La "economía corsaria", los mercenarios y la mala infraestructura traban la reconstrucción de Libia

Las trabas legales en el proceso electoral, la presencia activa de miles de mercenarios extranjeros, la ausencia de un plan para desarmar las milicias, la debilidad en las fronteras, la precariedad de infraestructuras claves como el suministro eléctrico y la ausencia de alternativas a la "economía corsaria" que domina el país lastran la recuperación y reconstrucción emprendida por el nuevo Gobierno Nacional de Unidad (GNU) de Libia.

Aún así, analistas internacionales, políticos locales y diplomáticos extranjeros alaban los progresos logrados por este Ejecutivo, formado en marzo por el Foro Para el Diálogo Político en Libia (FDPL), un organismo no electo creado "ad hoc" por la ONU que tiene como misión pacificar el país y gestionarlo hasta las legislativas del 24 de diciembre.

Los comicios, considerados esenciales para resolver la división política y el conflicto armado que ensangrienta la nación norteafricana desde la caída de la dictadura de Muamar al Gadafi en 2011, afrontan ahora problemas logísticos y legales, fruto de la interrupción en 2014 del proceso constituyente.

Y de la falta de desarrollo de una ley electoral que asiente la democracia en un país con apenas ocho millones de habitantes y vastos recursos naturales.

Este miércoles, la misión de la ONU para Libia (UNSMIL) agradeció los esfuerzos realizados hasta la fecha pero instó al Parlamento en Tobrouk, elegido en 2014, a "aclarar la base constitucional de las elecciones y a promulgar la legislación electoral".

Asimismo, solicitó al resto de "autoridades e instituciones, a la sociedad y a los medios de comunicación que creen las condiciones para la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres en la transición democrática y las elecciones, en la reconciliación nacional, en la vida económica y social del país".

Seguridad y mercenarios

La UNSMIL también instó a las partes enfrentadas a acelerar las negociaciones militares, destinadas a consolidar el alto el fuego negociado el pasado verano por Rusia y Turquía, los dos países más influyentes en el conflicto libio, desarmar las milicias, crear un nuevo Ejército nacional unificado y facilitar la salida de los miles de mercenarios extranjeros que ambas partes han contratado.

"Los mercenarios y las milicias son la gran amenaza. Y un problema muy difícil de resolver ya que tiene el respaldo tanto de Moscú como Ankara, que se han consolidado como potencias militares en el país", explica a Efe un diplomático europeo en Tripoli.

Soldados de fortuna adscritos a la empresa rusa "Wagner Group" –propiedad de Yevgeni Prighozin, amigo íntimo del presidente, Vladimir Putin– desembarcaron, junto a otros compañías privadas de Seguridad rusas (PSMC), en 2017 en el este de Libia para reforzar las filas del mariscal Jalifa Hafter, tutor del antiguo Ejecutivo no reconocido en Tobrouk y hombre fuerte aún del país.

Hafter, que logró el control de la mayoría de los recursos petroleros libios, cuenta también con mercenarios sudaneses, chadianos, árabes y europeos.

El anterior gobierno sostenido por la ONU en Trípoli recibió, por su parte, el apoyo de oficiales turcos y de unos 20.000 mercenarios sirios reclutados por Ankara entre los grupos islamistas de oposición, que igualmente permanecen en el oeste libio.

"Turquía ha tomado el control de bases claves en el oeste, firmado contratos militares y de reconstrucción muy importantes y un programa para formar al Ejército. Al igual que Rusia observa Libia como un trampolín hacia África pero también como base en la batalla por el Mediterráneo", explica a Efe un analista militar europeo.

Economía corsaria

Grupos independientes como el centro de análisis Iniciativa global contra la delincuencia organizada transnacional (GI-TOC) advierten, no obstante, que son la economía corsaria que articula el norte de África y el Sahel y la actividad de las mafias dedicadas al contrabando de personas, armas, alimentos, combustible y otros productos, el verdadero problema de Libia, ya que dominan su economía.

Una actividad que también espolea la migración irregular en el Mediterráneo –"incluso más que la guerra"– y cuyos motores principales son la fragilidad en el control de fronteras y la ausencia de un sistema económico regular que ofrezca las oportunidades de trabajo y riqueza que ahora monopoliza el contrabando.

"Todos estos factores, junto con cuestiones más estructurales, como el difícil progreso que aún debe lograrse en el camino hacia la reconciliación social y política, así como las reformas del sector de la seguridad, son requisitos previos indispensables para el retorno del Estado de ley", explica a Efe Mark Micallef, responsable de GI-TOC en la región.

Según cifras compartidas por instituciones internacionales, en 2019 solo el tráfico de personas generó en Libia más de 1.500 millones de euros mientras que el contrabando de combustible superó los 2.000 millones, y dio empleo a varios miles de familias