CongresoPensiones, ley mordaza y ley LGTBI: las cuestiones pendientes de la nueva legislatura

La XIII Legislatura comienza su andadura el martes en el Congreso con muchas expectativas sobre las leyes que los grupos pueden aprobar en la Cámara, pero también con bastantes cuestiones sin resolver de la anterior legislatura. El pasado ciclo político estuvo marcado por una serie de elementos que obstaculizaron bastante la aprobación de normas en el Parlamento.

La complejidad a la hora de construir mayorías, el bloqueo sistemático y los retrasos por parte de la Mesa del Congreso en la aprobación de leyes, la irrupción de una moción de censura en medio del ciclo político, o el final precipitado de la legislatura dificultaron mucho la actividad legislativa. Muchos de los trámites que se iniciaron en los últimos años no se vieron finalizados a causa de esta situación.

Este es el caso de los acuerdos del Pacto de Toledo. Aunque los grupos estuvieron durante varios años avanzando en las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones y de financiación de la Seguridad Social, el precipitado final de la legislatura acabó con cualquier acuerdo posible. Los partidos habían llegado a varios acuerdos (como actualizar las pensiones con respecto al IPC por ley), pero a 15 días del cierre del Congreso, el Pacto se rompió.

La mayoría de los grupos echaron la culpa de esta ruptura a Unidos Podemos, a los que acusaron de planear el desacuerdo desde el principio por interés electoralista. Los de Pablo Iglesias, sin embargo, defendieron que los demás partidos querían forzar un acuerdo inexistente que no iba a mejorar la situación de los pensionistas.

En esta legislatura las formaciones deberán volver a empezar con las recomendaciones del Pacto con el objetivo de lograr un consenso del Congreso que marque el camino de la reforma de las pensiones al Gobierno. Tampoco logró la Cámara reformar la ley de seguridad ciudadana del PP.

La conocida como ley mordaza pasó varios meses atascada en diversos trámites del Parlamento y, aunque cuando llegó a comisión los partidos agilizaron la ponencia y avanzaron sobremanera en apenas dos meses, el final de la legislatura acabó también con esta reforma. Los grupos encargaron a los letrados de la comisión un informe sobre los avances y se emplazaron a retomar los trabajos en la siguiente legislatura en base a los consensos obtenidos; entre otros, la despenalización de la toma de imágenes de policías y guardias civiles.

Los trabajos de la Comisión de Igualdad se saldaron también con un fracaso legislativo que dio al traste con leyes como la de igualdad LGTBI o el proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. El enorme volumen de trabajo de la comisión, la complejidad de las leyes en trámite y el bloqueo de algunas normas ralentizaron la aprobación de estas iniciativas, que no llegaron a aprobarse.

Pero más allá de los compromisos de los grupos respecto a determinadas leyes y acuerdos, hay otras cuestiones pendientes de la pasada legislatura que, más que de la voluntad de los grupos, dependen de una serie de plazos para completar sus trámites. Este es el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Administración de RTVE.

Interinidad de RTVE y del CGPJ

Las nuevas Cortes heredan una lista de 20 candidatos preseleccionado por el comité de expertos que los grupos designaron en la pasada legislatura. Sin embargo, antes de elegir a los 10 miembros que compondrán la cúpula de RTVE de manera definitiva, el Parlamento deberá resolver los numerosos recursos que se presentaron durante el proceso de preselección por parte del comité de expertos.

Desde agosto del pasado año, la Corporación está dirigida por Rosa María Mateo, nombrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez administradora provisional única, hasta que se complete el proceso de renovación de la cúpula.

El Consejo General del Poder Judicial y su presidente, Carlos Lesmes, se encuentran en funciones desde el 4 de diciembre del pasado año. Aunque en un principio parecía que PP y PSOE habían logrado un acuerdo para sacar adelante la renovación de sus 20 vocales, la filtración del nombre del juez Marchena en un polémico mensaje del portavoz de los conservadores en el Senado, Ignacio Cosidó, terminó con cualquier posibilidad de acuerdo.

Los resultados electorales del 28-A no acercan en ningún caso el acuerdo en el Poder Judicial, dado que la aritmética salida de los comicios no es precisamente la idónea para la renovación. El acuerdo necesita el apoyo de tres quintos de la Cámara, algo que ninguno de los dos bloques del Parlamento puede lograr fácilmente.