Así armó la televisión gallega la estrategia de desprestigio y acoso contra una periodista crítica

La querella contra ocho directivos y directivas de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), incluido su director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, que han sido imputados por el juzgado por dos delitos de acoso moral y contra los derechos de una trabajadora que denunció humillaciones y abusos durante cinco años, desvela una estrategia de descrédito profesional y personal continuada que ha derivado en graves daños morales y psicológicos para la afectada.

Público ha tenido acceso a los informes de un perito judicial, de la  facultativa de la empresa, de un psiquiatra del Servizo Galego de Saúde y de otro que ejerce la medicina privada, que consideran que el cuadro de ansiedad y depresión que provocaron en ella el trato humillante y las decisiones presuntamente arbitrarias de la dirección estaría vinculado a esa estrategia que sus abogados consideran una "situación institucionalizada de acoso".

El perito judicial que la examinó concluye en su informe que la víctima "está sometida a un proceso grave de acoso laboral por parte de sus superiores, basando éstos sus estrategias (...) en el  entorpecimiento de [su] progreso y desprestigio laboral". "Fruto de la situación de hostigamiento, la trabajadora se encuentra de baja médica y en tratamiento por parte de especialistas en salud mental, excediendo las situaciones de acoso y sus consecuencias, por tanto, las meras relaciones laborales, afectando, de manera significativa a su entorno familiar y social, tal y como diagnostican los informes médicos" añade.

Decisión sexista

La periodista, que ingresó en la CRTVG en 1987 y que estaba asignada al departamento comercial, denunció en el juzgado que en febrero de 2018 había sido trasladada a la redacción de informativos, con modificación de horarios, sin previo aviso y con la excusa de una supuesta "reorganización" de ambos departamentos que sólo le afectó a ella. Además, entendió que se trataba de una decisión sexista dado que los directivos alegaron que "buscaban un perfil determinado por ser una voz femenina". Sin embargo, el juez falló en su contra y desde entonces, según la querella, empezó a sufrir de manera sistemática un trato degradante y discriminatorio que convirtió su trabajo en un "auténtico calvario".

Los directivos alegaron que "buscaban un perfil determinado por ser una voz femenina" 

Sus jefes dejaron de hablarle, la ubicaron en un puesto alejado de su entorno más amistoso y empezaron a crear hacia ella un clima agresivo y de desconfianza. Le denegaron reiteradamente sus solicitudes de libranza por asuntos propios y de fechas de vacaciones y rechazaron sus demandas de volver a su antiguo horario para poder conciliar su trabajo con los cuidados de su padre, de 94 años, e incluso le negaron las horas que necesitaba para acompañar a éste cuando  ingresó en un centro de mayores.

También la excluyeron de la práctica totalidad de los turnos de trabajo en festivos, lo que la privó de los complementos de nómina y de la acumulación de libranzas que disfrutaba el resto de la plantilla. Si la media era de seis festivos al año por trabajador, ella sólo tuvo uno: fue la única redactora de la emisora convocada a trabajar el 1 de enero de 2019.

La única mujer obligada a trabajar el 8M

En marzo de ese año, la empresa decidió que fuera la única mujer incluida en los servicios mínimos decretados por la huelga feminista del 8M. Al contrario, al mes siguiente, con motivo de las elecciones locales y europeas, fue la única excluida de la cobertura de la jornada electoral, a la que sí fueron convocados el resto de todos sus compañeros: redactores y redactoras, personal temporal y en prácticas, becarios y locutores.

El acoso incluyó también una actitud de evidente demérito de la imagen pública de la profesional, que lleva 36 años en la empresa salvo los ocho en los que solicitó excedencias para dirigir la delegación de Radio Nacional de España en Galicia. En 2019 recibió por unanimidad del jurado un prestigioso premio de periodismo a nivel local, pero la Radio Galega no hizo mención alguna de la noticia en ninguno de sus espacios. Sólo dos años antes, un compañero suyo que había obtenido un accesit del mismo galardón obtuvo una amplia cobertura en boletines e informativos e incluso una entrevista en el programa de máxima audiencia de la cadena.

"La trabajadora está sometida a un proceso grave de acoso laboral por parte de sus superiores, basando éstos sus estrategias (...) en el entorpecimiento de [su] progreso y desprestigio laboral"

En julio de 2019, la trabajadora sufrió un cuadro de ansiedad que derivó en una larga baja médica, durante la que se enteró por sus compañeros de que habían vuelto a cambiarle el horario. El psiquiatra al que recurrió entonces refirió en su informe diagnóstico que su estado era derivado de un "trastorno de ansiedad compatible con síntomas reactivos a una problemática laboral".

La afectada instó la mediación de la comisión contra el acoso de la CRTVG, formada por trabajadores y directivos de la compañía y que, con la oposición sindical, negó la existencia de cualquier infracción, sin escucharla ni examinar siquiera la documentación probatoria que envió. Tampoco se le facilitó acceso al expediente, y la dirección impidió que los delegados de los trabajadores reflejaran sus discrepancias con el acta de las reuniones y su voto particular en contra de la decisión final de archivar el caso.

Cuando se reincorporó de su baja en 2020, el jefe de informativos de la cadena, hoy imputado por su participación en los hechos, reubicó a la periodista en una mesa justo frente a su despacho. Ella, que le consideraba uno de los responsables de su situación y de sus crisis de ansiedad, solicitó que le asignaran otro lugar en la redacción, a lo que la empresa se negó reiteradamente.

La psiquiatra del Sergas escribió un informe en el que se volvía a advertir de que los trastornos de salud de la periodista se debían "a estresores de ámbito laboral", y la propia médica de la CRTVG remitió otro a varios directivos en el que recomendaba expresamente "el cambio de la trabajadora a otra localización física en su lugar de trabajo". La empresa hizo caso omiso de la advertencia y la mantuvo a diario cara a cara con quien ella consideraba uno de los causantes de su estado.

La trabajadora acudió entonces al director general, quien se desentendió del asunto alegando que carecía de competencias para resolver el problema. Derivó su escrito al director de recursos humanos, su subordinado, que ya se había abstenido de intervenir cuando lo había recibido con anterioridad. Así, hasta hoy.

Humillaciones y ninguneos

La querella relata muchas otras humillaciones y ninguneos durante los últimos cinco años, como que la trabajadora sea obligada a entrar a trabajar a las 7.30 sin que se le asignen tareas hasta media mañana o más tarde; que con frecuencia no se emitan las piezas que se le encargan; que no se la convoque a reuniones ni se la invite a participar en las discusiones sobre la actualidad diaria, ni a participar en los análisis de las noticias de la jornada, y que sufra de manera constante los desplantes verbales y los gestos despectivos de sus superiores.

La jueza ordena que la trabajadora declare por videoconferencia acompaña de un profesional de la Oficina de Atención a la Víctima

La jueza del juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago, Ana López Suevos, abrió en mayo pasado diligencias previas de carácter penal y comunicó a los ocho altos cargos acusados de que les investiga por los delitos de acoso moral y vulneración de derechos laborales de la trabajadora. Se trata de Alfonso Sánchez Izquierdo, director general; Xosé Pereira Fariña, director de negocio; Alejandro López Carballeira, subdirector de informativos; Tania Fernández Lombao, jefa de programas; Paula Veloso Pereira, jefa de gestión de personal; Susana Fernández Veiguela, exdirectora de recursos humanos; Manuel Casás Macía, jefe de seguridad y salud laboral, y Vitalina Cuña Palencia, coordinadora de personal. Todos deberán declarar ante la juez y el fiscal acompañados de sus respectivos abogados.

Victimización secundaria

La denunciante lo hará el próximo 28 de septiembre. Para evitar su "victimización secundaria", la jueza ha ordenado que lo haga por videoconferencia y acompañada por una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima. También ha instado al Instituto de Medicina Legal de Galicia a que ponga a disposición del juzgado un equipo psicosocial que evalúe "si la querellante presenta daño psíquico compatible con los hechos denunciados".

No es la primera vez que la CRTVG se enfrenta a procedimientos judiciales por acoso laboral y vulneración de derechos laborales y fundamentales de sus empleados, con sentencias condenatorias por represaliar y vulnerar los derechos fundamentales de profesionales críticos con la manipulación informativa gestión del equipo de Sánchez Izquierdo. 

De hecho los casos se suceden de manera recurrente desde que Sánchez Izquierdo fue nombrado hace 15 años al frente de los medios públicos por Alberto Núñez Feijóo. El próximo martes está previsto que se celebren otros tres juicios consecutivos en un juzgado de lo Social de la capital gallega por las denuncias de otros tantos trabajadores, que también han recurrido a los tribunales para defenderse de las violaciones de derechos de las que acusan a la dirección.

Ésta viene reiteradamente siendo censurada por el comité de empresa, los sindicatos y la oposición en el Parlamento de Galicia, que ha criticado además la emisión de contenidos sexistas y la banalización de los comportamientos de acoso en la programación de la televisión pública.

Sin respuesta de la dirección de la CRTVG

Público se ha dirigido a la CRTVG para obtener una valoración de la empresa pública e interesarse por si prevé adoptar medidas para resolver la situación de la trabajadora o contra los directivos imputados, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

Este viernes se cumplen 266 venres negros, las jornadas de protesta que convoca la plataforma Defende a Galega, mediante la que los trabajadores reivindican desde hace más de cinco años el fin de la manipulación informativa y de las represalias contra quienes se niegan a asumirla, así como la creación de un consejo independiente de informativos y que se cumpla la ley aprobada por el PP en 2011 que establece que el cargo que ocupa Sánchez Izquierdo sea elegido por mayoría de dos tercios en el Parlamento de Galicia.