El Pazo de Meirás, actualmente en manos de la familia Franco, será patrimonio público. Así lo refleja el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, que señala que el emblemático edificio será recuperado inmediatamente y se compromete, además, a realizar una auditoria de "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares". 

Esta medida es la principal novedad de las propuestas relativas a Memoria Democrática que aparece en el programa de Gobierno pactado entre ambas formaciones. Pero no es la única. El nuevo Gobierno también se compromete a estudiar "las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo". O, lo que es lo mismo, se compromete a estudiar si puede retirar las bonificaciones a conocidos torturadores como el expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. 

Asimismo, el acuerdo también se hace eco de otras iniciativas que bien socialistas o bien la formación morada habían defendido en los últimos tiempos. Así, el Estado se hará cargo de las exhumaciones de víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes (hasta la fecha la actual Ley de Memoria recoge la posibilidad de otorgar subvenciones a asociaciones que quieren exhumar); se anularán las condenas y sentencias de los tribunales represores franquistas, se declarará el 31 de octubre como día de recuerdo víctimas del franquismo (en conmemoración de la probación de la Constitución en Congreso y de Senado en el 78 y votación de Ley de Memoria en 2007)  y el 8 de mayo como día de reconocimiento a las víctimas del exilio.

Por último, cabe destacar que el acuerdo menciona la retirada de simbología franquista y la prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público. En este sentido, cabe destacar que el citado acuerdo no hace mención alguna a la posibilidad, señalada por el PSOE, de establecer multas o sanciones en caso de exaltación de la dictadura o de los crímenes franquistas. 

Sin mención a la Justicia, al Valle o la Comisión de Memoria

En el acuerdo PSOE-Podemos en Memoria recoge muchas de las propuestas comunes en materia de Memoria Democrática de las dos formaciones, pero también deja algunas ausencias destacadas respecto al programa con el que concurrieron a las pasadas elecciones o incluso a sus respectivas propuestas de reforma de la Ley de Memoria.

En este sentido, el acuerdo no hace ninguna referencia a la Justicia, hasta ahora un pilar en los programas y políticas de Memoria de Unidas Podemos y una línea roja para el PSOE. Así, el acuerdo no recoge la propuesta de Unidas Podemos para modificar la Ley de Amnistía de 1977 y que esta deje de ser un impedimento para llevar a los tribunales a los responsables de la dictadura que continúen con vida, tal y como nos había señalado la ONU.

Así, el programa de Podemos para noviembre de 2019 hablaba de "llevar a los responsables ante los tribunales" y de "juzgar los crímenes del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional —que se incumple ahora en España—. 

También han quedado fuera de este acuerdo la transformación del Valle de los Caídos en un espacio de Memoria Democrática y algunas de las propuestas del PSOE de los últimos años. Así, no hay mención alguna a la creación de una Comisión de la Verdad, de un banco público de ADN, de un censo nacional de víctimas o de acceso a los archivos estatales que se siguen cerrados.