Arranca el juicio contra la infanta Cristina, Urdangarin y otros 16 acusados por el caso Nóos

PALMA.- La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, han llegado a las 08.10 horas al edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma, donde comparecen como acusados en la primera sesión del juicio del caso Nóos, que ha arrancado a las 09.21 horas en la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP), en Palma. 

Ambos han llegado en el mismo vehículo y Urdangarin le ha abierto la puerta del coche a su esposa. Han entrado juntos a las dependencias sin detenerse ante las decenas de periodistas que esperan a las puertas del edificio, aunque la infanta ha saludado con un "hola" a los informadores.

Vestidos de manera similar -chaqueta oscura, pantalón gris y calzado marrón-, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín han accedido al interior después de pasar por el arco de seguridad. Más de 120 periodistas, entre ellos los principales medios internacionales, asisten a esta sesión que está centrada en las cuestiones previas.

Minutos antes de la entrada de la infanta y su marido, habían llegado sus respectivos abogados. El primero en acceder ha sido el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, sobre las 07.50 horas, y cinco minutos después lo ha hecho el equipo que defenderá a la infanta: Miquel Roca, Jesús María Silva y Jaume Riutord.

A las 8:35 horas llegó en taxi el exsocio de Urdangarín Diego Torres y su esposa, Ana María Teijelo, también procesados en esta causa.

Los fiscales del caso, Pedro Horrach y Ana Lamas llegaron cinco minutos después. Y a las 8:43 apareció Jaume Matas, expresidente de Baleares quien se ha ofrecido a colaborar con la Justicia y que es uno de los principales acusados en este juicio.

Ninguno de los acusados ni los abogados han realizado declaraciones, a excepción de la letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, que ha confiando en que la infanta no quede exonerada en aplicación de la doctrina Botín, que ha calificado de anacrónica.

En la primera jornada del juicio está previsto que las defensas planteen las cuestiones previas. La defensa de la hermana del rey solicitará al tribunal que la exonere de ser juzgada como cooperadora en dos delitos fiscales porque considera la única parte acusadora que la mantiene -la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias-, no está legitimada para sentarla en el banquillo.

La infanta está acusada como cooperadora en dos delitos fiscales de su marido. Manos Limpias pide que sea condenada a 8 años de prisión, pero los abogados reclamarán que sea exculpada en aplicación de la doctrina Botín.

Roca y Silva pedirán la estricta aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y de dicha doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2007, en virtud de la cual la acusación popular no está legitimada en solitario para sentar a alguien en el banquillo por delitos fiscales.

Sin embargo, un año más tarde el Tribunal Supremo sentó otra doctrina, la Atutxa, en la que aceptó la acción popular en solitario si concurre el interés público. El caso de Cristina de Borbón está a caballo entre ambas doctrinas, ya que el delito fiscal está considerado de interés público y en la causa existe una acusación particular -la Hacienda Pública-, aunque no pida nada contra la infanta.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron que la causa fuera sobreseída para la infanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo: por haberse beneficiado de 587.413 euros en el primer caso y de 168.571 euros según los representantes legales de Hacienda.

Iñaki Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de 19 años y 6 meses de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de 26 años y 6 meses por parte de Manos Limpias. También lo acusan la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que pide 8 años; la Abogacía del Estado que pide que cumpla 3 años y 6 meses, y los socialistas del Ayuntamiento de Valencia que reclaman una condena de 11 años para el marido de la infanta.

Las acusaciones lo consideran responsable de utilizar el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de las instituciones públicas de Baleares (2,5 millones), Valencia (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.