Una delegación oficial vasca constata las vulneraciones a los derechos humanos cometidas por la Policía colombiana

La defensa de los derechos humanos es una profesión de alto riesgo en Colombia. Tampoco está exento de peligro el simple acto de protestar en la calle contra las medidas del Gobierno conservador de Iván Duque. Así lo ha constatado una delegación oficial que acaba de visitar ese país latinoamericano tras una alarmante escalada de la violencia institucional contra manifestantes. 

Las imágenes de la represión en las calles de Bogotá dieron la vuelta al mundo en 2021. Sobre el pavimento dejó al menos una treintena de muertos –de acuerdo a cifras contrastadas por Naciones Unidas– y un alto número de heridos. En ese contexto, las organizaciones colombianas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos han advertido sobre las graves vulneraciones que se registran en el país.

Todo ello ha sido confirmado in situ por una delegación oficial de Euskadi que ha realizado una nueva visita institucional a Colombia en el marco del Programa Vasco de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. El grupo ha estado encabezado por el Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, y por la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Ejecutivo autonómico, Monika Hernando.

Los representantes del Gobierno de Iñigo Urkullu han estado acompañados por una representación de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco conformada por Leixuri Arrizabalaga (presidenta), Iñigo Iturrate (PNV), Oihana Etxebarrieta (EH Bildu), Miren Gallastegi (PSE), Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU), Carmelo Barrio (PP-Cs) y el letrado Juan Carlos Areizaga, así como por integrantes de las organizaciones de derechos humanos y cooperación Mugarik Gabe, Alboan, Emigradas sin Fronteras y Zehar.

Entre el 23 y el 29 de enero, la delegación oficial mantuvo un amplio número de encuentros con representantes de distintas organizaciones de derechos humanos, así como con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados o la Defensoría del Pueblo. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección, una entidad adscrita al Gobierno colombiano, se negó a recibir a los representantes vascos, alegando razones de agenda.

Las conclusiones son contundentes. En una declaración a la que ha tenido acceso Público, la misión vasca advierte sobre "el aumento de la violencia y el recrudecimiento del conflicto, lo que se traduce en un mayor hostigamiento, masacres, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados masivos de las comunidades rurales y las personas defensoras de derechos humanos".

De hecho, durante la semana que la delegación vasca ha permanecido en el país "se han producido asesinatos, atentados, secuestros de menores y otros hechos violentos de extrema gravedad". Leire Lasa, representante de CEAR Euskadi e integrante de la comitiva desplazada a Colombia, señala a Público que durante la visita han constatado "un recrudecimiento del conflicto en el país".

"Observamos con extrema preocupación el aumento de las violencias contra los grupos indígenas y contra el pueblo negro, así como contra defensoras y defensores de derechos humanos en sectores urbanos", afirma. Como muestra, un botón: por razones de seguridad, la delegación vasca no pudo acceder a territorios donde viven defensores de derechos humanos amenazados. Se trata de la primera vez en diez años que se registra una situación de ese tipo. 

Represión policial

La ola represiva contra manifestantes no escapa de la valoración realizada por la comitiva de Euskadi. "En un contexto de movilizaciones masivas y pacíficas en el país, que tuvieron un tratamiento militar por parte del Gobierno colombiano, la delegación manifiesta su preocupación por la criminalización de la protesta que puede verse agravada por la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, aumentando el riesgo de montajes judiciales contra las personas

que tomaron parte las movilizaciones, principalmente jóvenes que salieron pacíficamente a revindicar sus derechos básicos", alega. 

Lasa advierte en tal sentido que la población colombiana "se levantó pacíficamente para reivindicar sus derechos y recibió un tratamiento de guerra por parte del gobierno". "Desde entonces se está viviendo una estrategia de estigmatización y criminalización contra las personas que formaron parte de dichas manifestaciones", señala la representante de CEAR Euskadi. 

"El Gobierno de Iván Duque apuesta por la represión"

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez, otro de los integrantes de la delegación, alerta "en los últimos meses ha habido un incremento de la represión policial y del Estado, ya fuese en el seno de las manifestaciones como posteriormente a través de montajes policiales".

El representante de la coalición de izquierdas lamentó que el Gobierno de Iván Duque "apuesta por la represión", lo que se plasma, por ejemplo, en los casos de "centenares de personas que se encuentran detenidas en prisión provisional".  

Acuerdos de Paz

La representación institucional del País Vasco también constató "la falta de implementación de los Acuerdos de Paz, firmados en 2016 para superar el

conflicto", una grave carencia que "está en la base de la crisis humanitaria que atraviesa el país".

Todo esto ocurre en un contexto electoral: en marzo próximo habrá elecciones legislativas, mientras que en mayo tendrán lugar las presidenciales. No en vano, la delegación considera en su declaración que "los procesos electorales constituyen una oportunidad para que el Gobierno resultante asuma un compromiso decidido con la implementación real, efectiva e integral de los Acuerdos de Paz". 

Una de las preocupaciones mostradas por los representantes vascos se centra precisamente en reclamar que se garantice la "participación política, especialmente la de los sectores históricamente más golpeados por el conflicto y la persecución política, la reanudación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo y todos los actores armados fuera de la ley".

Asimismo, llama a "avanzar en la legalización de las tierras de los pueblos indígenas y el pueblo negro"; "fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque étnico y de género" e "impulsar de forma decidida los sistemas de reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto", entre otros puntos. 

Desplazados y exiliados

Esa grave situación tiene otro efecto no menos preocupante. "Con unos niveles de violencia tan altos volvemos a tener unas cifras de desplazamiento forzado interno de las más altas del mundo, mientras que muchas personas deben salir del país y tienen el exilio como única vía para poner su vida a salvo", explica Lasa.

En medio de ese escenario, la representante de CEAR Euskadi mira directamente hacia lo que ocurre a este lado del Atlántico. "Ante esta situación, el Gobierno de España tiene una política de denegación sistemática de las solicitudes de protección internacional que presentan los ciudadanos y ciudadanas colombianas", lamentó.