El empresario Manuel Carrillo ha confesado este miércoles en el juicio del caso Pretoria, que entregó 6.480 euros al entonces alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartolomé Muñoz, que le pidió a cambio de que se adjudicara a su empresa Limasa un contrato de limpieza. [Puedes seguir el juicio en directo]

Lo ha admitido en la tercera sesión de la vista oral que juzga el mayor caso de corrupción urbanística, celebrada en la Audiencia Nacional y en la que ha reconocido ser autor de un delito de cohecho tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción sujeto a su declaración.

En virtud a su confesión, la fiscal Ana Cuenca ha anunciado que pedirá para él en su escrito de conclusiones definitivas 6 meses de cárcel que se pueden sustituir por una multa de 7.200 euros y además otra multa de 12.480 euros, al aplicársele la atenuante de confesión del daño.

Esto supone una reducción de la petición de la pena, que inicialmente era de tres años de cárcel y casi 20.000 euros de multa para él.

La acusación ejercida por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) se ha sumado también a la petición de la Fiscalía y el tribunal ha exonerado a Carrillo de acudir a las sesiones del juicio.

"Ni una palabra a nadie"

"Sí, yo le entregué los 6.480 euros que me había pedido", ha dicho Carrillo en relación a Muñoz, dinero que le entregó en su despacho de la Alcaldía en tres cantidades de 2.100, 1.980 y 2.400 euros en tres "sobrecitos" que había preparado en una cafetería al lado del consistorio, según ha confirmado él y se ha podido oír en conversaciones telefónicas reproducidas en la sala.

En las mismas, el entonces alcalde socialista le decía al empresario que no se preocupase porque el contrato ya estaba "liquidado y ni una palabra a nadie". "No sabes lo que te lo agradezco", le respondió Carrillo.

El elexalcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartomeu Muñoz. EFE

A cambio de la adjudicación del contrato, Carrillo también aportó 6.000 de los 12.000 euros que el alcalde le pidió para esponsorizar un club deportivo de Santa Coloma y ha dicho que lo hizo por su "deformación profesional" de atender las peticiones del ayuntamiento "a la mayor prontitud" y para tener una "relación normal y correcta" con el regidor.

El administrador de Limasa, la empresa que se ha venido encargando de la limpieza de los edificios públicos de la localidad desde los años 70, ha dicho que la entonces directora del Área de Servicios Territoriales del Ayuntamiento se puso en contacto con él para que aclarasen algunas cuestiones del contrato.

Carrillo ha dicho que tras una reunión con los técnicos del ayuntamiento se figuró que su empresa "iba por el buen camino".

Efectivamente, el contrato finalmente se le adjudicó a Limasa, pese a que, según la Fiscalía, no presentaba la oferta más ventajosa del concurso.

Operación Pallaresa

Por su parte, Bartomeu Muñoz ha justificado que se modificaran los contratos iniciales de la operación Pallaresa -aprobada por el consistorio en 2001 para la creación de un centro comercial, un hotel y viviendas- como requisito necesario para que saliera adelante el proyecto, pese a la acusación de la Fiscalía que entiende que estas modificaciones ocultaban la revalorización de los terrenos de la que se beneficiarían las sociedades que habían conseguido irregularmente la adjudicación.

El imputado ha afirmado que el proyecto estuvo parado dos años porque era "absolutamente imprescindible" modificar el plan general metropolitano. Años después, en 2009, se produjo otra modificación que implicaba la disminución de estrellas del hotel que se construyó en la zona y la tipología de viviendas para que pasaran a ser de alquiler y no solo de compra.

De nuevo ha insistido, como ya hizo este marte a preguntas de la fiscal Anticorrupción, que el cuerpo político de Santa Coloma no entraba en estas operaciones y que eran responsabilidad de los técnicos. 

'Luigi' niega ser el conseguidor

El exdiputado del PSC Luis Andrés García, "Luigi", ha negado que intermediase entre ayuntamientos barceloneses y empresarios a beneficio de estos últimos a cambio de comisiones, ni que actuase como "conseguidor" de la trama de corrupción urbanística, como cree la Fiscalía.

"En ningún caso he intervenido, intermediado ni gestionado por cuenta de terceros ninguna operación urbanística", ha asegurado el principal acusado del juicio Pretoria, para quien la Fiscalía pide 8 años de prisión y 22,6 millones de euros de multa por tres delitos continuados de tráfico de influencias y un delito continuado de blanqueo.

Según su testimonio y en contra de lo que considera la fiscal, él "nunca" informó a empresarios acerca de los concursos públicos que salían en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras, a los que presuntamente la trama defraudó unos 45 millones de euros.

Y tampoco controló ni gestionó -ha especificado- a quién se le iban a conceder las adjudicaciones de los proyectos urbanísticos de los mencionados municipios: "Eso es imposible, en absoluto".