La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el decreto de medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones gracias al apoyo que brindará el PP a la norma del Gobierno. La reforma ha recibido este miércoles numerosas críticas por parte de todos los grupos durante la sesión de la Cámara Baja, ya que la mayoría de los partidos consideran que atenta contra derechos y libertades en el ámbito digital.

Mientras que grupos como ERC, Bildu, JxCat o el PNV han votado en contra, Unidas Podemos se ha abstenido, ya que fuentes de la formación aseguran que el PSOE se ha comprometido a "tomar nota" de las enmiendas propuestas por los de Iglesias durante la sesión de la Diputación Permanente. Ciudadanos también ha votado a favor de la norma.

El decreto llegaba a la Cámara rodeado de una gran polémica, ya que desde los partidos catalanes y otros grupos se considera que su aplicación supone, de facto, un "estado de excepción digital" que pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión. También desde asociaciones de internautas se ha advertido de que la norma podría afectar a las libertades en el entorno digital.

La encargada de defender el decreto en el Congreso ha sido la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, que ha explicado que el objetivo de las medidas es el de garantizar "un punto de equilibrio adecuado entre el avance tecnológico y la seguridad de los ciudadanos, para que podamos estar seguros de que los datos no puedan ser utilizados en nuestra contra en fenómenos de desinformación que todos conocemos".

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció la elaboración del decreto en su momento como una batería de medidas para "frenar la república digital catalana", y aseguró que se estaba "violentando al Estado" en el ámbito digital. Un discurso que contrasta sobremanera con la intervención de Calviño en la Diputación Permanente, que siempre se ha referido a la "seguridad digital" como el único objetivo de las reformas y que en ningún momento lo ha relacionado con el conflicto catalán.

La portavoz del PP Ana Belén Vázquez ha adelantado que su grupo votaría a favor del decreto pero ha afeado a la ministra que "no llame a las cosas por su nombre" y que el objetivo es "frenar la república digital". "Produce indignidad que sea el PP el que esté al lado de Gobierno por un problema de inseguridad en Catalunya", ha dicho la diputada conservadora. Ciudadanos, que también votará a favor, ha calificado la norma de "chapuza legislativa".

El resto de grupos de la Cámara ha criticado con dureza las medidas del Gobierno, calificando el decreto como "un estado de excepción digital" o la "ley Corcuera digital. "Con sus leyes mordaza van a llenar las cárceles de activistas y disidentes a la misma velocidad que llenan las instituciones de fascistas. El PSOE se suma a la estrategia represiva de las leyes mordaza. No pueden frenar nuestra indignación por decreto", ha advertido la diputada de ERC Montserrat Bassa, que, no obstante ha vuelto a tender la mano a los socialistas "cuando quieran hacer política de verdad y estén dispuestos a sentarse".

JxCat: Es un "golpe de Estado digital"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha calificado el decreto de "golpe de Estado digital" y ha anunciado que "se pasa de la ley de la patada en la puerta a la ley de la patada en el servidor". El diputado del PNV Mikel Legarda ha lamentado que la ley ponga en la diana a las "administraciones públicas", ya que, a su juicio, el objetivo es vigilarlas en el entorno digital. "Parece que el peligro para la seguridad nacional son las Administraciones Públicas y no algunos particulares que utilizan las mismas tecnologías, es el mundo al revés".

"Es un nuevo recorte de libertades y un paso atrás en derechos, un ejemplo de cómo a este Gobierno en funciones se le va la mano hacia posturas reaccionarias cuando se habla del problema territorial", ha denunciado la portavoz de Bildu en la Cámara, Mertxe Aizpurua. También desde Unidas Podemos, el diputado Antón Gómez-Reino ha advertido de la falta de garantías del decreto que, entre otras medidas, permite al Gobierno intervenir telecomunicaciones y redes digitales sin autorización judicial.

"Esta medida puede generar una recentralización digital peligrosa. Presentamos nuestra disconformidad y demandamos la introducción de un mecanismo judicial para aumentar las garantías. Todos los recortes de libertades en Internet derivan en recorte de libertades en la calle", ha concluido Gómez-Reino. El Grupo confederal se abstendrá después de que la ministra se haya comprometido a introducir enmiendas al decreto, aunque esas posibles enmiendas tendrán que esperar hasta la próxima legislatura. La ley está en vigor desde el día 6 de noviembre.