Durante la semana previa a la manifestación para reclamar una financiación justa para el País Valencià, varios organismos han aprovechado el interés mediático para aproximarse a la cuestión. Uno ha sido el Instituto Valenciano de Estudios Económicos (IVIE), que ha cifrado en 30.000 millones la deuda generada por la infrafinanciación. Es la parte que tendría que ser condonada por el estado español, si nos atenemos a las declaraciones en sede parlamentaria de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hará poco más de un mes. El otro es el barómetro de la Dirección General de Análisis y Políticas Públicas de la Generalitat, que hace pocos días publicaba una encuesta sobre las principales preocupaciones de los valencianos. La financiación aparecía en último lugar junto con la falta de ayudas a empresas y autónomos, y citado solo por el 1,2% de los encuestados.

¿Preocupa a los valencianos la situación de infrafinanciación de su administración autonómica? Ana Garcia, secretaria general de CCOO-PV asegura que sí, puesto que hay "varios termómetros" para captar los intereses de la sociedad. "En la encuesta aparecen el paro, la sanidad o la situación económica como principales preocupaciones de los valencianos, y la ciudadanía tiene que saber que la infrafinanciación explica estas carencias –continúa Garcia–, puesto que sin una buena financiación no se puede resolver la situación de Cercanías, ni hacer planes de ocupación, ni políticas para combatir la pobreza o encarar el cambio de modelo productivo. Hay que hacer pedagogía y explicar que lo que pedimos es tener las mismas opciones que las otras comunidades autónomas".

CCOO-PV forma parte de la Plataforma per un Finançament Just, conformada por todos los partidos parlamentarios excepto Vox, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV). Esta entidad es la convocante de las manifestaciones de sábado a las 6 de la tarde en Alacant, Castelló y València y que pretenden representar el clamor de la sociedad valenciana contra una discriminación que se alarga desde tiempos inmemoriales sin que, fina al momento, ningún gobierno español haya puesto sobre la mesa una propuesta de resolución estructural y definitiva.

¿Ventana de oportunidad?

El profesor de comunicación política, Guillermo López, destaca que hay una serie de factores políticos que pueden servir de aliciente a Pedro Sánchez para encarar la cuestión y avanzar un paso más en la descentralización: "El PSOE actual tiene motivos de sobra para dar Madrid por perdido y mirar más hacia las periferias, donde tiene las opciones para ganar y, además, hay sus únicos aliados posibles –descontando una gran coalición con el PP-, una vez ha desaparecido Ciudadanos. En este contexto, a Pedro Sánchez le conviene cuidar sus votantes y aumentar el porcentaje de los presupuestos generales que van hacia las autonomías, puesto que el melón de las haciendas forales ni el melón de la excepción madrileña, no se abrirán nunca".

Precisamente, este aumento del porcentaje de fondos gestionados desde las comunidades autónomas es la principal reivindicación del conseller de Hacienda, Vicent Soler, para quién es una cuestión de justicia: "Si las autonomías gestionamos el grosor del estado del bienestar, es lógico que dispongamos de los fondos para hacerlo". También la Plataforma por un Finançament Just apuesta por un modelo más descentralizado "que no perjudique a otras autonomías, sino que aumente los fondos de las cuales estas pueden disponer".

Pero ¿cómo se combina estas reivindicaciones autonomistas con las tendencias recentralitzadoras de los últimos años? "No podemos olvidar que el PSOE es Estado y, como tal, tiene también sus tics centralistas, el estado tiene tendencia a querer controlar más presupuesto, no menos. Pero las cuentas electorales son los que son, y esto al final pesa mucho", insiste López, quienes tiene una sensación de "mar de fondo" ante el "modelo agresivo planteado por Ayuso, donde solo existe Madrid". Además, este analista político apunta otro argumento: "El fracaso de la gestión hipercentalitzada de la pandemia, que dió paso a otra de autonómica que ha demostrado ser mucho más eficiente. Punto lógico teniendo en cuenta que son las administraciones que hace décadas que gestionan estos temas sobre el terreno".

Quien no es tan optimista es Toni Infante, portavoz de Crida pel Finançament, una plataforma minoritaria integrada por organizaciones como por ejemplo Intersindical Valenciana o la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. "El problema tiene cuatro patas, la infrafinanciación propiamente dicha, una menor inversión pública que, de media, es un 19% inferior a lo que tocaría, la deuda ilegítima acumulada y que los Presupuestos Generales del Estado no reconocen el factor de población a la hora de repartirse. Y a nosotros nos da mucho miedo que desde los partidos políticos se busque una solución de compromiso que no acabe con el problema, sino que sea un parche que les permita apuntarse una victoria y, al estado español cerrar el tema sin necesidad de reformas importantes".

La propuesta de la Crida pel Finançament es lo que denominan "obtener las llaves de la caja", o sea una hacienda propia que gestione todos los impuestos recaudados al País Valencià, de forma similar a cómo lo hacen País Vasco o Navarra.