Este lunes arranca el juicio por una pieza derivada del caso Gürtel, la relativa a la caja B del Partido Popular que sirvió, entre otras presuntas cosas, para financiar las reformas de la sede nacional del partido, entre 2005 y 2010. La vista oral contra Luis Bárcenas, exgerente y extesorero del PP, y Cristóbal Páez, exgerente del PP, así como contra los responsables del estudio de arquitectura Unifica, la empresa que se encargó de la reforma de la sede: Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero. Además, se juzga al PP y a Unifica como responsables subsidiarios.

El foco está puesto en Bárcenas, que cumple actualmente 29 años de prisión por la causa Gürtel Primera Época por delitos fiscales y apropiación indebida. En esta ocasión, se le acusa de supuestos delitos contra la Hacienda pública, apropiación indebida y falsedad documental. Pero con la condena actual, los cinco años de prisión a los que podría ser condenado no le computarán por la norma que establece que un reo solo cumplirá el triple de la pena más alta. Así las cosas, Bárcenas no se juega mucho en este juicio, salvo una posible venganza. 

Esta semana ha presentado un escrito en la Fiscalía Anticorrupción en el que se ofrece a colaborar en este proceso y en otras dos causas que están instruyéndose: la causa Púnica, sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, y la investigación sobre las donaciones de empresarios al PP a cambio de adjudicaciones públicas. Colaborar sin contraprestación alguna, según manifiesta su abogado a Público. Y lo hará ante la decepción que sufre por no haber mantenido el PP su promesa, según Bárcenas, de evitar que su esposa, Rosalía Iglesias, ingresara en prisión por los trece años a los que fue condenada por la causa Gürtel Primera Época.

La confesión de Bárcenas ha despertado una gran expectación entre las acusaciones particulares en la causa. Los abogados consultados por Público creen que sí, que tirará de la manta en el juicio que arranca el lunes. Y los empresarios donantes del PP están en el punto de mira. Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, bajo los mandatos en el partido de José María Aznar y Mariano Rajoy. En este nuevo juicio están señalados veinte empresarios que donaron la mitad de ese dinero al PP. Pero no serán juzgados, de momento, al no haberse podido establecer la correlación entre esas donaciones y las obras públicas de las que sus empresas fueron adjudicatarias. 

Sin embargo, tras la voluntad de Bárcenas de tirar de la manta, alguno de ellos podría verse comprometido, e incluso algún otro que no está en esa lista podría salir a relucir a raíz de nueva información que aporte el extesorero del PP en la vista oral. Según ha podido saber este diario de fuentes relacionadas con el caso, aunque a Bárcenas le robaron ingente material probatorio de la financiación B del PP por parte del operativo del Ministerio del Interior, con fondos públicos, para espiar y neutralizar sus pruebas, en la llamada Operación Kitchen, conservaría "pruebas importantes". 

En lo que respecta a este juicio sobre la Caja B del PP, Bárcenas podría aportar pruebas que comprometerían a estos empresarios, la mayoría, constructores. Entre estos ejecutivos que señala Bárcenas  y que recoge el auto del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional que ha dado paso a la vista oral figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; José Mayor Oreja, de FCC; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Rafael Palencia, de Degremont Iberia; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; Joaquín Molpeceres, de Licuas; y Antonio Vilela, de Construcciones Rubau. Pese a que no se ha podido probar, de momento, que sus donaciones al PP tuvieran un carácter finalista, es decir, que fueran a cambio de favores, su situación procesal podría cambiar en el transcurso del juicio si se demostrara que esas donaciones fueron en realidad mordidas a cambio de obra pública. Los veinte empresarios están llamados a declarar en la vista oral. Según fuentes relacionadas con el caso, es probable que alguno de los empresarios pueda ser procesado si Bárcenas aporta pruebas que hasta ahora se ha guardado.

El juicio tratará de aclarar si la Caja B del PP, entre 1990 y 2008, sirvió para financiar la reforma de la sede del partido, en la calle Génova, de Madrid; obras que se efectuaron entre 2005 y 2010 y que superaron el millón y medio de euros. Según Bárcenas, él mismo llegó a una acuerdo con los gerentes de Unifica para pagar parte de la obra con dinero B y a cambio obtener una rebaja del 10%. También se enjuician los sobresueldos o gratificaciones en B a algunos militantes. Según el juez instructor, el PP habría dejado de ingresar ante la Hacienda pública "una cuota de, al menos, 220.167,04 euros, y ello sin perjuicio del eventual incremento de dicha cuota, al alcanzar indiciariamente el total de las donaciones presuntamente recibidas por el partido en 2008, registradas en los soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios
de transparencia legalmente exigidos, la cuantía de 1.055.000 euros".

Entre los integrantes del partido que pudieron hacerse con dinero negro de la contabilidad paralela, el instructor cita a Cristóbal Páez, adjunto a la gerencia del PP, que obtuvo entre 2007 y 2008 12.000 euros. También Santiago Abascal, padre del líder de Vox, que en julio de 1999, siendo concejal del PP y como consecuencia de un atentado cometido por ETA en su tienda de Amurrio (Bizkaia) unos meses antes, recibió 12.000 euros en concepto de compensación presuntamente procedente de la Caja B.

Más de 40 sesiones

Está previsto que el juicio dure hasta el próximo mes de mayo y tendrá momentos estelares como las declaraciones de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar en marzo. Esta causa arranca de la investigación en 2008 de la trama Gürtel y su origen está en un informe "improvisado" de la UDEF, en 2013. Casi simultáneamente Izquierda Unida presentó una querella, la primera que se interpuso contra Bárcenas y los otros procesados por la Caja B y las obras de la sede del PP. IU fue la primera acusación particular contra la caja B del Partido Popular. Después de varios vaivenes, como un archivo provisional en 2015, por fin se juzgan unos hechos enraizados directamente con la financiación paralela de la formación presidida hoy por Pablo Casado.