madrid
No hay control del Congreso de los Diputados al Gobierno de Pedro Sánchez. La investidura ha servido para que el Ejecutivo no se haya sometido a la vigilancia del Legislativo, como establece la ley, desde que Pedro Sánchez está en funciones. Esto es así porque los órganos necesarios para llevar a cabo este control no están formados, a pesar de que la constitución del Parlamento tuvo lugar en mayo.
La investidura del presidente del Gobierno ha monopolizado prácticamente toda la actividad que se ha desarrollado en el Congreso después de las elecciones del 28 de abril. Tras los comicios, esta actividad se centró en una cuestión: el papel que iban a desempeñar los diputados presos de ERC y JxCat en la Cámara. De hecho, las primeras reuniones de la Mesa, con Meritxell Batet al frente, se centraron en esta cuestión.
Tras la suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, los grupos se centraron en constituir los órganos necesarios para que el Congreso echara a andar en la nueva legislatura. Sin embargo, el retraso en la formación de la Diputación Permanente y de las comisiones parlamentarias ha permitido a Sánchez evitar rendir cuentas ante el Poder Legislativo.
La ley establece que, en periodo ordinario, es el Pleno del Congreso el que se encarga de controlar al Ejecutivo en sus funciones. Sin embargo, desde el mes de julio la Cámara se encuentra en periodo fuera de sesiones, y, por lo tanto, no es el Pleno el que puede forzar la comparecencia del Ejecutivo.
En estos casos es la Diputación Permanente la que requiere al Gobierno que se someta al control parlamentario. Desde el 21 de mayo, fecha de constitución del Congreso, hasta la actualidad, no se ha conformado este órgano. Y no será hasta el día 23 de julio, fecha elegida por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, cuando se constituya. Si no hay Diputación, en periodos fuera de sesiones no existe ningún organismo que pueda forzar a Sánchez a rendir cuentas ante la Cámara, por lo que, durante prácticamente todo el mes de julio, el Gobierno ha eludido el control del Congreso por este motivo.
Además, desde la celebración de los comicios, el Gobierno se encuentra en funciones y no puede ejercer sus plenas facultades. Durante la etapa de Mariano Rajoy en La Moncloa, el Ejecutivo del PP se negó a comparecer ante el Congreso mientras estaba en funciones justificando que, en estos casos, en los que el presidente no había obtenido la confianza del Parlamento, el Gobierno no está obligado a rendir cuentas.
Sin embargo, el PSOE llevó esta situación al Tribunal Constitucional (el presidente del Congreso era entonces Patxi López) y el TC resolvió que el Ejecutivo debía someterse al control de la Cámara, aunque estuviera en funciones. Batet utilizó esta resolución para permitir a los grupos que registraran preguntas escritas al Gobierno.
En este sentido, la ley establece que cada vez que el presidente asiste a una reunión del Consejo Europeo debe acudir a la Cámara Baja para explicar los acuerdos y los temas tratados. Sin embargo, al no existir un órgano de control fuera del periodo de sesiones (la Diputación Permanente), Sánchez no ha acudido al Congreso por este motivo.
"Estrategia para eludir el control de la Cámara"
El líder del Ejecutivo ya ha asistido a dos Consejos Europeos, y los grupos reclaman que el presidente acuda a la Cámara. Tanto el PP como Ciudadanos pidieron formalmente a Batet que reclamara la presencia del presidente e, incluso, desde Unidas Podemos se habló de una "estrategia para que el Gobierno eluda el control del Congreso".
La presidenta del Parlamento ha fijado para el día 23 la fecha de constitución de la Diputación Permanente, tras la primera votación de la sesión de investidura. En esta primera reunión se elegirá a la Mesa del órgano (que será presidido por Batet), pero no se abordará ningún asunto concreto. Será en la siguiente reunión (prevista para la semana del 29 de julio) cuando lleguen las primeras peticiones y fuentes parlamentarias apuntan a que el primer punto del orden del día será la comparecencia de Sánchez.
Aunque la fecha para comparecer es una decisión del líder del Ejecutivo, el retraso en el control al Gobierno puede derivar, apuntan estas mismas fuentes, en una comparecencia del presidente ante la Cámara en agosto. También están registradas por los grupos las solicitudes de comparecencia de los ministros de Exteriores y de Interior, Josep Borrell y Fernando Grande-Marlaska.
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