Íñigo Errejón ha dimitido de su cargo como portavoz en el Congreso de los Diputados y ha abandonado la política institucional tras una serie de acusaciones de violencia machista a las que se ha añadido, después, una denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por acoso sexual. Sin embargo, el del hasta ahora líder parlamentario de Sumar no es ni mucho menos el primer episodio en que las denuncias y acusaciones por violencia machista salpican a la política. Silvio Berlusconi, Ismael Álvarez ―alcalde de Ponferrada por el PP conocido por el caso Nevenka―, Miguel Ángel Bustamante (IU) o el propio Donald Trump son algunos de los casos más mediáticos.

En España es difícil recordar un terremoto político que vincule la política y las acusaciones de violencia machista de dimensiones tan grandes como el de Íñigo Errejón. No en vano, es una de las figuras políticas más relevantes de la última década en España, uno de los constructores del espacio de la izquierda transformadora (desde Podemos, hasta Sumar pasando por Más Madrid) y hasta hace unas horas portavoz de los de Yolanda Díaz en el Congreso.

Todo eso llegó este jueves a un punto de colapso cuando anunció su dimisión ―tal y como se ha podido saber, presionado por la cúpula de Sumar y Más Madrid― con una carta en la red social X y se fueron conociendo las acusaciones de violencia machista que motivaron su marcha. Existe una sombra de duda acerca de las carencias que podrían haber presentado los protocolos de Sumar para detectar y actuar contra eventuales casos de agresión o acoso sexual.

Lo cierto es que nada parece haberse movido hasta que la periodista Cristina Fallarás hizo públicos en su cuenta de Instagram una serie de testimonios que multitud de usuarios en las redes sociales vincularon con Errejón. El apoyo a las víctimas después de que se hayan ido conociendo algunos detalles y, especialmente, la denuncia de Mouliaá ha sido prácticamente unánime. Pero eso no siempre fue así.

El de Errejón es un caso difícil de comparar a otros similares en España por la gran relevancia mediática de su protagonista. Si acaso, en términos de magnitud, se podría asimilar al caso Nevenka. Ismael Álvarez, que fue alcalde de Ponferrada por el Partido Popular (PP) fue denunciado por Nevenka Fernández, concejala de Hacienda en el mismo ayuntamiento y mucho más joven que él, por acoso sexual. Se convirtió, a la postre, en la primera mujer en ganar un juicio por ese delito contra un político.

Sin embargo, la reacción social tras la denuncia de Nevenka Fernández fue muy distinta a la que se está produciendo en las últimas con las presuntas víctimas de violencia machista por parte de Errejón. A Fernández se la acusó de mentir, se hizo de menos su versión y tuvo que ver cómo gran parte de la sociedad respaldaba al alcalde. Es una tesitura muy distinta a la de este 2024.

Otros casos sonados de la política española son los de Carlos Flores Juberías (Vox), Juan Luis Cepa (PSOE), Juan Carlos Fernández (PP), Ángel Hernández (PSOE), Javier Liso (Vox), Miguel Ángel Bustamante (Izquierda Unida), Pere Nolasc (ERC) o Pablo Soto (Más Madrid), entre otros. Todos ellos dimitieron, fueron forzados a ello o, directamente, los expulsaron de sus respectivas formaciones. 

En el caso de Bustamante, que también tuvo alcance nacional al tratarse de un diputado del Congreso, todavía escuece en las filas de Izquierda Unida, partido al que no le tembló el pulso para expulsarlo al conocerse que la mujer del político lo había denunciado por maltrato habitual. Acto seguido, Bustamante renunció a su escaño, aunque se sigue declarando inocente. Es un escándalo que tuvo lugar en 2022. Tres años antes, en 2019, Más Madrid expulsaba a Pablo Soto tras una acusación de acoso sexual. A quien no se expulsó del partido fue a Carlos Flores Juberías, de Vox. El actual diputado de la formación de extrema derecha recibió una condena por violencia psíquica habitual y más de una veintena de faltas de coacciones e injurias vertidas contra su expareja.

Hace mucho menos tiempo, este mismo año, el ya exconcejal de Rivadavia por el Partido Popular Juan Carlos Fernández fue detenido por amenazar y zarandear a su pareja en la calle. Poco tiempo después, su formación anunció que renunciaba a todos sus cargos. Algo parecido ocurrió con Javier Liso cuando era concejal en Badajoz por Vox. Su partido le exigió renunciar a su acta de concejal tras una denuncia por amenazas. Juan Luis Cepa, que fue portavoz de Agricultura y Ganadería del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León y procurador de Salamanca, se vio obligado a dimitir por verse envuelto en en caso de abuso de menores. Son casos que, debido a la menor relevancia política de sus protagonistas, tuvieron un impacto mediático mucho menor que el de Errejón.

En España, desde que se aprobó la Ley de Paridad y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de junio de este mismo año, es obligatorio que las organizaciones políticas tengan un protocolo para actuar ante "la violencia machista que ejerzan, dentro o fuera de la organización, afiliados o bien personas que sin estar afiliadas tengan un cargo de representación o hayan sido designadas para una función específica". La mayoría de partidos, según ha podido comprobar Público, lo tienen, aunque no todos.

Lo que revelan los funerales de Berlusconi o Bush

Si hay un dirigente político, en este caso más allá del Estado español, que ha destacado por escándalos sexuales es el italiano Silvio Berlusconi, presidente de la República Italiana en dos etapas (2001-2006 y 2008-2011) y propietario del club de fútbol AC Milán entre 1986 y 2017. Llegó a recibir una condena por pagar los servicios sexuales de una prostituta menor de edad, aunque tuvo que hacer frente a más de treinta juicios por varios delitos. Lo cierto es que, pese a todo, conservó la admiración de gran parte de la sociedad italiana hasta el punto de recibir un multitudinario funeral de Estado.

Es un caso similar en el fondo, aunque no en la forma, al de George H. W. Bush, al que varias mujeres denunciaron por acoso sexual. También en su caso, Estados Unidos le rindió homenaje con un solemne funeral de Estado. Ambos líderes pudieron desarrollar largas carreras políticas al frente de dos grandes potencias mundiales sin que su trayectoria se viera condicionada por las denuncias por violencia machista.

En la actualidad, otro líder internacional, Evo Morales, está recibiendo acusaciones de violencia sexual y, en particular, a una menor. Varios medios, como El País, se han hecho eco ya de la omertá que se genera alrededor de ese tipo de casos.

Donald Trump, por su parte, está condenado a pagar mas de 80 millones de dólares por abusar sexualmente de una mujer y, sin embargo, podría volverse a convertir en presidente de Estados Unidos el 5 de noviembre. Muy distinto es el caso del francés Dominique Strauss-Kahn, que pasó de ser presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y gran esperanza del Partido Socialista a abandonar la política tras ser acusado de agredir sexualmente a una limpiadora de hotel en Nueva York.

La forma que tiene la sociedad de recibir, todavía hoy, unos casos y otros de violencia machista es distinta y depende de múltiples factores. Algunos de ellos son, por su puesto, el grado de avance de cada uno de los países en términos de feminismo, la relevancia pública del personaje, la propia naturaleza del caso concreto, la cantidad de acusaciones y denuncias o el apoyo mediático a los acusados.