Decenas de miles de personas se han manifestado en Bilbao (20.000 según la policía municipal) para reclamar que a los presos de ETA se les aplique la "ley penitencia ordinaria y se ponga fin a todas las medidas de excepción", tras reconocer que "la dispersión está llegando a su fin".

La convocatoria que cada año hace la red de apoyo a los presos de ETA Sare tenía en esta ocasión un significado especial porque ha servido para sacar a la calle su nuevo logotipo diseñado para "la nueva etapa" que inicia ese movimiento, y ha contado con la asistencia de políticos de EH Bildu como Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez, y de ERC como Joan Tarda y Carme Forcadell, además de miembros de los sindicatos ELA y LAB, entre otros.

Desde Sare han valorado que, "a pesar del viento y la lluvia, los vascos no hayan faltado a la cita" para reclamar los derechos de los presos, en una manifestación la encabezaban familiares de los reclusos en la que se ha coreado únicamente el lema "euskal presoak, etxera" (presos vascos a casa).

"Esta es la expresión de una parte importante de la sociedad vasca que pide el fin de la vulneración de derechos" de las personas presas, ha dicho el representante de ese colectivo Joseba Azkarraga, que ha reprochado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "bloquee" medidas aprobadas por la administración penitenciaria vasca para algunos de los reclusos de la organización terrorista, como permisos y progresiones de grado.

Tras más de 30 años, la política penitenciaria de alejamiento de Euskal Herria de los presos de ETA "está llegando a su fin pero queda aún un largo camino por recorrer para traerlos a casa" y eso será "cuando los jueces y los fiscales dejen de retorcer las leyes" y que "la venganza y el odio se destierren para siempre y se utilice la ley para posibilitar la convivencia en este país", ha concluido.

Sare también ha denunciado que aún se apliquen leyes "que posibilitan el cumplimiento de hasta 40 años de prisión efectiva, que es tanto como decir una cadena perpetua encubierta o el no cómputo de penas de prisión cumplidas en cárceles francesas".

Según los cálculos de esa organización, "con la aplicación de la política penitenciaria ordinaria, el 64% de estos presos", en concreto 110, "podrían estar en semilibertad o incluso en libertad condicional".