Desde 1992 en México han sido asesinados, al menos, 38 periodistas, según el Comité para la Protección de estos compañeros/as. El pasado domingo, y tras 27 años de vida, cerraba uno de los seis diarios locales de Ciudad Juárez (Chihuahua, México), el diario Norte de Ciudad Juárez. Cerraba, escribió su editor, Óscar Cantú, en una última carta de despedida ese 2 de abril, porque los dueños del periódico no podían "garantizar la seguridad" de sus periodistas.

"Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si éste es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores", explica Cantú, que días atrás confirmaba el asesinato de una de sus periodistas, Miroslava Breach, a quien mataron el 23 de marzo, seguramente por hacer periodismo.

La noticia del asesinato de Breach en una de las ciudades más violentas de América apenas tuvo repercusión en España, probablemente, y entre otras cosas, porque el homicidio no se ejecutó en Venezuela. Además, ¿a quién importa una periodista entre los cerca de 66.000 asesinados/as brutalmente en México en el periodo presidencial de Peña Nieto?

Los datos aquí expuesto son oficiales (del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), pero a tenor de las fosas y fosas con cadáveres que aparecen cada día en los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Baja California o Morelos, por citar sólo aquéllos donde la tasa de criminalidad se ha elevado del 60 al 421% en cuatro años, cabe suponer que la realidad es mucho más sangrienta. ¿Y quién la cuenta si los periodistas no lo hacen por muertos o por silenciados? Los gobiernos, los poderes económicos, políticos, religiosos, institucionales... La oscuridad.

Quería incluir este reconocimiento y admiración a los/as compañeros mexicanos, aun con el pudor que me produce hablar de lo nuestro a continuación de lo suyo, horas antes del inicio de la comparecencia del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero no se me ocurría mejor cita ni relato ni anécdota capaz de ilustrar todo lo que implica este oficio que la heroicidad de ejercerlo en muchas zonas de México. Allí, como cuenta Don Wislow en El cártel, los periodistas de Ciudad Juárez que no claudican ante el chantaje de la narcopolítica (el poder) son torturados hasta el límite vital, asesinados y abandonados con sus herramientas de trabajo —los dedos de la mano— amputadas y metidas en la boca. ¿Se les ocurre una imagen más despiadada para sentenciar el fin del periodismo?

Este miércoles, en el Congreso de los Diputados, se inicia la comisión de investigación sobre la presunta intención y ejecución de una operación del Gobierno contra adversarios políticos, entre otros y como ha probado Público con una intensa actividad de investigación de Patricia López y Carlos Enrique Bayo, los independentistas catalanes y Podemos.

Tenemos desde hace unas horas la petición oficial de las grabaciones, documentos, mensajes telefónicos, correos electrónicos,... por parte de la comisión. La Fiscalía dispone de las grabaciones desde el verano pasado y también en las últimas horas, decidió llevarlas al Congreso, pese a no haberlas analizado e investigado, como es su obligación. Antes de decir a la Cámara Baja que Público entregará todo el material que se le solicite y que no comprometa el secreto de las fuentes y las investigaciones y trabajos en curso, hemos querido hacer partícipes a nuestros lectores de esa información y hemos puesto a su disposición los audios íntegros de las conversaciones entre Jorge Fernández Díaz y el magistrado Daniel de Alfonso en el despacho del máximo responsable del Ministerio del Interior.

La comisión parlamentaria que pretende diseccionar las informaciones de Público en el Congreso es un ejemplo tan claro como el de la violencia en México —aunque, sobra decirlo, sin asomo de heroicidad o mérito— de la necesidad de un periodismo honesto y riguroso, alejado completamente de cualquier interés empresarial, político, institucional, partidista y/o de sistema. Los periodistas que firman las informaciones ahora en manos de los/as diputados y nuestros lectores, Patricia y Carlos Enrique, han sido amenazados por altos mandos policiales que viven del dinero de usted, de ellos y el mío; sus informaciones ignoradas en otros medios y despreciadas en función del interés corporativista, de negocio y, en todo caso, deshonesto por lo alambicado de la penetración de esta mafia que opera al margen del Estado, con su complicidad demostrada —que no juzgada— en muchos, demasiados casos, desde la Transición.

A mí no me gusta lo de "trama", ni lo de "casta", ni lo de "brigada" o "cloaca". Me gusta lo de mafia de toda la vida (en la RAE, "grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos") por su componente de indiferencia y ruindad con el dinero público, utilizado sin pudor en operaciones criminales de todo tipo (extorsiones, chantajes, fabricación de pruebas, viajes sin registro a paraísos fiscales, amenazas, coacciones...), en un momento, además, donde la gente se muere sin electricidad y los niños sufren la pobreza de sus padres a niveles insorportables en un país que se dice "desarrollado".

Ni en España ni en Público nos matan por hacer periodismo, como en México; somos unos privilegiados y, por esos colegas muertos, podemos y debemos defendernos con uñas, dientes, lápices y mucha independencia de los responsables de esta mafia zafia y rastrera que vamos destapando; ese grupo que mataría a la democracia misma para continuar con su oscuro negocio si dejáramos de hacer lo que hacemos. Seguimos.