Un dirigente del PP de Zaragoza participó en la protesta ilegal de los ultras contra Unidos Podemos

El secretario de Organización del PP de Zaragoza ciudad, José Luis Benítez Izuel, participó en la protesta ilegal de ultranacionalistas españoles que el domingo asedió el pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa y cercenó la libertad de movimientos de 400 cargos públicos y un centenar de periodistas.

Izuel forma parte de la estructura orgánica del PP de Zaragoza provincia, presidido por Javier Campoy, en el que ocupa una de las 14 secretarías ejecutivas del Comité Ejecutivo Provincial, concretamente la de Organización de Zaragoza ciudad, tal y como recoge la web del partido. También ocupa un cargo público de nivel municipal, ya que es vocal en la Junta de Distrito de Torrero.

Tanto el PP estatal como el aragonés se pusieron ayer de perfil con el asunto de Benítez Izuel, que supone una interferencia de elevada intensidad en el discurso oficial de legalismo a ultranza que manejan los conservadores en relación con el conflicto de 1-O. Acudió “a título particular” en una decisión que “no tiene nada que ver con el partido”, señalaron portavoces oficiales de ambas organizaciones.

El estruendoso silencio oficial del PP

El silencio oficial resultó estruendoso. Más, cuando fue el propio Benítez quien difundió en las redes sociales su participación en la protesta ilegal. “Exigiendo a Pedro Santisteve [alcalde de Zaragoza] que vuelvan a ondear las banderas de Zaragoza, Aragón, España y Europa en el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI”, explicaba en su perfl de Facebook, en el que calificaba de “gravísimo ultraje a nuestros símbolos lo que ha sucedido en Zaragoza”, en referencia a la supuesta retirada de las enseñas del pabellón, de cuyo techo colgaban el domingo por la mañana. “No debemos consentirlo”, añadía.

La difusión de rumores como la retirada de esas banderas o la presencia de Arnaldo Otegi en la asamblea de cargos hizo que algunas convocatorias clandestinas, como las realizadas por algunos grupos de extrema derecha, acabaran congregando a alrededor de 600 manifestantes frente a las puertas del pabellón en el que alcaldes, concejales, diputados y senadores de diez fuerzas políticas (UP, Geroa Bai, PNV, ERC, PDCat, Equo, Compromís e IU, entre otras) celebraban una asamblea sobre la situación política en Catalunya.

El asedio al pabellón, que incluso una agresión a la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, que recibió un botellazo, llevó a los responsables del dispositivo policial a asegurar a los organizadores que no podían garantizar la seguridad por falta de efectivos (fuentes policiales cuestionan esa carencia), lo que provocó que la sesión tuviera que celebrarse a puerta cerrada mientras los agentes protegían sus accesos.

Atestado policial con quince denunciados

La Policía identificó finalmente a quince de los 600 participantes en la concentración ilegal, que serán denunciados ante el juzgado por la Policía, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Ese mismo atentado incluirá las pesquisas para tratar de identificar al agresor de Barba, que se enfrenta a un proceso judicial por atentado a la autoridad. El que se derivó de los tres tartazos que recibió en 2011 la entonces presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, terminó con sendas condenas de dos años de prisión para cada uno de los agresores.

En el caso de los quince denunciados, fuentes jurídicas apuntaron a la eventual aplicación de dos tipos penales: el de desórdenes públicos castiga con hasta seis años de cárcel quienes “alteren la paz” en tumultos con lanzamiento de objetos contundentes; el de coacciones pena con hasta tres años a quien “compeliere a efectuar lo que no quiere” a alguien, especialmente cuando esa acción tenga “como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental”.

Podemos e IU piden la dimisión de Alcalde

En cualquier caso, la valoración sobre esa imputación corresponde a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, que se encargará del caso por haber estado de guardia el domingo. En caso de no considerar que existió un delito, la denuncia sería devuelta a la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, que decidirá si les abre expedientes sancionadores por la Ley de Seguridad Ciudadana, que sanciona con un mínimo de 600 euros el participar en concentraciones no autorizadas.

Benítez no fue el único cargo público del centro-derecha que se dejó ver cerca del pabellón Siglo XXI. Jesús Samsó, diputado autonómico de Ciudadanos, formó parte del pequeño grupo (menos de diez personas) que reclamaba la devolución de las obras de arte del monasterio de Sijena, una reivindicación ajena a la que provocó el asedio y las identificaciones.

Por otro lado, Podemos e IU pidieron ayer la dimisión y/o el cese del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, al que acusan de no haber garantizado la seguridad de la asamblea de cargos públicos.

“Preocupación por la seguridad de la ciudad”

Por último, la concejala de Seguridad Ciudadana de Zaragoza, Elena Giner (ZeC), reclamó ayer por carta a Alcalde “un informe de la actuación realizada y una explicación de qué hechos motivaron que la Policía Nacional no pudiera garantizar la seguridad de los asistentes”.

La edil recuerda en la carta como fue “vandalizado” un coche de TV3, como los manifestantes llegaron a golpear las puertas del pabellón y cómo quienes estaban en su interior vieron que “su seguridad no estaba garantizada”, además de que, al salir, “muchos de ellos fueron perseguidos e increpados por manifestantes”.

La concejala le manifiesta al delegado “mi preocupación por la seguridad de la ciudad durante estos días, si es que el motivo es la falta de efectivos suficientes”.