La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado a los rectores de las seis universidades públicas de Madrid a una reunión el 3 de diciembre para tratar la financiación universitaria, después de que los consejos de gobierno de las universidades hayan aprobado este jueves "acciones consensuadas" ante su "infrafinanciación".

Esta postura común ha sido sometida a votación en los consejos extraordinarios celebrados este jueves, arrojando "unanimidad" en cinco de las seis universidades y una amplia mayoría no unánime en el consejo de la Rey Juan Carlos (URJC) donde ha habido una abstención, según han confirmado fuentes universitarias.

Tras ello, han publicado una carta abierta a la presidenta mostrando su "profunda preocupación" ante el borrador de Presupuestos del Gobierno regional para 2025, aprobado el 30 de octubre, que "no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias" de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). 

"Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios, indispensable para su funcionamiento y seguridad", indica la carta.

Si la Asamblea lo ratifica en los términos presentados, "se agravará la ya crítica situación económica" de las universidades tras años de "infrafinanciación acumulada", ya que la partida destinada a subvenciones "ignora los argumentos" planteados por las universidades y "enmascara un descenso real" en la financiación.

Pese a "la alarmante situación económica", la partida presupuestaria anunciada "se mantiene en la misma e idéntica cuantía que en 2024, pues la aparente (y mínima) subida corresponde únicamente a una parte del incremento salarial que ya fue aplicado a los empleados públicos en este mismo año".

Además, el proyecto de presupuestos no incluye recursos para cubrir "el significativo incremento de costes derivados del cumplimiento de la LOSU", que en su artículo 55 recoge "de forma clara la obligación de las administraciones" de garantizar la suficiencia financiera universitaria, y la Comunidad de Madrid debe "cumplir con este mandato para evitar un escenario crítico", tras 15 años de infrafinanciación  bajo diferentes gobiernos populares.

Desde la crisis financiera, la Comunidad "redujo drásticamente la subvención nominativa –que se caracteriza por especificar la dotación presupuestaria y el beneficiario en el gasto del Presupuesto– y aumentó los precios de las matrículas a estudiantes", y aunque éstos se han ido reduciendo, no se ha recuperado la subvención nominativa del Gobierno regional a las universidades.

Mientras otras comunidades han revertido los recortes, Madrid "se aleja del objetivo de dedicar el 1% de su PIB a la educación superior" y es la comunidad que "peor financia sus universidades" e impone "uno de los precios públicos más altos del país a las familias".

Resulta "aún más alarmante" la partida anual para inversiones "congelada desde 2014 en tan solo 7,6 millones para las seis universidades", además de una "caída significativa" del plan de infraestructuras.

El cumplimiento de la LOSU

Para cumplir la LOSU, hubo que "rebajar la dedicación docente de algunas categorías de profesorado, sin haber podido contratar el número de efectivos de profesorado necesarios para compensar esa reducción".

Aunque el ministerio negocia con las comunidades un convenio sobre nuevas contrataciones, "nada ha llegado a buen puerto en la Comunidad de Madrid, ni se nos ha planteado ninguna otra posible alternativa", indican los rectores en la carta abierta, para autorizar ese crecimiento sin mermar las actuales nominativas que apenas cubren "el 80% de las nóminas".

Ante la gravedad de la aprobación del actual Proyecto de Presupuestos, las universidades ven imprescindible enmendar los presupuestos durante su trámite en la Asamblea; aumentar considerablemente la partida de infraestructuras; elaborar un un modelo de financiación plurianual que asegure la sostenibilidad; y garantizar la adaptación a la LOSU de las plantillas.

De lo contrario, el sistema universitario madrileño, el segundo más grande de España en número de estudiantes, afrontaría otro año de precariedad laboral, imposibilidad de reponer jubilaciones, limitaciones en promociones, paralización de proyectos formativos y de investigación, así como de incapacidad.

A esto se suman "infraestructuras obsoletas que representan un riesgo creciente para usuarios y trabajadores. Si la situación actual es crítica, en pocos años podría volverse catastrófica, lo que nos pondrá en clara desventaja con otras comunidades", concluyen los rectores.