Tras el intenso calendario electoral en el País Valenciano, Alicante ha pasado a convertirse repentinamente en el centro de todos los halagos políticos. Los guiños por parte de las fuerzas del Botànic II no han dejado de intensificarse. Al elevado número de consellers procedentes de la demarcación (cinco de doce), se suma la estratégica firma del acuerdo de gobierno autonómico en el emblemático Castell de Santa Bárbara de la ciudad de Alicante –una operación con alto simbolismo político– y el nada desdeñable compromiso de establecer en la misma la sede de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que comandará la ilicitana Carolina Pascual Villalobos, referente en la defensa de la visibilización de la mujer en al ámbito tecnológico.

No es para menos. Mimar Alicante ha pasado a ser uno de los objetivos primordiales de la Generalitat, ya no solo por la atávica percepción de desconexión respecto al País Valenciano que históricamente han referido los alicantinos, sino también por la dificultad creciente de las fuerzas del Botànic de consolidar sus marcas en tierras meridionales. El mapa electoral que surge tras los comicios estatales, autonómicos, municipales y europeos, en términos globales, dibuja un escenario provincial en que el Partido Popular recupera posiciones mientras la izquierda pierde plazas importantes y referencialidad. Un comportamiento electoral, el de la demarcación de Alicante, que se singulariza en cierto modo respecto a la realidad en otras latitudes del territorio valenciano.

De las tres capitales de provincia, Alicante es la única que contará con un alcalde popular, Luis Barcala, que suma a sus nueve escaños el apoyo de los cinco de Ciudadanos en el consistorio, después de que estos últimos desoyeran la propuesta del PSPV para gobernar la ciudad y la Diputación. El dirigente popular, de hecho, ya ostentaba la vara de mando del Ayuntamiento, con la que se hizo en 2018 tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri por su imputación judicial en presuntos delitos administrativos, lo que significó el fin del gobierno tripartito del PSPV, Guanyar Alacant y Compromís, que en 2015 sí fueron capaces de sumar. El cambio, por cierto, fue posible gracias a la oposición de la tránsfuga de Guanyar, Nerea Belmonte, que impidió la mayoría necesaria para revalidar el gobierno progresista municipal.

El hecho de que el Partido Popular gane, cuatro años después, aglomeraciones urbanas como Alicante o Torrevieja, a las que hay que añadir las ya conquistadas Benidorm o Orihuela (cabe precisar, con todo, que ciudades como Elx o Crevillent se erigen en excepciones de gobierno popular), ha ayudado a incrementar su poder territorial en la demarcación, unido todo ello a la sangría de votos experimentada por formaciones como Compromís o Podem-EUPV. No en vano, será el popular Carlos Mazón, número dos en la lista al Ayuntamiento de Alicante y de la órbita de Barcala, quien presidirá la tan ansiada Diputación provincial, gracias de nuevo a un acuerdo con Ciudadanos. La corporación provincial se convierte de facto en contrapeso institucional a las políticas del Botànic.

La derecha vuelve a asomar por el sur

Suele decirse en el ámbito del análisis político, con bastante acierto en ocasiones, que la historia tiende a repetirse. Es lo que podría proclamarse a día de hoy a propósito de la existencia de una especie de cantón alicantino que cuestiona las dinámicas e inercias autonómicas, amenazando la actual mayoría de izquierdas en el País Valenciano. Es imposible no trazar un cierto paralelismo con el momento histórico de 1991, cuando el entonces desconocido Eduardo Zaplana fue investido alcalde de Benidorm gracias al voto de una tránsfuga del PSPV en esta localidad de la Marina Baixa. Desde entonces, el de Cartagena se lanzó a la conquista de una autonomía eminentemente socialista desde los años ochenta, consiguiendo en 1995 ganar las elecciones autonómicas por mayoría simple y desbancando a Joan Lerma de la Presidencia de la Generalitat al firmar el pacte del pollastre con la Unió Valenciana de Vicent González Lizondo.

Casi veinte años después de aquella hazaña, habiendo vivido constantes enfrentamientos internos entre campsistas y zaplanistas y con el expresident investigado por el caso Erial, vuelven a surgir voces desde el sur del país clamando por la "reconquista" de la Generalitat. Para empezar, el bastión popular en Alicante pone en evidencia la figura de Isabel Bonig, actual líder del partido a nivel autonómico. Los pésimos resultados electorales del pasado 28 de abril, que han hecho perder al Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) la condición de primer partido en votos y escaños, vuelve a situar las espadas en alto en la estructura orgánica de la formación.

A pesar de que Bonig cuenta con una alicantina como mano derecha, la oriolana Eva Ortiz, lo cierto es que los cuadros del PP alicantino, ajenos a la dirección del partido a nivel autonómico, ha quedado revestida de una renovada legitimidad dentro del partido. La tradicional batalla entre campsistas y zaplanistas vuelve a reavivarse más aún con la reciente dimisión de José Císcar como secretario del partido en la provincia de Alicante, que deja a Bonig sin un destacado aliado en el sur y a merced de posibles tentativas golpistas del sector zaplanista.

La fortaleza popular en Alicante, de hecho, tal como el periodista Francesc Arabí pone de manifiesto en su obra Ciudadano Zaplana, se nutre esencialmente de elementos provenientes del zaplanismo irredento que, en esta ocasión, ha contado con el inestimable apoyo de Ciudadanos a la hora de configurar gobiernos. La formación naranja, siguiendo a Arabí, aloja en su seno destacados miembros del zaplanismo que vieron truncada su carrera política con el ascenso de Camps y que, debido a ello, no dudaron en pasar a engrosar las filas del partido de Albert Rivera. Es el caso, entre otros, de Emilio Argüeso, actual diputado en Corts Valencianes por Ciudadanos que formó parte en su día de la ejecutiva local del Partido Popular en Elx, o de Fernando Mut, antiguo presidente de la formación popular en Gandía, también al frente de Societat Civil Valenciana.

La línea Biar-Busot y el País Alicantino

Independientemente de las disputas intrapartidistas, parece razonable preguntarse por las causas históricas de la particularidad alicantina en el contexto del País Valenciano. Se habla a menudo de una frontera sociológica entre lo propiamente alicantino y lo valenciano, representada por la línea Biar-Busot. Fue éste precisamente el límite territorial y jurídico del primer Reino de Valencia, una empresa de reconquista cristiana catalano-aragonesa liderada militarmente por Jaume I de Aragón, que acabó de consumarse hacia el 1238. Posteriormente, a partir de 1243 y de la mano de Jaume II el Just, el primigenio reino consiguió extenderse hacia el sur a costa de Castilla, que por aquel entonces controlaba el Reino de Murcia. Las disputas territoriales entre Aragón y Castilla desembocaron en la firma del Tractat d’Almizra en 1244, que estipuló que las tierras al sur de la línea Biar-Busot quedaban reservadas a Castilla; no obstante, las sentencias arbitrales de Torrelles (1304) y de Elx (1305) acabaron de decidir la suerte de los territorios más septentrionales de Murcia en favor del Reino de Valencia.

La división provincial de España acometida por Javier de Burgos en 1833, tal como sucedió en otros puntos de la península, inspiró la identidad alicantina, que se vio además reforzada con la creación de la Diputación Provincial de Alicante. Este hecho histórico cobra enorme trascendencia, pues explica el surgimiento de un cantonalismo alicantino activo especialmente durante los años de la Transición. En efecto, será en el contexto de la formación del Estado de las Autonomías, en pleno debate sobre el modelo territorial del estado, donde el alicantinismo, que hasta entonces puede considerarse un mero valor identitario, se reencarna en opción política. Aunque la provincia de Alicante fue incorporada desde el primer momento al proyecto autonómico valenciano, no faltaron voces de algunos intelectuales, como la del ya fallecido filósofo Vicente Ramos, que defendieron la creación de una comunidad del Sureste español integrada por Alicante, Albacete, Murcia y Almería. La idea del surestismo, cabe precisar, estuvo atravesada por intereses anticatalanistas y antivalencianistas, si bien no consiguió su propósito de dejar Alicante al margen del territorio valenciano.

A partir de los años ochenta, con la autonomía valenciana reconocida en su Estatut de 1982, el alicantinismo asume múltiples formas de reivindicación política: desde propuestas en favor de la creación de una comunidad uniprovincial al margen de la valenciana hasta la creación de un cantón independiente en el marco de la Comunitat Valenciana. Diversas formaciones políticas, como ahora Els Verds del País Alacantí o Unitat Alacantina, defendieron el regionalismo alicantino, en muchas ocasiones vehiculado como un particularismo antivalenciano. Es remarcable el caso del Partit Cantonalista del País Alacantí (ALICANTON) que, aunque minoritario, consiguió más de cuatro mil votos en las elecciones a Corts Valencianes en 1991, y que popularizó entre sus seguidores la célebre consigna “Puta València, Alacant independència”. Con muchos de estos micropartidos desaparecidos del mapa electoral, el alicantinismo a día de hoy se limita a ser una tímida propuesta incardinada en los programas políticos de las grandes formaciones.

¿Valencianocentrismo y falta de inversiones?

A pesar de lo exótico de las propuestas alicantinistas, lo cierto es que existe un consenso generalizado en entender el cantonalismo meridional como una respuesta en términos regionalistas y economicistas al centralismo que irradia de la ciudad de València, proveniente en todo caso de las élites de la ciudad de Alicante (y no de la provincia). Así lo ratifica Aquil-les Rubio, miembro del Casal Tio Cuc de Alicante, que en absoluto cree que ese particularismo lo marque la línea Biar-Busot sino, en todo caso, la capitalidad de Alicante: “Se trata de una desafección urbana hacia la vertebración del País Valenciano y se enmarca, por una parte, en una rivalidad con València y, por otra, en su vinculación histórica en términos económicos con Madrid. Esa desafección no existe de una manera tan profunda en Elx, la segunda gran ciudad del sur. Tampoco en Petrer, Elda, Santa Pola o La Vila Joiosa”. Rubio ve en el alicantinismo un elemento de fácil recurrencia que se ha modulado según los intereses del período histórico.

En la misma línea se expresa la periodista alicantina Rosa Solbes al ser consultada sobre la cuestión, quien no duda que el alicantinismo se utilizó en la misma medida que en València fue utilizado el blaverismo para socavar el nacionalismo o las propuestas vertebradoras que podía representar cierta izquierda. Solbes cree detectar en la ciudad de Alicante una actitud a veces hostil hacia València debido a un sentimiento de discriminación de “hermano pequeño” que ejerce la metrópolis. “Estos gestos simbólicos del Gobierno valenciano son actitudes momentáneas para acallar algunas voces o la propia conciencia de un centralismo valenciano que es inevitable”, sostiene.

Sobre estos pasos dados por el Consell, Rubio también cree que la solución real va más allá de simbolismos cosméticos. El activista imputa la desvertebración a las barreras físicas y a la falta de movilidad que suponen unos servicios de transporte públicos obsoletos y poco eficientes. En este sentido, Rubio considera indispensable acabar con los muros ferroviarios que impiden la comunicación con el resto del territorio y una mejora de ese mismo transporte (actualmente hay tramos sin electrificar). “No puede ser que nos llegue el AVE que nos comunica con Madrid y que tardemos infinidad de tiempo en ir a algunas ciudades de dentro de la misma provincia”, dice. La reversión de la concesión privada de la AP-7, así como la reversión a gestión pública de los hospitales de Elx, Torrevieja y Dénia, son otros de los deberes pendientes.

Si existe un caso especialmente ilustrativo de esta percepción de lejanía respecto a València, ese se da sin duda en la Vega Baja, comarca castellanohablante limítrofe con la región de Murcia. El secretario general de Podem en el País Valenciano, Antonio Estañ, precisamente oriundo de este histórico territorio, ya no solo refiere el tema en términos de desvertebración, sino que además introduce un nuevo elemento: la barrera geográfica y cultural con los signos identitarios valencianos: “Se viene de un largo agravio y desigualdad del valenciano, del que mucha gente en el sur no es consciente porque no le ha implicado nada en su vida cotidiana, pero también ser valenciano se vive de otras formas igualmente válidas”. Ser de la Vega Baja, concluye, debe significar una visión de ser un valenciano más: “Si decretos como el del plurilingüismo, por ejemplo, no van acompañados de una cierta sensación de que te incluyen, por mucho que objetivamente y pedagógicamente sean buenos, serán vistos como agravio”. Las fuerzas del Botànic tienen ante sí el reto de revertir esta situación y conseguir de una vez por todas hacer buena la consigna de que Alacant és important.