CETAEl órgano de gobierno de los jueces estudia si pronunciarse sobre el CETA

El Gobierno del PP quiere que el Congreso de los Diputados dé luz verde al CETA lo antes posible, pero se ve obligado a presenciar cómo se van abriendo nuevos frentes durante su avance. María Concepción Sáez Rodríguez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al órgano de gobierno de los jueces que se pronuncie sobre el polémico tratado de libre comercio entre Canadá y la UE. Cursó esta petición hace tres semanas, pero hasta la fecha no ha obtenido ninguna respuesta.

Sáez Rodríguez explica a Público que, dada su relevancia e “impacto”, porque “elimina buena parte de las competencias y la jurisdicción de los tribunales españoles”, es difícil justificar que el Gobierno de Mariano Rajoy no haya querido que los jueces se pronuncien sobre el CETA. “Se está puenteando al Consejo. No se ha pedido un informe que hubiera podido ilustrar a los diputados y senadores sobre la opinión que les merece este acuerdo. Ese elemento de juicio no se puede hurtar al legislador”, apostilla.

En última instancia, señala, si el CGPJ dictamina que el informe es preceptivo –aunque en ningún caso sería vinculante-, y el acuerdo es ratificado sin que se tenga en cuenta este documento, esto podría servir para solicitar al Tribunal Constitucional la nulidad del CETA.

El 29 de mayo, la vocal del CGPJ remitió un escrito a la Comisión Permanente de este órgano –cuya próxima reunión tendrá lugar este jueves-, en el que sustanciaba su petición citando varias sentencias del Tribunal Supremo, así como las distintas normativas que establecen el carácter “preceptivo” de este informe. De hecho, el Gobierno sí ha contado con un informe similar redactado por el Consejo de Estado –como también es preceptivo-, y sólo el grupo parlamentario Unidos Podemos en el Congreso ha llegado a exigir al Ejecutivo que pregunte sobre el CETA al Consejo.

Poco después, el 1 de junio, la Comisión Permanente decidió solicitar un informe sobre la conveniencia o no de emitir una opinión sobre el acuerdo al Gabinete Técnico del Consejo. A día de hoy no ha habido más noticias al respecto.

“Probablemente la consigna sea que se dilate lo máximo posible en el tiempo”, apunta Sáez Rodríguez, que muestra su sorpresa porque “una cuestión con interés jurídico, pero en absoluto irresoluble”, esté llevando “tanto tiempo al Gabinete Técnico”. “Ahí está lo mejor de lo mejor del Consejo a nivel jurídico”, ha comentado. El factor tiempo es importante, teniendo en cuenta que el acuerdo será ratificado –con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos- en el último pleno del periodo de sesiones, la próxima semana.

La vocal del CGPJ afirma que desde un punto de vista “político” ya es relevante que desde el Congreso se denuncie la ausencia de ese informe, y que el Consejo se plantee si debe o no pronunciarse. A nivel “jurídico”, continúa, sería “muy interesante que el CGPJ llamara la atención al Ejecutivo por autorizar un tratado que les afecta como jueces, sin pedir su opinión como órgano de gobierno de los jueces”.

Organizaciones de jueces y juristas de distintas partes de Europa han denunciado los peligros del CETA y su homólogo estadounidense en varias ocasiones. En España, Jueces para la Democracia ha rechazado los tribunales de arbitraje de inversiones del TTIP (acuerdo comercial entre EEUU y la UE), idénticos a los del CETA, porque su creación representaría “una usurpación de las funciones judiciales estatales”.

“Su trascendencia se pone de manifiesto con los tribunales de arbitraje”

Además de sustanciar su petición en base a la jurisprudencia, el escrito de la vocal del CGPJ al que ha accedido este diario, advierte de que la necesidad del pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces se hace evidente, teniendo en cuenta la propuesta de creación de los tribunales arbitrales.

“La relevancia objetiva del CETA es indiscutible; la vienen mostrando los intensos debates jurídicos desarrollados desde hace meses en numerosos países miembros de la Unión Europea, que incluso han dado lugar a su examen por el Tribunal Constitucional alemán o por el Consejo Constitucional de Francia. Su trascendencia en el terreno de la jurisdicción -que, por sí sola, avala la necesidad de obtener la opinión del órgano constitucional que encarna el Poder Judicial en nuestro Estado de derecho -, se pone de manifiesto sólo mencionando la creación y regulación en el CETA del controvertido Investment Court System, según su nomenclatura en inglés, previsto en el Capítulo VIII del Acuerdo”, reza el texto.

Sáez Rodríguez decidió solicitar este informe a propuesta de Ecologistas en Acción, una de las 350 organizaciones sociales, sindicales y laborales que integran la Campaña estatal no al TTIP. A raíz de esta petición, la vocal del CGPJ pide a la Comisión Permanente del órgano que “se pronuncie públicamente respecto al trámite omitido y realice cuantas acciones considere oportunas para reclamar la competencia que tiene legalmente atribuida este Consejo para emitir el preceptivo informe”. También solicita que el documento sea incorporado al expediente de autorización que hoy tramita el Congreso de los Diputados y que este martes salió de la Comisión de Exteriores rumbo al pleno de la próxima semana.