de ella, la transferirá por completo a la Fiscalía, ya que, a diferencia del sistema español donde las investigaciones son dirigidas por un juez, en el sistema europeo son competencia exclusiva de la Fiscalía.

La UCO registra la sede de Red.es

Como parte de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó el pasado miércoles en la sede de la empresa pública Red.es para recabar los correos electrónicos vinculados con las contrataciones a Barrabés. En concreto, se solicitó acceder a los mails sobre los contratos otorgados a Innova Next a Barrabés, recomendados por Begoña Gómez en dos cartas.

Anteriormente, el juez Peinado había iniciado una investigación separada, −declarada secreta−, para atender la solicitud de la Fiscalía Europea sobre ciertos contratos bajo investigación. En un decreto emitido el 26 de abril, el organismo solicitó al Juzgado que proporcionara información "con la mayor brevedad posible" sobre "los hechos y delitos" relacionados con el procedimiento en el que se involucra a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley.

En una providencia, el juez informó al organismo europeo que en el caso se registran "procesos de adjudicación de varios contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE formada por Innova Next, SLU Escuela de Negocios y The Valley" y que se están investigando delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial.

El juez proporcionó a la Fiscalía Europea una copia de la información solicitada; sin embargo, no emitió opinión sobre la competencia ni sobre si los expedientes en cuestión involucran fondos europeos.