Los rectores de las universidades públicas madrileñas rechazan de modo unánime los cambios que plantea el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la nueva Ley de universidades: menos dinero público, más rentabilización propia y abrir la puerta a los conciertos con las universidades privadas.

Para ello, se busca reconocer a las privadas su "papel como prestadoras del servicio público de educación superior", permitiéndoles concurrir con las universidades públicas en "todas sus convocatorias competitivas", con el consiguiente riesgo de "discriminación de las públicas".

Así lo han expresado los seis rectores –de la Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Carlos III, Politécnica y Alcalá– en sus 18 folios de alegaciones al avance de la nueva Ley, en los que también advierten de varias propuestas "invasivas" para la autonomía universitaria.

Menos financiación

La ley busca la "corresponsabilidad de las universidades en la obtención de recursos para su financiación", procedentes de "fuentes distintas a las transferencias de la Comunidad de Madrid", y de forma gradual hasta cubrir "al menos el 30% del total de sus capítulos de gasto".

Según los rectores, esos recursos extraordinarios "no pueden ser para la 'financiación' de las universidades", en todo caso serían para "formar parte de su presupuesto".

Ello supondría reducir al 70% la ya escasa aportación pública y piden clarificar "qué se entiende por suficiencia financiera de las universidades", que actualmente "se encuentran seriamente en riesgo", casi todas en números rojos salvo la Politécnica.

Recuerdan, asimismo, que siguen sin ser "convocados a ninguna reunión sobre el presupuesto de las Universidades para 2025", al retrasarse el debate del "deseado y necesario marco de financiación plurianual" anunciado por la Comunidad.

Autonomía universitaria

Pese a "falta de concreción" del texto recibido de la Consejería de Educación, los rectores consideran que varias propuestas "podrían afectar a la autonomía universitaria y organización de las universidades generando situaciones inciertas".

La Comunidad pretende "fijar el procedimiento del concurso público para elección de Gerente", una potestad que es del rector; poder nombrar a un Interventor y definir figuras de profesorado laboral, así como exigir que los rectores sean catedráticos (contraviniendo la LOSU).

Universidades privadas

Para los rectores, "no está claro" que las universidades con ánimo de lucro sean "prestadoras de servicio público universitario", un concepto que debe definirse, y recuerdan que están excluidas por el artículo 13 de la LOSU de concurrir en convocatorias de programas sostenidos con fondos públicos.

Al establecer un "distrito único de prácticas" con un reparto equitativo para "todos los alumnos", puede haber "discriminación de las universidades públicas", por ejemplo en las prácticas hospitalarias.

También critican que cualquier universidad española pueda abrir un centro propio o adscrito en la región, donde ya superan la treintena. En total en Madrid hay seis universidades públicas, 13 privadas, Universidad de Navarra, Pontificia de Salamanca, 6 centros extranjeros autorizados, y dos adscritos de universidades no madrileñas (más la Católica de Murcia, en breve).

Régimen sancionador

Para combatir "la ocupación de lugares públicos y el vandalismo" en los campus, se plantean sanciones por infracciones –muy graves, graves y leves–, pero sin especificar "cuál es el colectivo al que se dirige el régimen sancionador".

Por otro lado, los rectores "no consideran adecuado" incluir en la ley a todas las enseñanzas superiores –artísticas, deportivas y FP Superior–, lo que "complicará en excesivo la tramitación por la multiplicidad de actores".

El establecimiento de un único Consejo de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, como máximo órgano coordinador, resultaría "inadecuado e inoperante".

Reacciones

Para el consejero madrileño de Educación, Emilio Viciana, los rectores se han "precipitado de hacer estas valoraciones; todavía no existe un borrador de la ley", aunque mantienen "contactos permanentes tanto con los rectores de las universidades públicas como también de las privadas" para establecer "un clima de diálogo".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ante una posible "agenda oculta" de Díaz Ayuso para la "privatización" universitaria, ha advertido que el Gobierno estará "vigilante" para posibles recursos por "invasión de competencias".

Para el PSOE-M, "lo más grave de la ley es abrir la puerta a la financiación pública de universidades privadas, utilizando la misma terminología de 'prestación de servicio público' que se empleó para otros niveles de enseñanza", según el diputado Esteban Álvarez, que alerta: "si una empresa presta ese servicio público, también habrá que financiarla".