Rosa Martínez (León, 1975) es la secretaria de Estado de Derechos Sociales del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy. Este departamento está muy centrado en la actualidad en afrontar la emergencia social que se ha abierto a raíz de la catástrofe de la DANA, en la que "las fotos que hemos visto del barro y de la destrucción de las carreteras son muy evidentes, pero es mucho más difícil ver la foto de proyectos de vida destruidos".

Martínez advierte de que estas inundaciones son un ejemplo de unas consecuencias del cambio climático que ya no sólo son tangibles, sino, también, recurrentes. Por eso, a su juicio cobra una relevancia fundamental que el Estado de bienestar se adapte a esta nueva realidad, algo que exige adaptar también la financiación y, por lo tanto, la fiscalidad.

En esta entrevista con Público, la secretaria de Estado de Derechos Sociales habla también de los hitos más importantes de su ministerio en esta legislatura, como la ley de familias, la ampliación de los permisos, la implementación de un nuevo modelo de cuidados o la prestación universal por crianza.

Tras la catástrofe de la DANA, que ha dejado cientos de víctimas, ahora se abre paso una emergencia social que puede golpear muy duramente a los afectados. ¿Cómo ha protegido y cómo va a proteger el Gobierno a las personas más vulnerables?

Yo empezaría por poner en valor el trabajo social también durante la emergencia. Es decir, cualquier catástrofe se ceba más con las personas más vulnerables y creo que todos tenemos en la mente imágenes de personas mayores en las residencias, podemos pensar en las personas con discapacidad, en la propia accesibilidad de los servicios de emergencia, personas con una situación de vulnerabilidad económica en las casas peor ubicadas...  Por eso la respuesta de emergencia tiene que tener una dimensión social, trabajadoras sociales que vayan puerta a puerta identificando las necesidades.

Y en la reconstrucción tiene que haber también una dimensión social porque yo creo que las fotos que hemos visto del barro y de la destrucción de las carreteras son muy evidentes, pero es mucho más difícil ver la foto de proyectos de vida destruidos. Y es ahí donde esa red de protección social tiene que funcionar y en el Gobierno ya estamos en ello.

"Las necesidades sociales se van a disparar en los municipios afectados"

El primer paso son las ayudas inmediatas, las ayudas para la reconstrucción y la compra de enseres, la subida de las prestaciones sociales como el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas, pero hay que seguir avanzando. Y una de las medidas que yo creo que son claves en la reconstrucción es reforzar los servicios sociales de base.

¿Por qué? Porque efectivamente las necesidades sociales se van a disparar en los municipios afectados, no sólo por las personas más vulnerables que van a ver incrementada su vulnerabilidad, sino porque hay nuevas vulnerabilidades: discapacidades sobrevenidas, un incremento en las situaciones de dependencia, personas que lo han perdido todo y de repente se encuentran en una situación de pobreza...

Entonces, ¿quién va a dar la primera respuesta inmediata?, ¿quién va a identificar esa necesidad? Los servicios sociales de atención primaria, que suelen ser unos servicios públicos que tenemos ahí olvidados pero que se van a demostrar fundamentales para identificar necesidades, acompañar a todas estas personas en la reconstrucción de su vida, pero también en la reconstrucción social y comunitaria de municipios.

¿Es esta catástrofe un ejemplo de la nueva realidad que nos tocará vivir, una realidad marcada por las consecuencias del cambio climático?

Sin duda. España va a ser uno de los países de Europa más afectados por los impactos del cambio climático. Llevamos muchos años viviendo olas de calor terribles, con impactos sociales e impactos en la salud, y creo que esta DANA es un ejemplo de evento natural extremo que va a ser cada vez más recurrente.

También hemos vivido grandes incendios forestales, venimos de dos años de impactos de sequía... Nos tenemos que acostumbrar y tenemos que adaptarnos no solo las infraestructuras, sino las redes sociales, cómo funcionamos, nuestros sistemas de emergencia, tenemos que prepararnos efectivamente para todos y cada uno de los impactos del cambio climático en nuestro país, que van a tener también impactos sociales.

Y creo que ahí es importante generar también esa red de protección social frente a la DANA. Tiene que incluir también prestaciones sociales lo suficientemente ágiles y flexibles para dar respuesta a todas las personas que en una inundación, un incendio o una sequía lo pierdan todo. El estado de bienestar tiene que adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

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¿Cree que el Estado actuó tarde en la catástrofe de la DANA? Hay voces que piensan que esta eventual ausencia del Estado es lo que permitió a la ultraderecha hegemonizar en un primer momento la indignación ciudadana.

"Nadie estaba preparado para la virulencia, la fuerza y la intensidad de esta DANA"

Creo que el Estado estuvo desde el primer momento; otra cuestión es que haya habido fallos de gestión, de activación de recursos, de tiempos, de reacción. Pero, lo comentábamos antes, nadie estaba preparado para la virulencia, la fuerza y la intensidad de esta DANA. Creo que en muchos lugares la respuesta llegó tarde simplemente por una cuestión de impedimento físico, de que no se podía llegar.

El Estado tiene los recursos, pero tanto el ejército, como los cuerpos de emergencia y los sistemas de protección tienen que adaptarse a unos nuevos eventos y niveles de catástrofe para los que no estamos preparados. Y ahí también es donde tiene que estar el Estado de Bienestar, como decía, con políticas sociales y políticas de acompañamiento, porque esto va mucho más allá del barro y de la destrucción material.

Esta emergencia puede servir de lección acerca de la necesidad de tener un Estado fuerte con unos servicios públicos y sociales avanzados y bien financiados, sobre todo en un momento en el que lo público está en cuestión en base a determinados discursos. ¿Estará el Gobierno a la altura?

Creo que el Gobierno de España ha estado a la altura y va a seguir estando a la altura y, como ya se ha anunciado, se han sacado los dos reales decretos con medidas específicas de respuesta inmediata, vamos a hacer la reconstrucción y vamos también a poner en marcha aprendizajes que hemos tenido.

"No concibo una sociedad sin Estado"

Yo no concibo una sociedad sin Estado, creo en el Estado, creo en los servicios públicos y creo que en este momento de retos como el cambio climático, el envejecimiento, los cuidados, es decir, momentos de cambios intensos, necesitamos más que nunca instituciones fuertes y políticas públicas que den respuestas y certezas a la ciudadanía. Así que ahora más que nunca es necesario fortalecer el Estado, pero sobre todo adaptarlo a las necesidades y a los retos que tenemos.

No podríamos estar acompañando a la Comunidad Valenciana, a Andalucía o a las regiones afectadas por la DANA sin unos servicios públicos y sin un Estado fuerte.

Esta semana se ha producido un intenso debate en el Congreso a cuenta de la fiscalidad. ¿Se puede construir un Estado del bienestar preparado para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, como la DANA, con el sistema fiscal actual?

Pues yo creo que no. Y no solo lo pienso yo, sino que una serie de organismos internacionales no dejan de recomendar año tras año a España una reforma fiscal para que equipare su presión fiscal a la de otros países europeos. Estamos cuatro puntos por debajo de la media fiscal europea.

Le voy a poner un ejemplo. La actual inversión en políticas de cuidados de larga duración y dependencia en España es del 0,8% del PIB, mientras que la media de la OCDE está en torno al 1,3%, 1,5% de media. Tenemos países a los que admiramos y modelos hacia los que queremos ir que están en el 2% y en el 3% de inversión del PIB en cuidados de larga duración. Existe una demanda social y va existir todavía más una presión social sobre el sistema de dependencia.

"Si queremos tener unos servicios de respuesta de emergencia vamos a necesitar una gran inversión"

Incrementar a esos niveles de PIB de países de nuestro entorno que admiramos por su estado de bienestar fuerte exige no sólo una reforma fiscal, sino replantearnos qué cantidad de ingresos y de recursos tiene el Estado para dar respuesta. Hablo del sistema de dependencia porque son los números que conozco, pero podemos tener números similares en educación o en sanidad.

Si además queremos tener unos servicios de respuesta de emergencia, de adaptación al cambio climático fuertes, vamos a necesitar una gran inversión y, por lo tanto, creo que es un debate que tenemos que abordar y sin una revisión de la fiscalidad de los ingresos del Estado muchas de las demandas sociales inmediatas se van a quedar a medias.

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En junio, el Consejo de Ministros aprobó la nueva estrategia de cuidados, que busca avanzar hacia la atención en el domicilio para enterrar el modelo imperante de las macrorresidencias. ¿Cómo avanza su implementación?

El modelo de macrorresidencias no impera, no es mayoritario. Entre un 13% y un 15% de las residencias son macrorresidencias, que, además, están muy concentradas en determinados lugares. Creo que ese es un modelo a superar que, desde luego, no es nuestro modelo, que la sociedad, las familias, las personas usuarias no quieren, y que poco a poco vamos a ir abandonando.

La estrategia es una transición, un camino lento desde un enfoque que se basa en dar simplemente una respuesta a las necesidades más básicas, olvidándonos de las necesidades, las preferencias, qué quieren las personas y la calidad. Creo que ahora mismo todas las instituciones responsables, todos los gobiernos autonómicos, las familias, las personas expertas, organizaciones de la sociedad civil están en una línea común para avanzar de modelo.

Estamos trabajando en un plan operativo que haremos público, en el que se detallarán todas las políticas públicas e inversiones que en todos los niveles de gobierno ya están trabajando por el cambio de modelo. Creo que no tiene vuelta atrás y es un camino largo que habrá que ir avanzando y redirigiendo la financiación. Se irá haciendo, no tiene vuelta atrás y creo, además, que genera un consenso social. Incluso el propio sector va a ir teniendo que replantearse su modelo de negocio en el caso de las macrorresidencias.

¿Están como ministerio encontrando resistencias por parte del sector a ese cambio de modelo?

Diría que cada vez menos. Los sectores económicos y las empresas tienen claro que tienen que avanzar y que tienen que amoldarse. Y el clamor y la presión social por un cambio de modelo, la experiencia de la pandemia fue muy clara, está también poniendo presión en el sector y están entendiendo que tienen que cambiar, como han cambiado muchos otros sectores económicos.

Creo que cada vez son más conscientes de que tienen que ofrecer otro tipo de servicios y, desde luego, lo que nos toca hacer desde el Gobierno es que la regulación y el marco de políticas públicas empujen en esa dirección y facilitar toda la financiación posible para el cambio de modelo. Sí quiero poner en valor que hay una parte del sector que está totalmente alineado y que está empujando, y eso creo que es una buena noticia.

Más allá de acabar con las macrorresidencias, ¿cómo se puede resolver la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres que cuidan en sus entornos? ¿Cómo se puede identificar ese trabajo y cuál es la fórmula para terminar con un modelo social y económico que perjudica claramente a las mujeres también en este ámbito?

Sí se puede cuantificar y la economía feminista ha hecho muchos trabajos que cuantifican los cuidados en el hogar de las mujeres en términos de PIB, es decir, qué porcentaje de PIB vale el trabajo no remunerado de las mujeres. Eso se puede cuantificar, otra cosa es que no nos interese cuantificarlo o que no le pongamos la atención a eso.

Hemos puesto mucho el enfoque en las políticas de conciliación como unas políticas de igualdad y creo que el siguiente paso es las políticas de cuidados de larga duración, darles el enfoque que tienen de igualdad. Las excedencias y las reducciones de jornada que se piden las mujeres para cuidar son el principal origen de la brecha salarial de género, así que con unas políticas públicas de cuidados de larga duración bien financiadas estamos atajando el problema de la brecha salarial de género.

Actualmente el sistema cubre más o menos el 30% de las necesidades de familias que tienen una persona en situación de dependencia, con lo cual también cuantificamos lo que lleva al sistema. Esto va a ir a más, el envejecimiento, la longevidad de nuestras sociedades va a hacer que el número de personas que demanden cuidados de larga duración vaya a ser mayor.

"Con políticas de cuidados bien financiadas atajamos el problema de la brecha salarial de género"

Las condiciones sociodemográficas de familias más pequeñas con mujeres con vida laboral propia que viven lejos de sus familias, todo esto dificulta efectivamente que esos cuidados recaigan, como venía siendo tradicionalmente, en el hogar. ¿Qué se hace? Subcontratar en otras mujeres, a veces trabajadoras domésticas sin formación que a su vez también es un trabajo que no está valorizado, que no está cuantificado y que es parte del reto que tenemos en el cambio de modelo.

Responder a las necesidades de las personas que necesitan cuidados, que no sean las familias las que soporten la gran parte del cuidado y que las mujeres que profesionalmente se dedican a los cuidados de larga duración tengan unas condiciones de trabajo y una carrera profesional digna y a la altura del trabajo que realizan en la sociedad.

Hace algo más de un mes, el presidente del Gobierno anunció que daría un impulso a la ley de familias en el Congreso para aprobar medidas que fomenten la natalidad y hagan frente a la crisis demográfica. ¿Han tenido noticias de ese "impulso" del presidente? ¿Es la ley de familias, que viene a reconocer y a proteger los distintos modelos diversos de familia, una ley natalista?

La relación y negociación con los grupos parlamentarios sobre esta ley está activa, se ha intensificado y yo creo que con una parte del arco parlamentario tenemos un cierto acuerdo sobre cuál debe ser el contenido para facilitar que se siga tramitando. El objetivo de la ley de familias no es sólo reconocer la diversidad familiar, sino reconocer aquellas familias que tienen necesidades especiales o que tienen unas dificultades por su situación.

"Hay muchas familias que tienen unas dificultades extras para criar"

Bien porque son familia numerosa, porque hay solamente una persona al frente (normalmente una mujer), porque tienen personas en situación de dependencia con discapacidad a cargo, porque viven en entornos rurales donde tienen más lejos los servicios públicos... Es decir, que hay muchas familias que tienen unas dificultades extras para criar, para sacar adelante su proyecto de vida. Y creo que ese es el marco de la ley de familias.

La familia sigue siendo el elemento central en nuestra sociedad para la crianza, es el núcleo básico para cuidar unos de otros. Vamos a ponérselo fácil, sobre todo en situaciones excepcionales que dificultan el ejercicio de los derechos para niños y niñas, pero también, por ejemplo, para personas en situaciones de dependencia.

¿Cree que la ciudadanía podrá disfrutar de permisos de cuidados retribuidos de 24 semanas este año?

Yo creo que España, como país, no puede permitirse no mejorar los permisos parentales y de maternidad. Y yo espero que los Presupuestos de 2025 sean el lugar en el que finalmente se refleje este derecho que, como decía, es una cuestión de conciliación, de facilitar la vida a las familias.

También es fundamental en términos de igualdad de las mujeres y de reducción de brecha salarial, porque cuando los permisos no son retribuidos son las mujeres las que lo piden. Retribuir los permisos va a significar que sea igualitario y que las mujeres, además, no pierdan sus derechos de cotización ni pierdan retribución económica, como ahora mismo está pasando.

La prestación universal por crianza es una de las grandes apuestas de Pablo Bustinduy y del ministerio para esta legislatura. ¿Hasta qué punto es viable su aprobación con un PSOE que se resiste a la medida y con un Parlamento de mayoría conservadora?

Creo que lo que es viable, y creo que lo que estamos demostrando desde el Ministerio de Derechos Sociales, es que es un debate que interesa a la sociedad, que es un debate que es necesario replantear. ¿Qué marco damos para la crianza, la universalidad de los derechos? Creo que es un debate que no esperaba nadie y que está encima de la mesa, que tenemos que seguir empujando.

Porque además hay evidencias no sólo científicas de investigación, sino de implementación de esta política pública en otros países que demuestran que reduce la pobreza infantil, que facilita a las familias y a los niños y niñas el ejercicio de sus derechos. Creo que lo que es viable es que sigamos empujando.

No sé si será viable aprobarla, pero lo que hemos demostrado es que es un debate necesario que cuenta con un apoyo transversal, que muy pocas políticas ahora mismo lo tendrían. Y, desde luego, por nuestra parte vamos a seguir empujando, poniéndolo encima de la mesa y siempre diciendo que es una de las grandes cuestiones que dentro de unos años miraremos atrás y diremos "¿cómo no lo hemos hecho antes?".