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Un alto cargo de la Junta de Andalucía autoriza una balsa minera a una empresa en la que trabaja un pariente

Tanto la compañía como el Gobierno andaluz sostienen que "el trabajador no ha tenido participación alguna en el proyecto de construcción al que se refiere la Autorización. Sus funciones no guardan relación alguna con dicho proyecto".

Protesta minera contra la balsa.
Protesta minera contra la balsa. Archivo de Ecologistas en Acción

La construcción de una balsa de residuos tóxicos con capacidad para 15 millones de metros cúbicos en la Sierra de Huelva, autorizada por la Junta de Andalucía a la empresa minera Matsa, ha puesto en el foco la oportunidad de la concesión. Según ha publicado eldiario.es, el alto cargo que firma la autorización el pasado 28 de agosto, Pedro Yórquez Sancha, es hermano de un trabajador de la compañía.

Lo que quiere hacer la empresa, según eldiario.es, es excavar en medio de un pinar un gran depósito para desechos mineros. La Delegación territorial de Medio Ambiente contestó al citado medio que "desde el punto de vista jurídico" considera que "no hay incompatibilidad" legal. El argumento es que el hermano del delegado "no es un alto cargo de la empresa, ni ha presentado él el proyecto y no está en el área de la empresa implicada".

La empresa, a su vez, asegura, en la misma línea, que "dentro el área facultativa de MATSA, compuesta por una decena de profesionales, el referido trabajador no ha tenido participación alguna en el proyecto de construcción de la instalación de gestión de estériles a la que se refiere la Autorización. Sus funciones no guardan relación alguna con dicho proyecto".

Balsa cuestionada por los ecologistas

Los ecologistas llevan tiempo poniendo en cuestión la idoneidad de la balsa. La presa, aseveran, "podría afectar a la calidad de las aguas dado el alto contenido en metales pesados en los residuos".

"Esto es especialmente preocupante —agregan—teniendo en cuenta que la instalación se encuentra sobre [...] un embalse considerado reserva estratégica en caso de emergencia por sequía". 

La ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía establece que estos cargos "están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil".

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