Comisiones Obreras de Madrid (CCOO) ha demandado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el juzgado de Primera Instancia de Madrid para que se retracte de sus declaraciones públicas en las que desacreditó a los profesionales sanitarios de los centros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Las declaraciones fueron realizadas por la presidenta a finales de 2021 en una entrevista radiofónica y en ella deslizó que los ciudadanos recibían un trato diferente según el centro de salud al que acudieran: "Sí que quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... lo vamos a investigar", indicó el 21 de diciembre.

Desde la federación regional de CCOO han subrayado que estas declaraciones "ponían en entredicho el compromiso y la honestidad de los profesionales del primer nivel asistencial de la Sanidad Pública en Madrid, y con éstas dañó su reputación y alentó conductas violentas entre usuarios".

"Desacreditó a este colectivo", denuncian en un comunicado, y lo hizo a través "de una emisora de radio con una audiencia de 757.000 oyentes" sembrando "dudas" entre la opinión pública "en el pico de la sexta ola de la pandemia y cuando los centros de salud estaban colapsados y desbordados por la crecida exponencial de contagios".

Por ello, desde el sindicato reclaman a Díaz Ayuso que se retracte de esas palabras en el mismo programa donde se vertieron, además de una indemnización simbólica de un céntimo de euro por los daños y perjuicios a los sanitarios madrileños.

"Lo que menos se esperan los profesionales de un sector que ha vivido tiempos muy difíciles durante esta crisis sanitaria, es que la máxima responsable gubernamental de una comunidad autónoma y su equipo de gobierno se dedique a pasear por distintos medios de comunicación con declaraciones que pueden atentar contra la dignidad en la esfera laboral y contra su reputación", ha alegado CCOO que exige una reparación pública.

También han remarcado que sus palabras "no solo provocaron daño moral y mala reputación a los y las profesionales de la Atención Primaria sanitaria, sino que además tuvieron graves consecuencias que se materializaron en una concatenación de agresiones por parte de usuarios contra profesionales y medios materiales de los centros de salud". Hechos que ha documentado el propio sindicato para su demanda.

Desde CCOO han señalado que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid son "absolutamente desafortunadas y carentes de toda verdad", "máxime cuando desde el inicio de la pandemia por la Covid-19 su propio gobierno ordenó el cierre de 37 SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria), lo que dio lugar a dejar desatendida a la población en los horarios en los que los centros de salud permanecen cerrados".

"Además, debido a la falta de personal, se cerraron, de manera puntual, consultorios locales; en numerosos centros de salud el Sermas activó el Plan de Contingencias que permite el funcionamiento del centro de salud, únicamente con un médico y con personal auxiliar administrativo, personal auxiliar de enfermería y enfermeras. En estos centros, sus responsables reorganizaron la atención solo para los pacientes urgentes, dejando de atender la consulta ordinaria", sostienen.

Más allá de las palabras, CCOO recrimina a Ayuso que dejara "los centros de salud sin cobertura médica siendo atendidos solo por el personal auxiliar administrativo y de enfermería" y las condiciones laborales a las que están sometidos los profesionales.

"De una plantilla total de 14.788 profesionales de todas las categorías, a fecha 3 de enero de 2022 (fecha más próxima a las declaraciones), estaban de baja médica por Covid 465 profesionales sin sustituir, eso sin contar con las numerosas bajas laborales por contingencias comunes tales como: ansiedad, depresión, etc., de las que el Sermas no aporta datos a los sindicatos", añadieron.

Además, según explican desde el sindicato, los trabajadores que, sin estar en situación de incapacidad temporal, son considerados de alto riesgo y poseen dispensa para no trabajar presencialmente.