Feijóo y Herrera no esperan a Montoro y pactan con barones socialistas un acuerdo de financiación

Los presidentes autonómicos de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, Aragón, Javier Lambán; Galicia, Alberto Núñez Feijóo y Asturias, Javier Fernández, suscribirán este lunes un compromiso sobre financiación autonómica y despoblación. En este encuentro, los cuatro ejecutivos tratarán de avanzar en problemas comunes. Se da la circunstancia de que Feijóo y Herrera fueron dos de los barones del PP más críticos con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de la reunión en la que el ministro retiró su propuesta para perdonar deuda a las Autonomías incumplidoras. También que el PP tenía previsto plantear su propia propuesta en materia de financiación, y tanto Feijóo como Herrera se han adelantando acordando este encuentro con el PSOE. 

La cita será a las 12.00 horas en el Palacio del Conde Luna y en el encuentro, los responsables autonómicos pondrán en común un problema que afecta a estos territorios y que está muy relacionado con la financiación autonómica, por lo que los cuatro presidentes pedirán, de nuevo, que se tenga en cuenta en la reforma del sistema actual.

En este punto, Lambán ha insistido en la importancia de que los ciudadanos del medio rural tengan las mismas oportunidades y servicios públicos de calidad que en las grandes ciudades. Por ello, ha recalcado que hay que eliminar la "brecha digital" ofreciendo en las pequeñas localidades acceso a Internet de banda ancha.

Ha lamentado que el Gobierno de España lleve cuatro años de "retraso" respecto a la fecha en la que tendría que haber puesto encima de la mesa una nueva financiación. "Evidentemente, comunidades como Galicia, Asturias, Castilla y León o Aragón lo que reclamamos es un sistema que permita que regiones como las nuestras, despobladas, con una población envejecida y dispersa, tengan a sus ciudadanos disfrutando de los mismos derechos que las autonomías más pobladas".

"Eso significa calcular costes por habitantes, valorar la orografía, la dispersión, la despoblación, todo este tipo de conceptos a la hora de dar servicios". Ha agregado que es mucho más caro el coste de un alumno o de la sanidad en el medio rural que en una gran ciudad.

"Es bueno que los gobiernos autonómicos hablemos para defender un país industrialmente fuerte, solidario en su financiación y capaz de hacer frente al declive demográfico", ha subrayado, por su parte, Javier Fernández que puntualiza que el encuentro de presidentes de este lunes da continuidad a los celebrados esta legislatura entre Asturias y las regiones vecinas con el fin de "defender criterios comunes en asuntos de especial relevancia".

Energía

Por otra parte, y además del compromiso relacionado con la financiación autonómica y la despoblación, los presidentes de Asturias, Castilla y León y Aragón firmarán otro reclamando un pacto de Estado por la energía. "Somos tres comunidades autónomas que tenemos economía del carbón, que tenemos centrales térmicas y estamos en contra de su cierre", ha precisado Lambán.

Ha apuntado que el carbón tiene que tener "una parte importante" en el mix energético del país, para que la energía en España tenga unos costes "mucho más razonables" y, así, que la industria sea "competitiva". Ha defendido la transición energética hacia "una economía sostenible" y la instalación de "energías renovables" pero ha considerado que es posible y "necesario" que coexista con el carbón.

Por su parte, Fernández ha abundado en que 2018 es "clave" para definir el modelo de transición energética y pelear por la "supervivencia" de las explotaciones mineras, dos asuntos sobre los que siempre ha mantenido una posición nítida y firme.

Aun considerando la lucha contra el cambio climático un objetivo irrenunciable, el Gobierno de Asturias rechaza una transición precipitada que conlleve el cierre innecesario de centrales térmicas, provoque la pérdida de empleos directos e indirectos y disminuya la actividad del puerto de El Musel, que tiene en el tráfico de graneles una de sus principales tareas.

Desde el Ejecutivo asturiano se destaca que la clausura de las centrales implicaría, además, un aumento del precio de la electricidad, lo que restaría competitividad a la industria española. En especial, a las empresas que más energía consumen (electrointensivas).