El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este miércoles que el indulto concedido a seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota contaba con todos los informes favorables y ha negado que en el "caso horas extras" pueda hablarse de delito de corrupción.

"Es un indulto parcial, simplemente para que no pierdan la condición de funcionarios y nos pareció que las causas que concurrían justificaban el ejercicio del indulto", ha destacado Catalá al ser preguntado en los pasillos del Congreso de los Diputados.

El Consejo de Ministros concedió el pasado viernes el indulto parcial a seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota condenados, junto a la exalcaldesa popular de la localidad Eva Corrales, a cuatro años y medio de prisión por el conocido como "caso horas extras".

El indulto concedido a estos trabajadores municipales fue solicitado con el apoyo de todos los grupos políticos en un pleno municipal y el de 42.000 firmas que pedían la medida.

Una "gran demanda" social y política que ha recordado el ministro, quien ha asegurado además que, en opinión de su departamento y del Gobierno, estaba plenamente justificado.

"Concurrían los elementos adecuados para este tipo de indulto que no creo en absoluto que se pueda calificar de delito de corrupción", ha insistido Catalá, para quien se trata de "un buen ejemplo de cuando el indulto tiene sentido".

En una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a la exalcaldesa de Rota, a seis funcionarios municipales y a la esposa de uno de ellos por contrataciones irregulares en el denominado "caso horas extras".

Todos fueron condenados por haber participado entre 2004 y 2010 en sucesivas gestiones para adjudicaciones irregulares a un funcionario de tareas de confección de adornos municipales, que primero fueron abonadas con facturas a nombre de su mujer y después, entre 2007 y 2010, como 4.398 horas extraordinarias.

Un caso que el ministro ha resumido en que los funcionarios contrataron "la elaboración de unas bandas para uniformes para la celebración de unas fiestas populares por una cuantía económica mínima". Esta polémica decisión se producen tan solo un día después de que se apruebe en el Congreso la reforma de la Ley de Indultos para que estos no beneficien a maltratadores y a corruptos.