Una clase de historia gratuita para Rajoy: en España hay 114.226 desaparecidos de la Guerra Civil

MADRID.- Alejandro Agón era jornalero. Fue fusilado por las tropas franquistas el 24 de septiembre de 1936. Nadie sabe donde está. Luciano Chamorro desapareció durante la guerra en la provincia de Badajoz. Tenía 37 años, era campesino y nunca se volvió a saber de él. Lisardo Gutierrez, minero de profesión, fue detenido y 'paseado' por las fuerzas franquistas en marzo del 38. Tras una breve estancia en la cárcel fue ejecutado. Se desconoce dónde descansan sus restos mortales. 

La lista es casi interminable. El exjuez Baltasar Garzón documentó 114.226 desaparecidos de la Guerra Civil en su auto sobre los crímenes franquistas antes de ser expulsado de la Audiencia Nacional. Son tantos que el investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias, afirma que sólo Camboya supera a España en número de desaparecidos. 

Sin embargo, para Rajoy no existe ninguno de estos desaparecidos. Es más, en el caso de que existieran, el presidente del Gobierno en funciones considera que el Ejecutivo no puedo hacer nada para ayudar a las familias que los están buscando. En el programa Salvados, que se emitió ayer en La Sexta, Rajoy respondió al periodista Jordi Évole que no tiene "claro que sea cierto" que miles de españoles no saben dónde están enterrados sus abuelos y que no cree que el Gobierno "pueda hacer nada para arreglarlo". 

En una sola frase, el presidente del Gobierno puso en duda la existencia de desaparecidos de la dictadura franquista en España

De esta manera, en una sola frase, el presidente del Gobierno puso en duda la existencia de desaparecidos de la dictadura franquista en España y despreció a los familiares que llevan media vida intentando sacar del olvido, la indiferencia y de las cunetas a los miembros de su familia que fueron asesinados por sus ideas políticas.

Rajoy despreció, queriendo o sin querer, a víctimas como Ascensión Mendieta, una mujer que perdió a su padre siendo apenas una niña y que se ha pasado media vida luchando para poder sacar a su padre del agujero al que le mandaron las tropas de Franco. De hecho, ha tenido que ser la Justicia de Argentina la que mandara exhumar la fosa común para que Ascensión pudiera cumplir el sueño de su vida con más de 90 años de edad. 

Pero con esa misma frase el presidente del Gobierno negó también el trabajo de la Justicia española (Garzón investigó el tema como magistrado de la Audiencia Nacional); del Ministerio de Justicia, que tiene un mapa de fosas comunes en España; del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que ha instado a España a solucionar el problema de los desaparecidos; del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU y del Relator Especial de la ONU, que en sus recientes visitas a España comprobaron -y denunciaron- la existencia de miles de desaparecidos y de la política de impunidad y olvido de las instituciones.   

"Me parece increíble que un presidente del Gobierno de un país democrático pueda decir algo así. Sus palabras son una buena descripción de la actitudad de buena parte de la derecha", denuncia Mirta Núñez

"Me parece increíble que un presidente del Gobierno de un país democrático pueda decir algo así. Sus palabras son una buena descripción de la actitud de buena parte de la derecha. Es infame que, después de todo lo que se conoce y todo lo que se ha publicado, se pueda mantener una afirmación así. No hay más ciego que el que no quiere ver", señala en declaraciones a Público Mirta Núñez, profesora de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y exidirectora de la cátedra de Memoria Histórica de la mencionada Universidad. 

A Núñez le indigna que Rajoy pueda mentir tan descaradamente sobre un tema en el que, incluso, se han pronunciado varios organismos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el Consejo de Europa, en un informe reciente, insta a España a solucionar la búsqueda de los desaparecidos y a garantizar la justicia a la que tienen derecho las familias de los desaparecidos durante la Guerra Civil. Asimismo, este informe recoge que la única cifra sobre desaparecidos es la que puso encima de la mesa el exjuez Garzón y destaca que no pudo ser confirmada ya que la investigación fue bloqueada. 

La negativa de Mariano Rajoy a reconocer que en España aún hay miles de desaparecidos de la Guerra Civil es absolutamente imposible de mantener. Tanto es así que el propio Ministerio de Justicia mantiene en su web el mapa de fosas comunes de desaparecidos de la Guerra Civil. Unas fosas que guardan los restos mortales de los republicanos asesinados por las tropas franquistas porque -conviene recordar- Franco mandó crear el 1 de mayo de 1940 un Registro Central de Ausentes para localizar y exhumar a los muertos del bando franquista en la Guerra Civil. Por cierto, la responsabilidad de la exhumación era del Estado y no de las familias, tal y como recoge la Ley de Memoria Histórica actual. 

Pero es más, un decreto de abril de 1938 concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio y en diciembre de 1940 se extendió por ley estas pensiones a las viudas, huérfanos y padres de los militares que combatieron o se alzaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados o murieron en la Guerra. Así, en agosto de 1939 también se aprobó ya el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, ex combatientes y ex cautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra, y se les reservó el 80% de las plazas en los niveles inferiores de la Administración, tal y como recogió Juan Carlos Escudier en un artículo publicado en El Confidencial. 

En las miles de fosas esparcidas por todo el Estado, por tanto, sólo hay republicanos. Republicanos como Federico García Lorca, uno de los poetas más ilustres de la historia de España y que continúa desaparecido desde la Guerra. "Lorca es sin duda el desaparecido más ilustre y simboliza y representa a los miles de desaparecidos. Se trata de uno de los poetas más grandes de la historia de Europa y el Estado español no lo está buscando. A mi me avergüenza. Dice Rajoy que España es un gran país, pero es mentira. España no puede ser un gran país mientras haya miles de personas en las cunetas", señala a Público el hispanista Ian Gibson, que califica las declaraciones de Rajoy como "espantosas". "Me parecen espantosas, pero desgraciadamente me las esperaba. Ya habíamos escuchado a Rafael Hernando y a Pablo Casado. Es la opinión del PP", sentencia Gibson. 

El historiador Ángel Viñas, autor de obras como La República en guerra. Contra Franco, Hitler, Mussolini y la hostilidad británica y La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco,  denuncia que el Gobierno de Rajoy "ha impedido la labor de los historiadores en todo lo posible". "Basta con señalar la urticaria que ha producido a su ministro de Defensa la posibilidad de desclasificar los diez mil documentos que una comisión técnica recomendó realizar a su antecesora, por desgracia al final de su mandato", subraya el historiador.

Asimismo, Viñas recuerda a Mariano Rajoy que la Guerra Civil "ocurrió en circunstancias muy concretas que no se dan en la actualidad y que es improbable que se den en el futuro: Una parte de ejército revanchista e intoxicada, unos poderes económicos y sociales que ayudaron la sublevación, la ayuda a Franco de las potencias fascistas, la retracción de las democracias occidentales, la política de no intervención y la actuación compensatoria de la Unión Soviética".

El presidente del Gobierno en funciones señaló -además- que no cree que el Gobierno pueda hacer nada para "arreglar" la situación de las miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos, en el caso de que éstos existieran. El abogado de la llamada 'Querella argentina' y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Jacinto Lara Bonilla, explica a Público que lo que puede hacer su Gobierno es, ni más ni menos, que cumplir con la Ley y con los tratados internacionales suscritos por España, como por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 

"Para que Rajoy supiera qué tiene que hacer bastaría con que se leyera los informes que realizaron, tras sus visitas a España, el Relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias", explica el abogado. 

El relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición instó a España a dejar sin efecto la ley de amnistía, y tanto él como el mencionado Grupo de Trabajo exigieron al Estado haga una "política de Estado" para reparar a las víctimas de franquismo, y que lo haga, además, "con urgencia", debido a la avanzada edad de muchas de ellas. 

Asimismo, el relator incluyó en su informe que el mapa de fosas comunes de Justicia recoge hasta 2.382 enterramientos clandestinos que "contendrían los restos de 45.000 personas" y criticó duramente el punto de la Ley de Memoria Histórica que establece que son los familiares los que tienen la responsabilidad de localizar y abrir las fosas de la Guerra Civil y no el Estado: "El modelo de privatización de las exhumaciones facilita la indiferencia de las instituciones del Estado", dice. 

Por su parte, el Grupo de Trabajo instó a España a "comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación de la suerte o el paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura", a "proporcionar un mayor apoyo institucional y financiero a los familiares y asociaciones de familiares" y "adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas".

De esta manera, Bonilla considera que el problema no es que Rajoy no conozca que en España hay desaparecidos. Es que ni Rajoy, ni el Partido Popular quiere saberlo. Por si acaso cambia de opinión, Público le ofrece al presidente esta clase de historia gratuita.